Por un nuevo Pacto de Toledo

Existe bastante confusi¨®n y una cierta complacencia en la sociedad respecto a la situaci¨®n actual del sistema de pensiones. La consecuencia inmediata es que el debate p¨²blico existente sobre la renovaci¨®n del Pacto de Toledo, que ha de establecer las bases futuras del sistema, no est¨¢ siendo lo suficientemente intenso. En ciertos ¨¢mbitos se piensa que el Pacto de Toledo de 1995 y la expansi¨®n econ¨®mica de los ¨²ltimos a?os han resuelto definitivamente el problema. Esta opini¨®n se sustenta en que los ¨²ltimos estudios pronosticaban aumentos del d¨¦ficit del sistema de pensiones, incluso en el corto plazo, que parecen incompatibles con la situaci¨®n actual. Como resultado, tampoco habr¨ªa que preocuparse de las predicciones de estos estudios y sus revisiones posteriores, que muestran que el sistema actual no es sostenible en el medio y largo plazo.

En realidad, esta visi¨®n complaciente es completamente err¨®nea por tres razones: I) el super¨¢vit actual ha sido el resultado de un c¨²mulo de circunstancias que dif¨ªcilmente se van a repetir en el futuro, II) las medidas acordadas en el Pacto de Toledo no han servido para controlar el aumento del gasto en pensiones, y III) la evoluci¨®n del gasto a largo plazo sigue siendo tan preocupante, sino m¨¢s, que hace cinco a?os.

En la actualidad, nuestro sistema de pensiones contributivas presenta un super¨¢vit de ingresos por cotizaciones sobre gastos. Hace cinco a?os, era a la inversa y hab¨ªa razones para pensar que el deterioro aumentar¨ªa. Pero el super¨¢vit actual es un espejismo, ya que es resultado de tres factores: I) un aumento notable del PIB, que ha permitido una reducci¨®n de los gastos como porcentaje de esta variable, II) un descenso de los pensionistas que causan alta en el sistema, como consecuencia del menor recurso a las jubilaciones anticipadas (que disminuyen en las fases expansivas del ciclo econ¨®mico) y del menor tama?o de la generaci¨®n que ahora est¨¢ pr¨®xima a la edad de jubilaci¨®n (que son los nacidos durante la Guerra Civil), y III) el traslado a los Presupuestos del Estado de ciertas partidas (gasto sanitario), que antes se financiaban con cotizaciones sociales. La aparente suficiencia financiera del sistema en la actualidad podr¨ªa incluso aumentar en los pr¨®ximos a?os si los complementos de m¨ªnimos pasan definitivamente a financiarse con cargo a impuestos (lo que aumentar¨ªa el d¨¦ficit del Estado) en vez de con cotizaciones. Pero esto no significa que las necesidades de financiaci¨®n del gasto social, en su conjunto, vayan a disminuir.

Las medidas contempladas en el Pacto de Toledo y plasmadas en el Acuerdo de Consolidaci¨®n de 1996 y en la Ley de Consolidaci¨®n de 1997 han supuesto, si acaso, un aumento modesto del gasto, aunque a largo plazo podr¨ªan implicar una reducci¨®n igualmente peque?a. En lo relativo al super¨¢vit o d¨¦ficit del sistema espa?ol de pensiones contributivas, hay que dejar claro, por tanto, que el Pacto de Toledo ha sido, y ser¨¢ mientras subsista en su formulaci¨®n actual, inocuo. En otros frentes, este Pacto parece haber sido m¨¢s negativo que positivo; no ha conseguido evitar la politizaci¨®n de las pensiones (recu¨¦rdense las pol¨¦micas de 1997, 1998 y 1999), ni ha logrado que las pensiones en vigor crezcan al mismo ritmo que el IPC como establec¨ªa el pacto (en tres de sus cuatro a?os de vigencia han crecido m¨¢s, generando un coste adicional para el sistema durante los pr¨®ximos 15 o 20 a?os). Tampoco ha contribuido a fomentar un debate riguroso e informado sobre las pensiones.

