Las ONG denuncian que los acuerdos de El Ejido siguen sin cumplirse

La noche del 5 de febrero de 2000 cientos de vecinos de El Ejido, muchos armados con barras de hierro y palos, se tomaron la justicia por su mano tras el asesinato de una mujer de 26 a?os y la posterior detenci¨®n como supuesto autor del crimen de un joven perturbado de 20 a?os de origen magreb¨ª. La oleada de vandalismo arras¨® locales y coches de extranjeros.

La polic¨ªa s¨®lo intervino para evitar agresiones f¨ªsicas. Los jueces s¨®lo han admitido dos de las 693 denuncias que en aquellos d¨ªas interpusieron los abogados de SOS Racismo. Pero adem¨¢s de las denuncias, est¨¢n las te¨®ricas actuaciones de oficio. Nada ha trascendido de estas diligencias judiciales -158 personas, 92 de ellas inmigrantes, pasaron a disposici¨®n judicial en los d¨ªas que siguieron a la revuelta-. Ni siquiera se ha vuelto a saber nada de una agresi¨®n grave a la m¨¢xima autoridad, el subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso. Nadie parece querer decir nada ni buscar culpables, ni el propio Hermoso.

Mientras desde la Subdelegaci¨®n del Gobierno se habla de las 'constantes' gestiones para mejorar la situaci¨®n de los inmigrantes en Almer¨ªa, lo cierto es que tanto sindicatos como ONG o colectivos de extranjeros coinciden en su apreciaci¨®n sobre el estado de El Ejido un a?o despu¨¦s: 'No se ha hecho nada, ha sido un a?o de congelaci¨®n total y absoluta', afirma Hamza Al Hanfi, presidente de la Asociaci¨®n de Trabajadores Inmigrantes de Marruecos de Espa?a (ATIME). En los ¨²ltimos doce meses se ha cumplido s¨®lo en parte el acuerdo firmado el 12 de febrero entre empresarios, sindicatos, ONG y colectivos inmigrantes para poner fin a la huelga de braceros suscitada tras los ataques xen¨®fobos. Am¨¦n de las indemnizaciones efectuadas -por lo bajo, seg¨²n algunos afectados-, las regularizaciones de quienes perdieron sus papeles y los realojos urgentes, el acuerdo est¨¢ incompleto en los puntos m¨¢s acuciantes: integraci¨®n social, vivienda e investigaci¨®n de los hechos vand¨¢licos.

En El Ejido, la entrada de un magreb¨ª a ciertos bares sigue vetada y prohibida hoy por sus encargados y, en caso de ser aceptados como clientes, pagan su consumici¨®n m¨¢s cara que los nativos. La mayor¨ªa de los inmigrantes viven apartados del n¨²cleo urbano ante la imposibilidad de poder alquilar una casa en el centro; y recorren distancias kilom¨¦tricas a la hora de ir a comprar o a tramitar alguna gesti¨®n a la ciudad.

De El Ejido se marcharon hace ahora un a?o, tras los sucesos ocurridos en febrero, alrededor del 60% de inmigrantes residentes en la zona hacia el norte de Espa?a, seg¨²n los colectivos de inmigrantes. La ¨²nica pol¨ªtica de integraci¨®n e inmigraci¨®n practicada desde lo ocurrido se ha dejado en manos de Cruz Roja, ATIME, Mujeres Progresistas y Almer¨ªa Acoge a trav¨¦s del Plan de Emergencia del Poniente y por el que se subvencionaron 300 millones de pesetas. Aunque esta ¨²ltima ONG, cuyas instalaciones fueron arrasadas durante los ataques vecinales, se ha mantenido 'alejada' de forma voluntaria del municipio durante este ¨²ltimo a?o para 'no tensar m¨¢s la situaci¨®n'. Por su parte, el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, se niega a hacer ning¨²n tipo de balance sobre la situaci¨®n del municipio porque 'sobre inmigraci¨®n el Ayuntamiento no tiene competencias. Le corresponde al Estado y a la Junta de Andaluc¨ªa', se excusa su jefe de prensa.

Desde la central sindical Comisiones Obreras (CC OO) el responsable de Migraciones, Emilio Asensio, considera insuficientes las t¨ªmidas actuaciones llevadas a cabo por la administraci¨®n. 'Los programas de sensibilizaci¨®n se han dejado en manos de cuatro ONG y se tiene que implicar a las corporaciones locales y dejar a un lado las valoraciones pol¨ªticas', apunta Asensio.

Mientras tanto, la que iba a ser una soluci¨®n de emergencia, basada en el realojo en m¨®dulos de quienes perdieron sus viviendas, ha pasado a ser definitiva aunque desvirtuada: los empresarios agr¨ªcolas condicionaron la instalaci¨®n de las casetas a cambio de poder ubicar tambi¨¦n a sus propios braceros. En verano se quedaron vac¨ªas por las altas temperaturas, pero hoy vuelven a estar habitadas por inmigrantes como Mohamed H., un marroqu¨ª licenciado en derecho que s¨®lo lleva seis meses en Espa?a. S¨®lo la fortuna de llegar tarde le libr¨® de la violencia radical contra el extranjero que estall¨® hace 12 meses, destapando el odio larvado entre dos comunidades que se reh¨²yen socialmente.