El fiscal mantiene la acusaci¨®n por estafa en el 'caso Azpiegitura' contra el arquitecto L¨®pez, pese a que la retir¨® en el otro juicio

La primera sesi¨®n de la repeticion del juicio por el caso Azpiegitura -una estafa de 571 millones de pesetas a la Diputaci¨®n de Vizcaya en la cimentaci¨®n de un edificio p¨²blico- se convirti¨® en un alegato de buena parte de los procesados contra la acusaci¨®n particular, en representaci¨®n de la Diputaci¨®n vizca¨ªna, impulsora de la denuncia en 1993, por retirar hace escasos d¨ªas su acusaci¨®n contra cinco imputados sin mediar explicaci¨®n algunas. El Tribunal Supremo orden¨® repetir la vista en 1998 por defectos de forma, pero la Diputaci¨®n no ha remitido su nueva calificaci¨®n provisional hasta el pasado mi¨¦rcoles, que reduce el n¨²mero de acusados y las penas pedidas por los delitos de estafa de manera dr¨¢stica.

Alguno de ellos como el profesor de la Universidad de Cantabria, Jes¨²s Saiz de Ome?aca, acusado por el abogado de la diputaci¨®n de estafa y falsificaci¨®n de documento por dar 'verosimilitud' con sus informes a la estafa, fueron encarcelados varios meses en la fase de instrucci¨®n y su universidad le suspendi¨® de empleo y sueldo durante tres a?os, seg¨²n record¨® ayer su abogada.

La letrada de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, Roberto Idiondo, tambi¨¦n denunci¨® los 'da?os familiares y profesionales' ocasionados a su defendido. Otro de los representantes legales que censuraron con dureza la actuaci¨®n de la Diputaci¨®n de Vizcaya fue F¨¦lix Rojo, el letrado de su colega de profesi¨®n, Javier Mart¨ªnez, o del que fuera diputado foral de Urbanismo, el socialista Juan Llorens, que dimiti¨® de su cargo al ser encausado en abril de 1994 para 'defenderse mejor' y para evitar que este caso erosionar¨¢ a su partido, el PSE, entonces afectado tambi¨¦n por el esc¨¢ndalo de 'enchufismo' en Osakidetza. Rojo aprovech¨® la ocasi¨®n para censurar el 'juicio paralelo al que fueron sometidos en los medios de comunicaci¨®n' los encausados.

La quinta y ¨²ltima imputada que qued¨® ayer sin culpa fue la arquitecto Isabel Diego, colaboradora del acusado Alberto L¨®pez. Todos ellos abandonaron la sala tras la orden de la presidenta, Mar¨ªa Jes¨²s Erroba. La renuncia de HB a mantener la acusaci¨®n popular por motivos econ¨®micos dej¨® libres al ex gobernador civil de Vizcaya y ex consejero de la sociedad foral Azpiegitura, Dani Arranz (PSE), y al tambi¨¦n ex consejero, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa de Juan. Todos los letrados de los implicados que ya no son acusados calificaron la actitud de la Diputaci¨®n vizca¨ªna de 'temeridad' y de 'mala fe procesal' y exigieron del tribunal un pronunciamiento favorable por los da?os ocasionados y que las costas recaigan sobre la Diputaci¨®n.

La expectaci¨®n que levant¨® en octubre de 1996 el caso Azpiegitura, la presunta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputaci¨®n vizca¨ªna, tanto a nivel pol¨ªtico como entre los medios de comunicaci¨®n, no tuvo su reflejo ayer en la primera jornada de la revisi¨®n de la vista. La presi¨®n vivida entonces, tanto pol¨ªtica como medi¨¢tica, se desinfl¨® como un sufl¨¦. Los representantes pol¨ªticos de la Diputaci¨®n foral no acudieron y el letrado de Azpiegitura, Enrique Olaran, a diferencia de la actuaci¨®n beligerante durante la instrucci¨®n del anterior abogado acusador, Fernando Lamikiz , estuvo ayer en todo momento a la defensiva. Olaran argument¨® que la causa para retirar las acusaciones era el cambio del C¨®digo Penal. 'No tenemos la culpa de que se haya modificado el C¨®digo', adujo el abogado de Azpiegitura.

El representante del Ministerio Fiscal mantuvo las acusaciones por estafa contra el constructor vinculado al PNV, I?aki Ere?o, y contra el arquitecto y ex militante socialista, Alberto L¨®pez. Se da la circunstancia de que durante el primer juicio, anulado por el Tribunal Supremo en 1998, la fiscal¨ªa retir¨® todos los cargos para los 12 encausados, salvo en el caso de Ere?o, para quien pidi¨® cuatro a?os y ocho meses de prisi¨®n y el pago de 381 millones a la Diputaci¨®n por los delitos de estafa y falsificaci¨®n documental. En aquella ocasi¨®n, se argument¨® que Alberto L¨®pez 'no actu¨® en connivencia con I?aki Ere?o' para la presunta estafa.

Ahora, el fiscal ha recuperado las peticiones realizadas antes del primer juicio en relaci¨®n con el delito de estafa y solicita para Ere?o seis a?os de prisi¨®n y otros tantos para L¨®pez, mientras que retira los cargos para los otros cinco implicados a los que acusaba.

El tribunal dedic¨® la ¨²ltima parte de la sesi¨®n de ayer a resolver las cuestiones previas expresadas por las partes. Admiti¨® la mayor parte de las pruebas documentales y periciales, pero rechaz¨® la principal solicitud de los letrados de los otros dos acusados, los aparejadores Federico Lorenzo y Tom¨¢s Almenara, de que decayera la acusaci¨®n por estafa dirigida contra ellos al no considerarla 'sorpresiva' como argumentaban las defensas. El juicio sigue hoy.