Por lo que se refiere a las perspectivas futuras de ingresos, el peso de las cotizaciones sociales en el PIB se mantendr¨¢ estable, no existiendo margen de maniobra para incrementarlo a menos que se eleven los tipos efectivos medios de las mismas. En cuanto al gasto en pensiones, es necesario tener en cuenta los tres factores que determinan su evoluci¨®n en t¨¦rminos del PIB. El primer factor es el demogr¨¢fico: en la actualidad, la poblaci¨®n mayor de 65 a?os supone cerca del 25% de la poblaci¨®n de 16 a 64 a?os. Incluso si la tasa de fecundidad se recuperara hasta 1,5 hijos por mujer y el n¨²mero de inmigrantes fuera de 100.000 al a?o, la poblaci¨®n mayor de 65 a?os aumentar¨ªa progresiva y continuadamente hasta representar el 56% de la poblaci¨®n en edad de trabajar en 2050. El segundo factor es la tasa de empleo (la poblaci¨®n ocupada en relaci¨®n con la poblaci¨®n de 16 a 64 a?os), que en hoy se sit¨²a cerca del 58%. Incluso si se alcanzara el pleno empleo (por ejemplo, una tasa de empleo del 75%, mayor que la de EE UU y casi 20 puntos superior a la que tiene la econom¨ªa espa?ola hoy), dadas las previsiones demogr¨¢ficas anteriores, habr¨ªa unas 87 pensiones contributivas por cada 100 ocupados, puesto que la relaci¨®n entre el n¨²mero de pensiones y la poblaci¨®n mayor de 65 a?os es de 1,16.

El tercer factor es la relaci¨®n entre la pensi¨®n media y la productividad media que, en la actualidad, es del 17% y que, en ausencia de cambios normativos, y aun con una tasa m¨¢s elevada de crecimiento de la productividad, aumentar¨¢ en el futuro por la entrada de pensionistas con historias de cotizaci¨®n m¨¢s completas. En definitiva, bajo este escenario, el gasto p¨²blico en pensiones contributivas, que hoy supone alrededor del 9%, superar¨ªa ampliamente el 15% del PIB, una cifra que dif¨ªcilmente se puede financiar sin poner en peligro la estabilidad econ¨®mica y social.

A estos sencillos c¨¢lculos se les pueden achacar muchas deficiencias. Pero los que venimos estudiando este problema intensamente durante los ¨²ltimos a?os, todav¨ªa no hemos visto unas estimaciones alternativas (basadas en criterios actuariales o de otro tipo) que nos convenzan de que nuestra preocupaci¨®n por la viabilidad financiera del sistema de pensiones es injustificada. La puesta a disposici¨®n de los analistas de los datos microecon¨®micos, hasta ahora secretos, contribuir¨ªa a profundizar el conocimiento sobre este tema y a zanjar definitivamente buena parte de la pol¨¦mica.

Todos deseamos que las pensiones que los futuros jubilados puedan disfrutar sean lo m¨¢s elevadas posible. Pero ni siguiendo la 'estrategia del avestruz' ni descalificando a los que pretenden contribuir a enriquecer el debate se puede lograr este objetivo. El problema es tan grave que cualquier aportaci¨®n ser¨ªa bienvenida y cuanto m¨¢s y con mejor informaci¨®n se debata, m¨¢s f¨¢cil ser¨¢ para la sociedad espa?ola encontrar una soluci¨®n eficiente y equitativa. Ser¨ªa muy decepcionante que la renovaci¨®n del Pacto de Toledo fuera una nueva oportunidad perdida.Existe bastante confusi¨®n y una cierta complacencia en la sociedad respecto a la situaci¨®n actual del sistema de pensiones. La consecuencia inmediata es que el debate p¨²blico existente sobre la renovaci¨®n del Pacto de Toledo, que ha de establecer las bases futuras del sistema, no est¨¢ siendo lo suficientemente intenso. En ciertos ¨¢mbitos se piensa que el Pacto de Toledo de 1995 y la expansi¨®n econ¨®mica de los ¨²ltimos a?os han resuelto definitivamente el problema. Esta opini¨®n se sustenta en que los ¨²ltimos estudios pronosticaban aumentos del d¨¦ficit del sistema de pensiones, incluso en el corto plazo, que parecen incompatibles con la situaci¨®n actual. Como resultado, tampoco habr¨ªa que preocuparse de las predicciones de estos estudios y sus revisiones posteriores, que muestran que el sistema actual no es sostenible en el medio y largo plazo.

