La mayor¨ªa de las asociaciones de jueces y fiscales apoya al Supremo

Las dos ¨²nicas asociaciones de fiscales acogieron positivamente la decisi¨®n del Supremo. Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Caro, de la Asociaci¨®n de Fiscales, indic¨® que el Gobierno ha entendido incorrectamente el derecho de gracia, ya que ¨¦ste s¨®lo puede perdonar la pena que resta por cumplir, mientras que la pena ya cumplida, como la expulsi¨®n de la carrera judicial, s¨®lo podr¨ªa eliminarse mediante una amnist¨ªa, prohibida por la Constituci¨®n. 'Lo que ha dicho el Tribunal Supremo lo veo muy razonable', declar¨® Mart¨ªn Caro a Servimedia. 'Es aplicar la ley'.

Adri¨¢n Salazar, presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), se congratul¨® de la decisi¨®n del Tribunal Supremo, que 'ha hecho lo que correspond¨ªa' al negarse a dar cumplimiento a un decreto de indulto con el que el Gobierno se extralimit¨® en sus funciones y desnaturaliz¨® el derecho de gracia.

Tras reiterar su confianza en las instituciones del Estado de Derecho, Salazar se mostr¨® convencido de que esta decisi¨®n zanjar¨¢ el asunto y de que no volver¨¢ plantearse la posibilidad de que un juez condenado por prevaricaci¨®n se ponga la toga.

En una l¨ªnea muy similar, Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), se congratul¨® de una decisi¨®n que demuestra que en Espa?a hay separaci¨®n de poderes y, por tanto, independencia judicial.

Comas subray¨® que el Supremo 'no es un servidor de ning¨²n gobierno y est¨¢ sometido s¨®lo al imperio de la ley'. En el caso de G¨®mez de Lia?o, subray¨®, 'el Gobierno ha incumplido la ley, seg¨²n ha establecido el Tribunal Supremo, al pretender indultar una pena que ya estaba cumplida y que, seg¨²n la propia ley de indulto, es un supuesto excluido del derecho de gracia'.

'El Gobierno', agreg¨®, 'se apart¨® del informe del tribunal sentenciador, en el que ya se explicaban las razones legales que imped¨ªan el reintegro en la carrera judicial. El Gobierno pretend¨ªa usurpar las competencias del Consejo General del Poder Judicial', concluy¨®.

Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, portavoz de la asociaci¨®n centrista Francisco de Vitoria, dijo a Efe que la decisi¨®n del Supremo es 'acertada y correcta', ya que 'no es indultable una pena que ya ha sido ejecutada', como la expulsi¨®n de la judicatura.

'Desde la perspectiva meramente jur¨ªdica', m¨¢s all¨¢ de las connotaciones pol¨ªticas y medi¨¢ticas, la decisi¨®n es 'l¨®gica', ya que el decreto de indulto 'conten¨ªa aspectos que chirriaban'.

La conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) fue la ¨²nica que se aline¨® con el Gobierno frente al Tribunal Supremo. Su portavoz, Jos¨¦ Luis Requero, declar¨® a Europa Prees que la decisi¨®n del alto tribunal constituye 'un hecho sin precedentes' que puede generar un conflicto institucional.

En su opini¨®n, el Gobierno tiene constitucionalmente reconocida la potestad de ejercer el derecho de gracia, por lo que 'probablemente [el Supremo] ha invadido un ¨¢mbito de competencia' del Ejecutivo al rechazar el reingreso de G¨®mez de Lia?o en la carrera judicial.

En todo caso, agreg¨®, habr¨¢ 'un antes y un despu¨¦s' de esta decisi¨®n en la forma de concebir el indulto, que pasa a ser 'una facultad del tribunal sentenciador'. Aunque sin descartarlo, el portavoz de la APM consider¨® 'muy complicada' la v¨ªa del conflicto de jurisdicci¨®n y abog¨® por una reforma de la ley de indulto y del C¨®digo Penal para aclarar legalmente la cuesti¨®n.

El juez Joaqu¨ªn Navarro, sujeto a expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial, arremeti¨® contra el Supremo, del que dijo que 'se ha metido en camisa de once varas' y 'ha censurado al Gobierno'.