El Gobierno de CiU agota la privatizaci¨®n de su red de telecomunicaciones

Esa cifra se alcanzar¨¢ cuando se produzca la venta de las ¨²ltimas prendas que le quedan a Feu: el 13% del operador de infraestructuras de telecomunicaciones Tradia que, de acuerdo con la evaluaci¨®n que realiz¨® el Deutsche Bank en el momento en el que fue privatizada, puede suponerle unos 5.400 millones de pesetas, y el 25% del operador de cable dirigido al mercado empresarial al-pi telecomunicacions, por el que el Gobierno catal¨¢n estima que podr¨¢ obtener algo m¨¢s de 2.200 millones.

La venta de ambos operadores, que la Generalitat quiere realizar a lo largo de este a?o, culminar¨¢ la privatizaci¨®n tanto del Centro Inform¨¢tico de la Generalitat (Cigesa) como la venta a trozos de las sociedades del Centro de Telecomunicaciones, un ente p¨²blico creado en 1993 con el objetivo de 'ordenar y mejorar' la gesti¨®n de los servicios de telecomunicaciones corporativos de la Administraci¨®n p¨²blica auton¨®mica. Este ¨²ltimo centro era propietario de una red de infraestructuras que serv¨ªa tanto para dar se?al televisiva a los ciudadanos -los repetidores de la televisi¨®n catalana- como para proporcionar servicios de telefon¨ªa m¨®vil relacionados con la seguridad de la poblaci¨®n -a los bomberos o a la polic¨ªa auton¨®mica-, sin olvidar los servicios de voz, para el propio consumo de los distintos departamentos y servicios de la Generalitat, mediante su propia red.

Cambios vertiginosos

La estructura del Centro de Comunicaciones fue complic¨¢ndose durante la d¨¦cada de 1990, al hilo de los cambios vertiginosos en el sector de las telecomunicaciones. As¨ª, le salieron dos hijas. Hace tres a?os, le creci¨® una sociedad llamada Catalana de Telecomunicacions Operadora de Xarxes. En 1999, el centro cre¨® otra sociedad filial, bautizada como Difusi¨® Digital de Telecomunicacions.

La primera de estas sociedades, Catalana, se hizo cargo de la red relativa a los servicios de voz y transmisi¨®n de datos de la Generalitat, que contaba con una red de 500 kil¨®metros de fibra ¨®ptica que un¨ªa los distintos edificios p¨²blicos pertenecientes a la Administraci¨®n auton¨®mica catalana. La segunda, Difusi¨® Digital, agrupaba la red de la radio y la televisi¨®n convencionales, que prestaba servicio en exclusiva a los medios de la Corporaci¨®n Catalana de Radio y Televisi¨®n (CCRTV). La Generalitat justific¨® esta nueva filial no s¨®lo por el horizonte de un nuevo mercado televisivo y radiof¨®nico digital terrestre, sino con vistas al fin del monopolio de que dispon¨ªa Retevisi¨®n para la televisi¨®n convencional.

Cuando se crearon ambas filiales, el Gobierno catal¨¢n ya ten¨ªa en mente la privatizaci¨®n de su red de telecomunicaciones. En febrero de 1998, el consejero de Industria, Antoni Subir¨¤, ya hab¨ªa declarado que el Gobierno catal¨¢n estaba elaborando un calendario para la venta 'a corto o a medio plazo, total o parcial' del Centro de Telecomunicaciones. Miquel Puig, que estren¨® el cargo de nueva creaci¨®n de comisionado para la Sociedad de la Informaci¨®n de la Generalitat y presid¨ªa el Consejo de Administraci¨®n del Centro de Telecomunicaciones (hoy los preside el conseller en cap, Artur Mas), nunca escondi¨® que el anuncio ten¨ªa intenci¨®n: saber qu¨¦ inter¨¦s pod¨ªa despertar la red de telecomunicaciones p¨²blica entre potenciales compradores.

La obsesi¨®n del presidente catal¨¢n, Jordi Pujol -cuyos colaboradores en la materia no dejan de insistir en que la Generalitat carece de competencias sobre telecomunicaciones, y que s¨®lo puede limitarse a 'promover y vigilar' el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los operadores con presencia en Catalu?a-, ha sido doble.

El Gobierno de CiU ha querido poblar el desierto de un sector puntero como las telecomunicaciones en esta comunidad aut¨®noma atrayendo a operadores con intereses en esta industria. Este desierto contrasta con la importancia del mercado catal¨¢n para cualquier operador que preste sus servicios en el resto de Espa?a, y el establecimiento en Catalu?a de alguno de ellos ser¨ªa para la Admnistraci¨®n catalana una v¨ªa para conseguir dinero con el que reducir las proporciones de su deuda y, en particular, la que arrastra la Corporaci¨®n Catalana de Radio y Televisi¨®n, que hoy asciende a 104.000 millones de pesetas. El primero de estos objetivos era compartido por la oposici¨®n socialista. El segundo despert¨® sus cr¨ªticas. El diputado Miquel Barcel¨®, de PSC-Ciutadans pel Canvi, ha insistido en numerosas ocasiones en destinar estos fondos a nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, particularmente en las zonas donde no lleguen los operadores por considerarlas menos rentables. El Departamento de Presidencia mantiene que no ha habido compromiso.

Socio catal¨¢n

La primera privatizaci¨®n que se llev¨® a cabo fue la de Cigesa, que exist¨ªa desde la primera mitad de la d¨¦cada de 1980. El comprador fue, en diciembre de 1998, Debis Systemhaus, filial tecnol¨®gica del consorcio automovil¨ªstico Daimler Chrysler, que pag¨® por el 100% de Cigesa 3.000 millones de pesetas. Como la Generalitat necesitaba controlar los servicios inform¨¢ticos, se qued¨® con 25 inform¨¢ticos de Cigesa, que pasaron a trabajar para el Centro de Telecomunicaciones. Posteriormente, el 50,1% de Debis, que se hab¨ªa comprometido a invertir en Espa?a 6.000 millones de pesetas en cuatro a?os, pas¨® a una filial de Deutsche Telekom, T-Systems. El primer operador alem¨¢n pretend¨ªa as¨ª reforzar su posici¨®n en la tecnolog¨ªa de las telecomunicaciones, adem¨¢s de acceder a los grandes clientes nacionales e internacionales de Debis. En Espa?a, los primeros clientes de T-Systems son el grupo Allianz, La Caixa y la propia Generalitat. El a?o pasado, la compa?¨ªa, dirigida por Vicen? Yeves, tuvo un volumen de negocio de 23.615 millones de pesetas. Su sede central est¨¢ en Barcelona, pero la sede social est¨¢ en Madrid. De los 1.844 empleados de T-Systems Espa?a, 800 est¨¢n en Catalu?a.

La segunda operaci¨®n que efectu¨® la Generalitat estuvo relacionada con el Centro de Telecomunicaciones, ya que abri¨® un concurso para privatizar su filial Catalana de Telecomunicaciones. Uni2, operador controlado en un 69% por France Telecom, se hizo con el 65% tras presentar la oferta m¨¢s elevada de entre las otras cuatro firmas que pujaron (Comunitel, GTS, Worldport y Cable i Televisi¨® de Catalunya): 8.216 millones de pesetas, 6.120 millones m¨¢s que el precio m¨ªnimo previsto en el concurso. Al mismo tiempo, Uni2 ampli¨® capital para elevar su participaci¨®n al 75% del accionariado, lo cual le supuso un desembolso adicional de 5.056 millones. El 25% contin¨²a en manos de la Generalitat, que quiere venderlo, en principio este a?o, a un 'socio catal¨¢n'.