En realidad, esta visi¨®n complaciente es completamente err¨®nea por tres razones: I) el super¨¢vit actual ha sido el resultado de un c¨²mulo de circunstancias que dif¨ªcilmente se van a repetir en el futuro, II) las medidas acordadas en el Pacto de Toledo no han servido para controlar el aumento del gasto en pensiones, y III) la evoluci¨®n del gasto a largo plazo sigue siendo tan preocupante, sino m¨¢s, que hace cinco a?os.

En la actualidad, nuestro sistema de pensiones contributivas presenta un super¨¢vit de ingresos por cotizaciones sobre gastos. Hace cinco a?os, era a la inversa y hab¨ªa razones para pensar que el deterioro aumentar¨ªa. Pero el super¨¢vit actual es un espejismo, ya que es resultado de tres factores: I) un aumento notable del PIB, que ha permitido una reducci¨®n de los gastos como porcentaje de esta variable, II) un descenso de los pensionistas que causan alta en el sistema, como consecuencia del menor recurso a las jubilaciones anticipadas (que disminuyen en las fases expansivas del ciclo econ¨®mico) y del menor tama?o de la generaci¨®n que ahora est¨¢ pr¨®xima a la edad de jubilaci¨®n (que son los nacidos durante la Guerra Civil), y III) el traslado a los Presupuestos del Estado de ciertas partidas (gasto sanitario), que antes se financiaban con cotizaciones sociales. La aparente suficiencia financiera del sistema en la actualidad podr¨ªa incluso aumentar en los pr¨®ximos a?os si los complementos de m¨ªnimos pasan definitivamente a financiarse con cargo a impuestos (lo que aumentar¨ªa el d¨¦ficit del Estado) en vez de con cotizaciones. Pero esto no significa que las necesidades de financiaci¨®n del gasto social, en su conjunto, vayan a disminuir.

Las medidas contempladas en el Pacto de Toledo y plasmadas en el Acuerdo de Consolidaci¨®n de 1996 y en la Ley de Consolidaci¨®n de 1997 han supuesto, si acaso, un aumento modesto del gasto, aunque a largo plazo podr¨ªan implicar una reducci¨®n igualmente peque?a. En lo relativo al super¨¢vit o d¨¦ficit del sistema espa?ol de pensiones contributivas, hay que dejar claro, por tanto, que el Pacto de Toledo ha sido, y ser¨¢ mientras subsista en su formulaci¨®n actual, inocuo. En otros frentes, este Pacto parece haber sido m¨¢s negativo que positivo; no ha conseguido evitar la politizaci¨®n de las pensiones (recu¨¦rdense las pol¨¦micas de 1997, 1998 y 1999), ni ha logrado que las pensiones en vigor crezcan al mismo ritmo que el IPC como establec¨ªa el pacto (en tres de sus cuatro a?os de vigencia han crecido m¨¢s, generando un coste adicional para el sistema durante los pr¨®ximos 15 o 20 a?os). Tampoco ha contribuido a fomentar un debate riguroso e informado sobre las pensiones.

Por lo que se refiere a las perspectivas futuras de ingresos, el peso de las cotizaciones sociales en el PIB se mantendr¨¢ estable, no existiendo margen de maniobra para incrementarlo a menos que se eleven los tipos efectivos medios de las mismas. En cuanto al gasto en pensiones, es necesario tener en cuenta los tres factores que determinan su evoluci¨®n en t¨¦rminos del PIB. El primer factor es el demogr¨¢fico: en la actualidad, la poblaci¨®n mayor de 65 a?os supone cerca del 25% de la poblaci¨®n de 16 a 64 a?os. Incluso si la tasa de fecundidad se recuperara hasta 1,5 hijos por mujer y el n¨²mero de inmigrantes fuera de 100.000 al a?o, la poblaci¨®n mayor de 65 a?os aumentar¨ªa progresiva y continuadamente hasta representar el 56% de la poblaci¨®n en edad de trabajar en 2050. El segundo factor es la tasa de empleo (la poblaci¨®n ocupada en relaci¨®n con la poblaci¨®n de 16 a 64 a?os), que en hoy se sit¨²a cerca del 58%. Incluso si se alcanzara el pleno empleo (por ejemplo, una tasa de empleo del 75%, mayor que la de EE UU y casi 20 puntos superior a la que tiene la econom¨ªa espa?ola hoy), dadas las previsiones demogr¨¢ficas anteriores, habr¨ªa unas 87 pensiones contributivas por cada 100 ocupados, puesto que la relaci¨®n entre el n¨²mero de pensiones y la poblaci¨®n mayor de 65 a?os es de 1,16.

