Un juez baraja prohibir al Colegio de Abogados de ?lava utilizar los datos de sus clientes

El abogado Andr¨¦s Garrido y un grupo de letrados m¨¢s de Vitoria entregaron el jueves un escrito al juez decano en el que solicitan que proh¨ªba taxativamente al Colegio de Abogados, con imposici¨®n de sanciones en caso contrario, la utilizaci¨®n de los datos de sus clientes. El servicio de inspecci¨®n de los bastanteos, que depende del colegio, dispone de un sistema inform¨¢tico para contabilizar el dinero ingresado por ese concepto que permite acceder a informaci¨®n adicional que afecta a los clientes de los letrados.

Los abogados firmantes del documento creen que ese sistema, que permite al colegio disponer de la relaci¨®n de letrados con cada uno de sus clientes y los casos en los que les han representado, atenta contra la Ley de Protecci¨®n de Datos. Por ello piden al juez decano que reconsidere la autorizaci¨®n que dio en su d¨ªa y obligue al colegio a prescindir de ese sistema. Los firmantes creen que cualquier filtraci¨®n o utilizaci¨®n del fichero con sus datos y los de sus clientes para un fin ajeno al estrictamente judicial podr¨¢ dar lugar a responsabilidades penales e indemnizaciones, ya previstas en la ley.

Este nuevo conflicto viene a complicar a¨²n m¨¢s la delicada situaci¨®n de la actual Junta de Gobierno del colegio, cuyos presupuestos fueron rechazados en asamblea el pasado d¨ªa 28 de diciembre. Los miembros de la junta decidieron entonces dimitir, al sentirse censurados. Sin embargo, la Junta de Gobierno del Colegio de Vizcaya, ante una situaci¨®n similar, decidi¨® elaborar unos nuevos presupuestos.

El Colegio de Abogados de ?lava consigue el 30% de sus ingresos gracias a los bastanteos -tasa que se paga por cada escrito presentado al juzgado- y a la cuota complementaria que pagan sus letrados, que se calcula en funci¨®n precisamente de los bastanteos. Los que m¨¢s escritos presentan, menos cuota complementaria pagan, y a la inversa.

El propio Andr¨¦s Garrido remiti¨® el pasado d¨ªa 5 un escrito a la dimisionaria Junta de Gobierno, en la que califica ese sistema de 'completamente ilegal'.