Folgado mina la 'doctrina Rato' sobre el¨¦ctricas de capital p¨²blico
En los ¨²ltimos d¨ªas, y coincidiciendo con la guerra desatada por el control de Hidrocant¨¢brico entre la portuguesa EDP (30% del Estado portugu¨¦s), EnBW (25% de la estatal francesa EdF) y RWE (m¨¢s del 30% de participaci¨®n de entes p¨²blicos alemanes, seg¨²n analistas financieros), el ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, ha sentado c¨¢tedra sobre lo que el Gobierno espa?ol considera correcto a la hora de oponerse o no a la entrada en el sector energ¨¦tico de una empresa extranjera con capital p¨²blico.
Seg¨²n ha asegurado Rato, para el Ejecutivo espa?ol no es lo mismo 'la capacidad de control' que puede tener un Estado en una empresa determinada (caso de EDP) que la que pueden ejercer entes locales y ayuntamientos en alguna otra sociedad (caso de RWE).
Lo curioso es que en el Gobierno no parece haber una ¨²nica opini¨®n al respecto. Lo demuestra una carta que el secretario de Estado de Econom¨ªa, Jos¨¦ Folgado, envi¨® el pasado 9 de octubre a Juan Miguel Villar Mir (aliado de EnBW en la OPA de Hidrocant¨¢brico).
M¨¢s informaci¨®n
En dicha carta, Folgado exige informaci¨®n sobre la operaci¨®n de EnBW y afirma textualmente: 'La estructura accionarial de EnBW indica que, independientemente de la participaci¨®n de EdF, su accionariado est¨¢ compuesto mayoritariamente por personas o entidades de naturaleza p¨²blica (autoridades locales)'. 'Por lo tanto', contin¨²a, 'EnBW est¨¢ sujeta a la autorizaci¨®n para el reconocimiento de los derechos pol¨ªticos que pueda tener sobre Hidroel¨¦ctrica del Cant¨¢brico'.
Es decir, Folgado considera que, al margen de la participaci¨®n que pueda tener el Estado franc¨¦s (EdF) en la alemana EnBW, se deben tambi¨¦n tener en cuenta otras participaciones de 'autoridades locales' que podr¨ªan determinar el veto del Gobierno espa?ol.
El Gobierno introdujo en los presupuestos del Estado de 2000 una disposici¨®n adicional (la 27) que reserva para el Ejecutivo la potestad de suspender los derechos pol¨ªticos que pudiera obtener una empresa extranjera con parte de capital p¨²blico en la compra de una compa?¨ªa energ¨¦tica espa?ola. En la pr¨¢ctica, esa disposici¨®n es un potente filtro para impedir operaciones indeseadas. El Gobierno ya ha esgrimido la norma en el caso de EDP y el asunto puede llegar a ser discutido en Bruselas.
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