Las veleidades del destino

Los seres humanos solemos tomar nuestras decisiones calculando cu¨¢les son las consecuencias que nuestras acciones nos van a acarrear. El Gobierno del Partido Popular, como quiera que est¨¢ compuesto por personas, analiz¨® las posibles consecuencias de sus acciones y actu¨® congelando el sueldo de m¨¢s de dos millones de empleados p¨²blicos. Incumpli¨® as¨ª un acuerdo a¨²n vigente, firmado por los sindicatos y el anterior Ejecutivo socialista. Como excusa, la entrada de Espa?a en el Tratado de Maastricht, un argumento muy discutible, ya que podr¨ªa haber empleado otros caminos para conseguir los mismos objetivos. Sin embargo, una vez m¨¢s, fuimos los empleados p¨²blicos cabeza de turco.

El Gobierno se equivoc¨® y es el ¨²nico responsable. Ahora tiene la posibilidad de enmendar su error, pero, por el contrario, vuelve a utilizar la vieja t¨¢ctica de divide y vencer¨¢s y pretende enfrentar a los ciudadanos con sus propios servidores, los empleados p¨²blicos y al Poder Legislativo contra el Judicial. Siguiendo esta estrategia, el se?or Crist¨®bal Montoro, hoy ministro de Hacienda, atemoriza a los ciudadanos con la posible quiebra de las cuentas del Estado y futuras cat¨¢strofes para los bolsillos de todos los espa?oles. Esto hace que me pregunte de d¨®nde sali¨® el dinero para la subida salarial que obtuvieron los secretarios de Estado, entre ellos el se?or Montoro, justo despu¨¦s de la 'imprescindible' congelaci¨®n salarial del 97. Y, de d¨®nde, las billonarias ayudas a las el¨¦ctricas. Y, de d¨®nde, los cr¨¦ditos extraordinarios de las empresas colaboradoras en materia de Seguridad Social. ?No ser¨¢ tambi¨¦n de los impuestos de todos los ciudadanos? Por tanto, dejen de escudarse en in¨²tiles demagogias y cumplan la ley.

El Gobierno tiene que cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional porque es firme y se ajusta a derecho. En caso contrario, este Gobierno deber¨ªa modificar la Constituci¨®n y negar a los empleados p¨²blicos sus derechos como trabajadores.

La sentencia es el primer fruto, y seguro que no ser¨¢ el ¨²nico, de una serie de acciones emprendidas hace a?os, de manera conjunta, por los sindicatos. Una lucha en defensa de los derechos de los empleados p¨²blicos, de su negociaci¨®n colectiva, de los servicios p¨²blicos para todos los ciudadanos y contra su privatizaci¨®n; en definitiva, una lucha justa.

Empe?ados en esta lucha, los empleados p¨²blicos hemos protagonizado dos huelgas generales y un sinf¨ªn de movilizaciones desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. La Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), ante una queja presentada por UGT y CC OO, inst¨® al Gobierno espa?ol a que cumpliera el acuerdo Administraci¨®n-sindicatos que a¨²n estaba en vigor. Pero el Gobierno, del mismo modo que hoy pretende incumplir la sentencia de la Audiencia Nacional, ayer desoy¨® las recomendaciones de este organismo internacional.

El Gobierno debe sentarse a negociar con los representantes leg¨ªtimos de los empleados p¨²blicos y perfilar cu¨¢les ser¨¢n los mecanismos que utilizar¨¢ para cumplir la ley, su principal deber en estos momentos. La Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos (FSP) de UGT, como primera fuerza sindical en el conjunto de las administraciones p¨²blicas, se mantendr¨¢ firme y vigilante en el cumplimiento de esta sentencia y seguir¨¢ luchando por los derechos de m¨¢s de dos millones de empleados p¨²blicos.

El se?or Aznar debe poner el sello de 'p¨¢guese' en las n¨®minas de todos los empleados p¨²blicos.

El se?or Aznar debe corregir la pol¨ªtica que mantiene con respecto a los servicios p¨²blicos y sus trabajadores, pues estamos convencidos de que, m¨¢s temprano que tarde, pagar¨¢.

Julio Lacuerda es secretario general de la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos (FSP) de la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT).