El Defensor del Pueblo denuncia m¨²ltiples anomal¨ªas en la aplicaci¨®n de la Ley del Menor

Falta personal y medios para cumplir con lo que establece la Ley del Menor. Veinte meses despu¨¦s de su entrada en vigor, el Defensor del Pueblo valora la norma, pero considera necesario 'asignar los recursos humanos y financieros que sean precisos para poner en pr¨¢ctica en toda su intensidad los instrumentos que la ley contempla'. La falta de juzgados de menores y del personal necesario para que funcionen correctamente, la falta de seguridad en los centros de internamiento y el incumplimiento de la ley en dependencias policiales son las principales cr¨ªticas de la instituci¨®n que rige Enrique M¨²gica.

En un documento de 577 p¨¢ginas, el Defensor analiza el funcionamiento que ha tenido la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores -conocida como Ley del Menor- en su primer a?o de vigencia. El documento analiza el cumplimiento que en cada una de las 17 comunidades aut¨®nomas se ha dado a las prescripciones de la ley desde que entr¨® en vigor el 13 de enero de 2001.

Antes de esa fecha varios gobiernos regionales denunciaron graves carencias materiales y de personal para cumplir con los objetivos de la nueva ley -dar alternativas educativas a los j¨®venes delincuentes fuera del sistema penal para adultos-. A esas cr¨ªticas se sum¨® meses despu¨¦s el Consejo General del Poder Judicial. Un a?o y 10 meses despu¨¦s, el Defensor del Pueblo coincide con ellos.

Faltan jueces y juzgados. El informe considera necesaria la creaci¨®n de nuevos juzgados en las ciudades en las que el n¨²mero de delitos cometidos por menores es mayor (Zaragoza, Madrid, Bilbao, Valencia, Murcia, Las Palmas, M¨¢laga y Barcelona) 'para adaptar las cargas de trabajo que est¨¢n soportando los ¨®rganos judiciales de menores de las citadas ciudades'. El Defensor recomienda tambi¨¦n la progresiva implantaci¨®n en todo el pa¨ªs de juzgados exclusivos para los j¨®venes hasta contar al menos con un Juzgado de Menores por provincia. Seg¨²n el informe, los titulares de esos juzgados deben estar especializados, por lo que, seg¨²n el texto 'es imprescindible la convocatoria de cursos para la especializaci¨®n de jueces de menores'. El Defensor denuncia que en la actualidad existen 35 jueces especialistas en adolescentes que no desempe?an su trabajo en juzgados de esa naturaleza.

Faltan fiscales y personal auxiliar en los juzgados. 'La mayor¨ªa de las secciones de menores [de las Audiencias Provinciales] no cuenta con un n¨²mero suficiente de fiscales para desarrollar el trabajo que les corresponde de forma correcta', contin¨²a el Defensor, que solicita al igual que para los jueces, que se incrementen los cursos de especializaci¨®n de fiscales de menores. Seg¨²n el informe, los tribunales 'deber¨ªan dotarse con equipamientos inform¨¢ticos eficaces' as¨ª como de programas que permitan recoger 'todos los aspectos relativos a la ejecuci¨®n de las medidas [sanciones]'.

Falta de personal de los equipos t¨¦cnicos. La ley obliga a que estos equipos de especialistas entreguen en cada caso al fiscal un informe en el que se explique 'la situaci¨®n psicol¨®gica, educativa y familiar del menor, as¨ª como su entorno social' y cualquier otra circunstancia en relaci¨®n con el tipo de sanci¨®n a la que podr¨ªa ser condenado el joven. El Defensor considera 'primordial' ampliar las plantillas de los equipos y su n¨²mero. El informe establece que las comunidades que tengan competencia en la organizaci¨®n de los equipos deben disponer de los medios necesarios para que est¨¦n disponibles en todo momento.

Faltan centros de internamiento. 'Cada comunidad aut¨®noma deber¨¢ contar con un n¨²mero suficiente de centros para evitar que menores con arraigo en una ciudad, se vean obligados a cumplir su medida de internamiento lejos de la misma', recuerda el informe, que hace referencia expresa a la falta de centros para el cumplimiento de internamientos terap¨¦uticos -con programas de desintoxicaci¨®n o tratamiento de enfermedades mentales- en r¨¦gimen cerrado. Para evitar que los j¨®venes tengan que ser trasladados, el Defensor recomienda que en todos los centros se implanten o incrementen los programas de deshabituaci¨®n de drogas. El informe estima necesario reformar las medidas de seguridad debido a las fugas producidas en algunos centros y propone que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan colaborar en esas labores ocasionalmente.

Dependencias policiales. El Defensor denuncia que la mayor¨ªa de las dependencias policiales donde se custodia a menores carecen de los profesionales que les presten 'los cuidados, la asistencia social, psicol¨®gica, m¨¦dica y f¨ªsica' que establece la ley. El informe establece que todas las actuaciones que se realicen con j¨®venes deben realizarse 'sin distintivos que pongan de manifiesto el cuerpo al que pertenecen los intervinientes'. Tambi¨¦n debe evitarse la exhibici¨®n de fotos de menores delincuentes en las investigaciones policiales as¨ª como que las ruedas de reconocimiento se completen con j¨®venes que se encuentren internados.