Por una ley de autonom¨ªa universitaria

En los ¨²ltimos tiempos, la opini¨®n p¨²blica apenas se ha ocupado de la reforma de la vigente Ley de Reforma Universitaria. Es posible que la claridad con que la ministra Pilar del Castillo ha confirmado la prioridad legislativa de la misma haya apaciguado el debate, a la espera de un anteproyecto elaborado por el equipo ministerial a partir del abundante material acumulado.

No es malo que esta contenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica haya apartado del primer plano el debate sobre la endogamia. Un debate que, al menos desde el planteamiento que se hizo, no pudo ser en s¨ª mismo m¨¢s endog¨¢mico y provinciano. No s¨®lo porque se desarroll¨® mirando al retrovisor y sin un an¨¢lisis cabal de la poli¨¦drica endogamia. Es que, adem¨¢s, que yo recuerde, no se entr¨® en los inicios departamentales de la carrera docente, donde la endogamia tiene sus ra¨ªces acad¨¦micas. Para nada se habl¨® de mecanismos y procedimientos de salida, como si todo el problema consistiera en la composici¨®n de las comisiones que han de regular la entrada en los cuerpos docentes funcionariales. En fin, que aquel endog¨¢mico debate no sirvi¨® m¨¢s que para ampliar la convicci¨®n de que buena parte de los universitarios necesitamos una cierta reconversi¨®n como condici¨®n de posibilidad de un servicio p¨²blico de calidad.

'Ser¨ªa perjudicial tratar de imponer el problema del profesorado como mascar¨®n de proa de la reforma'

No entiendo, por otra parte, c¨®mo se puede afrontar el problema del profesorado sin un dise?o previo del modelo de universidad al que aspiramos. Modelo que habr¨ªa de acoger la redefinici¨®n actualizada de la misi¨®n y de las funciones docente e investigadora de la universidad. Cuando se entra en este terreno es lugar com¨²n apelar a la autoridad de Ortega y Gasset. ?Si Ortega y Gasset levantara la cabeza!, nos dicen algunas voces universitarias esencialistas. Sin embargo, ?no se escandalizar¨ªa mi respetado Ortega de nuestra falta de coraje para plasmar lo que hoy han de ser la docencia y la investigaci¨®n de calidad? ?No se avergonzar¨ªa de que miremos a otro lado ante el desajuste entre la buena pr¨¢ctica docente e investigadora y nuestra concepci¨®n del departamento universitario como unidad b¨¢sica de estas funciones y constituido, al mismo tiempo, por las ¨¢reas de conocimiento que son? ?Qu¨¦ decir de las relaciones entre docencia e investigaci¨®n, tan diferentes hoy de las establecidas por la tradici¨®n humboldtiana asimilada por Ortega en Marburg? Nada hay tan da?ino para el reconocimiento de la docencia y de la investigaci¨®n, por s¨ª mismas y en su cada vez m¨¢s compleja relaci¨®n, como que las universidades convoquen hoy plazas de profesorado a partir de ciertas plantillas elaboradas por criterios docentes y que se adjudiquen seg¨²n criterios de investigaci¨®n.

Ser¨ªa socialmente perjudicial para las universidades que trat¨¢ramos de imponer el problema del profesorado -real, por lo dem¨¢s- como mascar¨®n de proa de la reforma. La sociedad no tolera lo que es percibido como corporativismo. Espera una docencia, una investigaci¨®n y, consecuentemente, una formaci¨®n universitaria de calidad. Una universidad p¨²blica transitiva y no enroscada. Esa priorizaci¨®n ser¨ªa tambi¨¦n fatal pol¨ªticamente. Abundan los pol¨ªticos con sus jaur¨ªas medi¨¢ticas de resonancia que les tienen ganas a las universidades p¨²blicas. Cualquier prioridad susceptible de lectura corporativa ser¨ªa utilizada como premisa menor, la cual con otra mayor, a proporcionar por la doctrina neoliberal de la globalizaci¨®n, formar¨ªan un silogismo cuya conclusi¨®n ser¨ªa la muerte lenta de la universidad p¨²blica.

Recuperemos al respecto el proceso seguido por el programa de estabilizaci¨®n y promoci¨®n del profesorado iniciado por el anterior ministerio de Rajoy junto con los sindicatos. Era limitado y de dif¨ªcil encaje competencial, pero oportuno y universitariamente respetuoso. La nueva ministra lo asumi¨®, lo fue puliendo con las universidades y trat¨® de superar los escollos competenciales con las comunidades aut¨®nomas. Laborioso proceso que al final tropez¨® en el ¨¢rea presupuestaria del Gobierno con una grav¨ªsima dificultad no prevista: el encaje del programa en el dise?o macroecon¨®mico. Las universidades -desconozco si todas- hemos acabado firmando un convenio que proporciona el dinero. Pero con un precio alt¨ªsimo. Nadie sabe qu¨¦ hemos firmado, el programa ha perdido su sentido inicial; el equipo ministerial de educaci¨®n, ninguneado; las comunidades aut¨®nomas, humilladas, y las universidades, vejadas. Aprendamos la lecci¨®n. No para responder reactivamente. S¨ª para tomar conocimiento de cu¨¢l es el escenario pol¨ªtico. No dudo del compromiso universitario del vicepresidente Rajoy o de ministras como Del Castillo o Birul¨¦s. Pero s¨ª del de otros miembros gubernamentales y de representantes de todo el arco parlamentario, que ni valoran las universidades p¨²blicas ni se aproximan a ellas anal¨ªticamente, porque las perciben m¨¢s como carga que como tarea.

