Cortina y Alcocer estafaron en el 'caso Urbanor', pero el delito ha prescrito

La Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Madrid ha absuelto a los Albertos por 'estar claramente prescritos' los delitos de estafa y falsedad que les imputaban el fiscal y los peque?os accionistas de Urbanor (sociedad propietaria de los solares), seg¨²n la sentencia. Es decir, porque transcurrieron m¨¢s de cinco a?os entre la comisi¨®n de sendos delitos, en enero de 1988, y la fecha en que los perjudicados presentaron la querella, plagada de deficiencias y errores formales, en el juzgado guardia de Madrid (el 6 de enero de 1993). El fiscal, Emilio Valerio, pidi¨® para los acusados tres a?os de c¨¢rcel.

Aparte de los Albertos ( copresidentes del Banco Zaragozano), tambi¨¦n se sentaron en el banquillo Rafael Montes, ex director general de Construcciones y Contratas, y ?lvaro ?lvarez, representante de Horwitz, sociedad vinculada al empresario Enrique Sarasola. El tribunal ha absuelto a Montes y ?lvarez porque entiende que ¨¦stos, a diferencia de los Albertos, estuvieron al margen de las irregularidades del caso Urbanor.

Los Albertos, que pose¨ªan el 40% de Urbanor a trav¨¦s de Construcciones y Contratas, convencieron en 1987 a sus socios para vender el solar a un grupo ingl¨¦s, que luego result¨® ser KIO. En la operaci¨®n, sellada en Londres, intervino Javier de la Rosa, entonces el hombre de KIO en Espa?a.

La sentencia establece que los Albertos 'enga?aron' a los otros accionistas al ofrecerles una informaci¨®n 'que no se ajustaba a la realidad' sobre lo pagado por KIO al adquirir el solar (125.000 metros cuadrado). Indicaron a sus socios que los compradores estaban dispuestos a pagar a 150.000 pesetas el metro cuadrado, 'cuando en realidad', seg¨²n los jueces, KIO 'estaba dispuesto a pagar, y efectivamente pag¨®, el metro cuadrado a 231.000 pesetas'.

'Acciones sobrevaloradas'

Durante el juicio, los Albertos mantuvieron que KIO sobrerretribuy¨® las acciones que ellos pose¨ªan en Urbanor porque el pacto era permutarlas por las 'acciones sobrevaloradas' que el grupo kuwait¨ª pose¨ªa a la saz¨®n en el Banco Central. De aquella operaci¨®n naci¨® el grupo Cartera Central.

Los jueces aseguran que ese argumento 'carece de sentido', pues el comprador pag¨® un precio global por los terrenos y, en contra de lo afirmado por los Albertos, no se pactaron precios distintos para unos y otros accionistas. Los jueces basan esta afirmaci¨®n en la declaraci¨®n judicial de Richard M. Robinson, representante de KIO en Londres. Aunque se hubiesen pactado precios dispares, que no fue as¨ª, 'el deber de lealtad para con sus socios impon¨ªa necesariamente [a los Albertos] la obligaci¨®n de informarles', pero 'no informaron', destacan los jueces. KIO desembols¨® en la operaci¨®n algo m¨¢s de 27.000 millones.

Fruto de este enga?o, seg¨²n los jueces, los accionistas minoritarios del Grupo Astor sufrieron una estafa de 2.774 millones de pesetas, y los del Grupo San Mart¨ªn, de 1.310 millones, seg¨²n la sentencia. Una parte de ese dinero se lo quedaron los Albertos (3.125 millones), y la otra, aunque 'se ignora' la cuant¨ªa por tratarse de una empresa 'domiciliada en el extranjero', la sociedad Horwitz.

La sentencia deja abierta la posibilidad de que los afectados reclamen en la v¨ªa civil el dinero estafado. Seg¨²n los jueces, los Albertos tambi¨¦n cometieron un delito de falsedad, pues 'manipularon' una carta, fechada el 23 de marzo de 1987, en la que se indicaba que el grupo comprador del solar pagar¨ªa el metro cuadrado a 150.000 pesetas.

Esa carta, 'aparentemente firmada' por Robinson, fue remitida por los Albertos a sus socios para hacerles creer que ¨¦se era el precio de compra de cada metro cuadrado. Tanto los Albertos como los peque?os accionistas anunciaron ayer que recurrir¨¢n la sentencia ante el Supremo.