Juicio por un delito imposible

El abogado Endika Zulueta, defensor habitual de insumisos, sorprendi¨® ayer a los jueces de la Secci¨®n Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid cuando, en vez del alegato antimilitarista que esperaban escuchar, les puso sobre la mesa una patata caliente: la presunta inconstitucionalidad del art¨ªculo 604 del C¨®digo Penal, que castiga la negativa a cumplir la mili. El de ayer deb¨ªa ser un juicio de tr¨¢mite, uno m¨¢s de los cientos que se siguen celebrando en los tribunales de toda Espa?a contra los m¨¢s de 20.000 j¨®venes que en los ¨²ltimos a?os se han negado a cumplir tanto sus obligaciones militares como la prestaci¨®n social que se les impon¨ªa como alternativa. La maquinaria judicial, aunque lenta, es inexorable y sigue funcionando ajena a la realidad social de que el servicio militar es ya casi una reliquia de la que, a partir del a?o que viene, apenas quedar¨¢ otro recuerdo que el monumento que el Ministerio de Defensa se propone inaugurar el pr¨®ximo 2 de junio, D¨ªa de las Fuerzas Armadas, en Alicante.

Algunos jueces, incluidos los de la Secci¨®n Quinta de Madrid, se han escudado en cuestiones formales para absolver a insumisos. Por ejemplo, la tardanza del Ministerio de Justicia en citar a los objetores. Pero eso ayer no era posible.

En el banquillo de una sala vac¨ªa de p¨²blico, dubitativo y algo intimidado, se encontraba Javier Olmo Fern¨¢ndez, un carpintero de 26 a?os, natural de M¨®stoles (Madrid), que el 31 de julio de 1996, en vez de presentarse en el N¨²cleo de Instrucci¨®n de Reclutas de C¨¢ceres, remiti¨® una declaraci¨®n de principios contraria a los ej¨¦rcitos. Para la fiscal, el caso no presentaba dudas: el reo aceptaba los hechos y ninguna circunstancia le exim¨ªa de su conducta. Eso s¨ª, en las conclusiones definitivas rebaj¨® su petici¨®n inicial de un a?o de prisi¨®n a s¨®lo cuatro de inhabilitaci¨®n especial, en aplicaci¨®n de la reforma de 1998. Puede parecer una pena ben¨¦vola, pero el C¨®digo Penal la incluye entre las graves, ya que impide el acceso a empleos p¨²blicos y becas y lastra a quien la recibe con la mancha de los antecedentes penales. Anticip¨¢ndose al previsible argumento de la defensa, la representante del ministerio p¨²blico record¨® que el Supremo, en una sentencia de junio pasado, ya aclar¨® que la provisionalidad del servicio militar, el hecho de encontrarse en fase terminal, no elimina su obligatoriedad.

Pero entre junio de 2000 y abril de 2001 ha variado una circunstancia esencial, replic¨® el defensor: la publicaci¨®n en el BOE del 10 de marzo del decreto que fija para el 31 de diciembre de este a?o la fecha de liquidaci¨®n de la mili. Ya no se trata de un compromiso pol¨ªtico, sino de una norma legal a plazo fijo. Y hay otra novedad importante, agreg¨®: el 29 de marzo se incorporaron al cuartel los ¨²ltimos reclutas forzosos, por lo que ya nadie puede hacerse insumiso y la negativa a cumplir el servicio militar se ha convertido en un 'delito imposible' de cometer.

Para justificar su petici¨®n de que la Audiencia de Madrid eleve una consulta al Constitucional, Zulueta aleg¨® que el bien jur¨ªdico que se pretende proteger ante los insumisos, la defensa nacional, ha quedado 'vac¨ªo de contenido', pues el Ej¨¦rcito ya no se nutre de reclutas forzosos, sino de profesionales.

Por ¨²ltimo, subray¨®, se vulnera el prinicipio de igualdad. M¨¢s de un mill¨®n de j¨®venes que disfrutaban de pr¨®rroga por estudios han pasado directamente a la reserva, sin cumplir el servicio militar ni la prestaci¨®n sustitutoria. Quienes les concedieron el aplazamiento sab¨ªan, agreg¨®, que en realidad les estaban librando de la mili. Entre los beneficiarios de esta medida, record¨® Zulueta 'como an¨¦cdota', est¨¢ el hijo mayor de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Pero adem¨¢s, insisti¨®, s¨®lo unos 14.000 j¨®venes de los 90.000 sorteados en noviembre se han incorporado a filas. Casi 40.000, seg¨²n cifras oficiales, se han hecho objetores y no cumplir¨¢n el servicio civil por falta de tiempo. Por ¨²ltimo, al menos 30.000 ni siquiera han dado se?ales de vida. 'Habr¨ªa que encausarlos', advirti¨® el abogado, 'si se aplica inflexiblemente la ley, lo que terminar¨ªa de colapsar los tribunales'.

Tras el visto para sentencia, Zulueta explicaba que el fin de la pena es prevenir el delito; pero si nadie puede cometerlo, si no se busca reinsertar al presunto delincuente ni ejemplificar con su castigo, se queda en pura venganza.