Nuestra posici¨®n ha de ser social y pol¨ªticamente responsable. Y nada lo ser¨¢ m¨¢s que demandar una ley que nos posibilite asumir nuestra responsabilidad. Priorizar la autonom¨ªa universitaria reconocida en la hoy tan manoseada Constituci¨®n, entendida no como privilegio soberanista, sino como tarea responsable. Y tarea instrumental en cuanto que s¨®lo tiene sentido entendida como garant¨ªa de servicio p¨²blico seg¨²n los intereses generales. Autonom¨ªa como dimensi¨®n institucional de las libertades acad¨¦micas, las cuales, seg¨²n la tradici¨®n heredada -al margen de las relativas a la investigaci¨®n y a la organizaci¨®n-, son las de determinar a qui¨¦nes se ense?a, qui¨¦nes ense?an, qu¨¦ se ense?a y c¨®mo se ense?a. Autonom¨ªa que significa que la nueva ley no nos ha de resolver los problemas, sino hacer posible que nos los resolvamos y que implica, por eso, un principio de diferencia entre universidades.

La autonom¨ªa universitaria, por ser socialmente comprometida y tener ese sentido, es asimismo rendici¨®n de cuentas de los resultados acad¨¦micos, producidos por nuestro uso del dinero de los contribuyentes y los propios estudiantes. Es autocomprensi¨®n como parte de un sistema de acreditaci¨®n y evaluaci¨®n, en cuyo interior las universidades han de interactuar, seg¨²n criterios e indicadores acad¨¦micos, abiertas a un juego transparente y sin ventajismos de incentivos, penalizaciones o contrato-programas.

Por supuesto, nuestra autonom¨ªa se ha de entramar con los derechos fundamentales, en particular los de los estudiantes, y con las competencias de las administraciones. ?ste es un reto complicado para la nueva ley, ya que la actual distribuci¨®n competencial es ca¨®tica. La LRU no preve¨ªa la transferencia generalizada a las administraciones auton¨®micas. Han aparecido escenarios nuevos: espacio europeo, movilidad, distrito abierto, acreditaci¨®n, evaluaci¨®n institucional y d¨¦ficit cero. Las comunidades aut¨®nomas representan, adem¨¢s, tejidos socioecon¨®micos, tradiciones culturales y prioridades estrat¨¦gicas que requieren m¨¢rgenes de libertad para pol¨ªticas cient¨ªficas particulares con su personal e inversiones propios.

Por otra parte, aqu¨ª no se pueden aplicar modelos de distribuci¨®n competencial tomados de otros servicios estatales. Justamente porque a las administraciones central y auton¨®mica hay que a?adir la autonom¨ªa universitaria, y ¨¦sta constituye un n¨²cleo competencial indisponible a cualquier encaje con las competencias de otras administraciones. Esta redistribuci¨®n, sin embargo, es cuesti¨®n clave. De ella dependen muchas cosas. Entre ellas, la redefinici¨®n del Consejo de Universidades o la eventual creaci¨®n de otros ¨®rganos de coordinaci¨®n. Por ejemplo, en el ¨¢mbito de la financiaci¨®n, donde, junto a otras cuestiones, habr¨ªa que hacer imposible la pr¨¢ctica de alguna comunidad aut¨®noma -no la m¨ªa- del 'quien paga manda'. Es cuesti¨®n determinante tambi¨¦n para el modelo de acceso a la funci¨®n docente plena. M¨¢s si se optara por el de la 'habilitaci¨®n', f¨®rmula general -compatible con otras paralelas- que es, en mi opini¨®n, la que mejor garantiza la calidad de los candidatos y el ejercicio responsable de la autonom¨ªa universitaria seg¨²n estrategias fijadas en su seno (modulaci¨®n de docencia e investigaci¨®n, formaci¨®n de equipos, establecimiento de nuevas l¨ªneas, redimensionamiento de otras...).

Es ¨¦ste un momento decisivo para las universidades p¨²blicas. El escenario actual no es el de la aprobaci¨®n de la LRU. Estamos determinados por la convergencia europea, por la inquietante globalizaci¨®n, por la borrosidad entre lo p¨²blico y lo privado, por el ambivalente incremento del PIB, por la m¨ªstica del d¨¦ficit cero, por la demograf¨ªa, por la conciencia social del uso de los impuestos. La firme defensa de la universidad p¨²blica exige ahora m¨¢s que nunca argumentos que calen en la percepci¨®n social y pol¨ªtica. Porque tambi¨¦n aqu¨ª vale aquello de que 'ser es ser percibido'.

Antoni Caparr¨®s y Benedicto es rector de la Universitat de Barcelona.