El tercer factor es la relaci¨®n entre la pensi¨®n media y la productividad media que, en la actualidad, es del 17% y que, en ausencia de cambios normativos, y aun con una tasa m¨¢s elevada de crecimiento de la productividad, aumentar¨¢ en el futuro por la entrada de pensionistas con historias de cotizaci¨®n m¨¢s completas. En definitiva, bajo este escenario, el gasto p¨²blico en pensiones contributivas, que hoy supone alrededor del 9%, superar¨ªa ampliamente el 15% del PIB, una cifra que dif¨ªcilmente se puede financiar sin poner en peligro la estabilidad econ¨®mica y social.

A estos sencillos c¨¢lculos se les pueden achacar muchas deficiencias. Pero los que venimos estudiando este problema intensamente durante los ¨²ltimos a?os, todav¨ªa no hemos visto unas estimaciones alternativas (basadas en criterios actuariales o de otro tipo) que nos convenzan de que nuestra preocupaci¨®n por la viabilidad financiera del sistema de pensiones es injustificada. La puesta a disposici¨®n de los analistas de los datos microecon¨®micos, hasta ahora secretos, contribuir¨ªa a profundizar el conocimiento sobre este tema y a zanjar definitivamente buena parte de la pol¨¦mica.

Todos deseamos que las pensiones que los futuros jubilados puedan disfrutar sean lo m¨¢s elevadas posible. Pero ni siguiendo la 'estrategia del avestruz' ni descalificando a los que pretenden contribuir a enriquecer el debate se puede lograr este objetivo. El problema es tan grave que cualquier aportaci¨®n ser¨ªa bienvenida y cuanto m¨¢s y con mejor informaci¨®n se debata, m¨¢s f¨¢cil ser¨¢ para la sociedad espa?ola encontrar una soluci¨®n eficiente y equitativa. Ser¨ªa muy decepcionante que la renovaci¨®n del Pacto de Toledo fuera una nueva oportunidad perdida.

Miguel Sebasti¨¢n es director del Servicio de Estudios del BBV; Jos¨¦ Antonio Herce, de FEDEA. Este art¨ªculo tambi¨¦n est¨¢ firmado por Manuel Balmaseda, servicio de Estudios del BBVA. Juan Jos¨¦ Dolado, Universidad Carlos III. Sergi Jim¨¦nez, Universidad Carlos III. Juan Francisco Jimeno, Universidad de Alcal¨¢ y FEDEA. Omar Licandro, FEDEA. Namkee Ahn, FEDEA. Sim¨®n Sosvilla, FEDEA. David Taguas, Servicio de Estudios de BBVA. Patry Tello, Servicio de Estudios de BBVA.Miguel Sebasti¨¢n es director del Servicio de Estudios del BBV; Jos¨¦ Antonio Herce, de FEDEA. Este art¨ªculo tambi¨¦n est¨¢ firmado por Manuel Balmaseda, servicio de Estudios del BBVA. Juan Jos¨¦ Dolado, Universidad Carlos III. Sergi Jim¨¦nez, Universidad Carlos III. Juan Francisco Jimeno, Universidad de Alcal¨¢ y FEDEA. Omar Licandro, FEDEA. Namkee Ahn, FEDEA. Sim¨®n Sosvilla, FEDEA. David Taguas, Servicio de Estudios de BBVA. Patry Tello, Servicio de Estudios de BBVA.