El Tribunal de Cuentas cuestiona que Guip¨²zcoa aplace tributos a bajos intereses

El Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas cuestiona la concesi¨®n por la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa de 17 aplazamientos de pagos de tributos con tipos de inter¨¦s inferiores al general, que en 1999 se encontraba en el 5,5%. Cinco de dichos aplazamientos, por un valor de 167 millones, se hicieron a inter¨¦s cero y los otros 12, por valor de 154 millones, a un inter¨¦s de entre 2,87% y 3,18%.

El informe del ¨®rgano auditor sobre el ejercicio de 1999 de la Diputaci¨®n guipuzcoana afirma que la instituci¨®n foral 'incumple' as¨ª la Norma Foral General Tributaria y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco. La Diputaci¨®n discrepa de esta afirmaci¨®n y argumenta que la normativa le permite conceder este tipo de aplazamientos 'en las condiciones en que cada caso decida' en aquellos supuestos 'en que concurran circunstancias excepcionales o razones de inter¨¦s p¨²blico', en este caso 'para salvamento o reestructuraci¨®n de empresas en crisis'.

El Tribunal de Cuentas indica que la Diputaci¨®n ten¨ªa en diciembre de 1999 ingresos tributarios pendientes de cobro por valor de 73.677 millones, de los cuales 52.961 corresponden a cantidades procedentes de ejercicios anteriores. Las provisiones para insolvencias se elevan a 65.919 millones. A rengl¨®n seguido, se?ala que la Diputaci¨®n no liquida intereses de demora en los cobros de deudas apremiadas. Aunque el tribunal no cuantifica el importe de dichos intereses, se?ala que la cifra puede ser 'relevante', dado que hay 26.132 millones pendientes de cobro en v¨ªa ejecutiva y que los cobros en v¨ªa de apremio han ascendido a 3.018 millones.

Contrataciones

El tribunal observa 'mejoras' en la cuenta general de la Diputaci¨®n, aunque precisa que a¨²n deben mejorarse otras cuestiones como 'las subvenciones concedidas sin concurrencia por el Consejo de Diputados y las concedidas por el procedimiento general'. Para el organismo fiscalizador, el remanente de tesorer¨ªa foral debiera disminuir en 7.795 millones, ajuste que a juicio de la Diputaci¨®n es incorrecto.

Otra cuesti¨®n en la que el tribunal ha mostrado su disconformidad es en el pago de cesant¨ªas, por 12 millones de pesetas, a cuatro diputados y ocho directores sin que practicar retenciones de IRPF al declararlas como rentas exentas. La entidad auditora cuestiona adem¨¢s que la Diputaci¨®n adjudicase directamente, sin publicidad ni concurrencia, la contrataci¨®n de trabajos forestales, que en 1999 ascendieron a 200 millones en total. La actuaci¨®n foral se basa en que son contratos inferiores a cinco millones, pero el tribunal considera que se fraccionaron los mismos.

Otra cr¨ªtica se dirige a la falta de publicidad en las contrataciones por la sociedad p¨²blica foral de servicios inform¨¢ticos IZFE, a la que se adjudicaron servicios por 361 millones de pesetas de forma discrecional.