Un juez busca propiedades de Ruiz-Mateos para embargarle 36.400 millones

Un juzgado de Majadahonda (Madrid) est¨¢ buscando bienes a nombre de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos desde hace tres meses para hacer frente a una reclamaci¨®n de m¨¢s de 36.400 millones de pesetas. La deuda responde a una condena de un tribunal londinense por irregularidades y desv¨ªo de fondos en empresas brit¨¢nicas de Rumasa. La orden de embargo ha coincidido con una sentencia del Supremo que sanciona la correcci¨®n de las valoraciones aplicadas en la expropiaci¨®n de Rumasa y que pr¨¢cticamente cierra la puerta a su pretensi¨®n de obtener una indemnizaci¨®n de tres billones.

El embargo por v¨ªa de apremio y sin previo requerimiento de pago, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de Majadahonda, responde en ¨²ltima instancia a la ejecuci¨®n de una sentencia de la Sala de Equidad del Tribunal Superior de Justicia de Londres, de fecha 11 de diciembre de 1986, que conden¨® a Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos a abonar a Rumasa SA, la entidad que gestiona el grupo expropiado del mismo nombre, la cantidad de 63 millones de d¨®lares en el pleito planteado por la propiedad del Grupo Multinvest.

La deuda se incrementa cada d¨ªa que pasa sin ser satisfecha en 5,29 millones de pesetas, pero las autoridades -aunque existe un grupo de empresas, algunas muy conocidas por la publicidad de sus productos, vinculadas a un grupo denominado nueva Rumasa y a la familia Ruiz-Mateos- no encuentran bienes que figuren directamente a su nombre y puedan ser embargados.

La burla a la justicia, de la que habla en su sentencia de 1986 el juez londinense, contin¨²a 14 a?os despu¨¦s. Ruiz-Mateos pretendi¨® sin ¨¦xito hurtar de la expropiaci¨®n de Rumasa a Multinvest, un holding que englobaba las empresas de la llamada Rumasa Internacional, dependientes de sociedades inglesas, mediante acciones en los tribunales del Reino Unido.

La sentencia del juez Gibson, adem¨¢s de reconocer a favor del Estado espa?ol la propiedad de Multinvest y de condenar a Ruiz-Mateos, describe las pr¨¢cticas irregulares, esencialmente en materias de cr¨¦ditos, llevadas a cabo por el empresario en torno a estas compa?¨ªas: grandes sumas de divisas extranjeras supuestamente prestadas por bancos espa?oles de Rumasa en 1982 a las mismas y que nunca llegaron a su destino (en su mayor¨ªa pasaron a cuentas en un banco suizo, Nordfinanz AG, de Z¨²rich, a nombre de MNV).

Gibson habia calificado ya de mendaz la postura de Ruiz-Mateos en un fallo previo, en octubre de ese a?o, por su negativa a reconocer 'que ciertos documentos referentes a la autorizaci¨®n de los pr¨¦stamos se hab¨ªan hallado en su poder, custodia o control'.

En la sentencia definitiva lo recuerda y agrega: 'habiendo ya examinado todas las pruebas en esta demanda, puedo ir m¨¢s lejos. No me queda ninguna duda que el se?or Ruiz Mateos ha preferido deliberadamente burlarse de sus obligaciones de hacer la debida revelaci¨®n conforme a las Reglas de Suprema Corte y tras sucesivas ¨®rdenes de este Tribunal...'. 'Es evidente' que 's¨®lo el se?or Ruiz-Mateos ten¨ªa la autoridad para aprobar los pr¨¦stamos', agrega la sentencia, y que sab¨ªa que ¨¦stos 'no se conced¨ªan para suministrar dinero a los prestatarios sino para otras finalidades...'.

El incumplimiento de esta condena por parte de Ruiz-Mateos, y la proverbial lentitud de la justicia espa?ola, han hecho que hasta el 18 de julio de 2000 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no haya dictado un auto otorgando el 'exequatur' (su vigencia y aplicaci¨®n en Espa?a) a la sentencia del juez londinense.

El auto, que confirma en todos los extremos dicha sentencia y la utilizaci¨®n que en beneficio personal hac¨ªa de Rumasa su entonces presidente, se?ala que Ruiz-Mateos deber¨¢ pagar a la actual Rumasa: 53.777.106,02 d¨®lares; 9.146,561,12 francos suizos y 13.300.647,09 marcos alemanes. Cantidades que, al cambio actual, m¨¢s los intereses devengados (desde 1986 a la fecha de este auto) y costas del pleito ingl¨¦s suponen una cifra superior a los 36.400 millones de pesetas.

El juzgado de Majadahonda, a petici¨®n de la parte acreedora y a la vista del auto del Supremo, declar¨® primero la ejecutividad del fallo del Tribunal Superior de Londres y, posteriormente, ante la falta de respuesta del condenado, el embargo por v¨ªa ejecutiva de sus bienes.

El empresario tambi¨¦n ha sido condenado en EE UU a pagar 100 millones de pesetas a sus abogados, tras pleitear sin ¨¦xito contra el Estado espa?ol por los derechos de la marca de jerez Dry Sack en aquel mercado. Y en Espa?a, la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia del 14 de enero de 1998, conden¨® tambi¨¦n a Ruiz Mateos y a Domingo L¨®pez Alonso, 'como autores' de 'un delito de estafa procesal en grado de frustraci¨®n' a la pena 'de cuatro meses de arresto mayor'.

Ruiz-Mateos ha logrado eludir, sin embargo, el grueso de las responsabilidades penales por su actuaci¨®n en Rumasa. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 12 de junio de 1997, acord¨® archivar el caso y absolver a los procesados por falta de pruebas.

El sumario ten¨ªa poco que ver con las instrucciones iniciales del juez Lerga y la fiscal Tagle. Las argucias del empresario -incluida su fuga y extradicci¨®n, renuncias a sus abogados en el ¨²ltimo momento y cambios de jurisdicci¨®n tras ser elegido eurodiputado-, los cambios de legislaci¨®n, y la exclusi¨®n del presunto delito de estafa, adelgazaron a lo largo de 14 a?os el sumario y demoraron el juicio.

Las pretensiones iniciales de juzgarle por revalorizaci¨®n ficticia patrimonial (350.000 millones), fraude a Hacienda (17.549 millones) y a la Seguridad Social (10.774 millones), falsificaci¨®n de documentos, evasi¨®n de divisas e injurias al Rey, se han saldado finalmente en una absoluci¨®n, aunque la sentencia describe algunas irregularidades delictivas sobre las que no se pronuncia el fallo al no estar en la petici¨®n del fiscal.