Una enmienda de ¨²ltima hora al Plan Hidrol¨®gico da m¨¢s dinero a Catalu?a
El reparto de compensaciones prima a la zona donde se capta el agua
El apoyo de los nacionalistas catalanes al Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN) no le ha salido gratis al Gobierno. Adem¨¢s de las compensaciones a las tierras del Delta del Ebro, una enmienda introducida a ¨²ltima hora en el proyecto de ley aprobado por el Congreso el pasado jueves dice que el reparto del 'canon ambiental' que reciban las autonom¨ªas del Ebro como compensaci¨®n tendr¨¢ en cuenta 'el ¨¢mbito territorial en el que se produzca la captaci¨®n de las aguas trasvasadas'. Catalu?a recibir¨¢ as¨ª m¨¢s dinero que el resto de las autonom¨ªas de la cuenca.
El texto original del PHN dec¨ªa que el 'canon ambiental' de cinco pesetas por cada metro c¨²bico de agua que cedan las autonom¨ªas del Ebro se repartir¨ªa entre todas 'con criterios de proporcionalidad en relaci¨®n a su superficie'. Por lo tanto, la m¨¢s beneficiada ser¨ªa Arag¨®n, seguida de Navarra, La Rioja, Cantabria, Pa¨ªs Vasco, Castilla y Le¨®n, Catalu?a y Castilla-La Mancha. Pero una enmienda de ¨²ltima hora introducida por el Gobierno a petici¨®n del grupo parlamentario catal¨¢n a?ade una coletilla que beneficia a Catalu?a. 'Tambi¨¦n se tendr¨¢ en cuenta el ¨¢mbito territorial en el que se produzca la captaci¨®n de las aguas trasvasadas', dice el p¨¢rrafo a?adido.
La captaci¨®n de las aguas para el trasvase de 1.050 millones de metros c¨²bicos anuales desde el Ebro al arco mediterr¨¢neo tiene lugar en Tarragona, en un tramo del r¨ªo a¨²n no precisado entre el azud de Xerta y su desembocadura, cerca de Amposta.
El pleno del Congreso del pasado jueves tambi¨¦n aprob¨® enmiendas al PHN que afectan a los usuarios y a quienes utilizan los r¨ªos como recipientes de sus vertidos. Una propuesta de modificaci¨®n del PSOE (la ¨²nica importante de la oposici¨®n admitida por el PP), obliga al Ministerio de Medio Ambiente a aplicar los precios del agua en funci¨®n 'siempre' del volumen que se consuma. Este sistema, tan obvio en los consumos dom¨¦sticos y en las zonas agrarias donde escasea el agua, es pr¨¢cticamente desconocido entre la mayor parte de los regad¨ªos espa?oles. La reforma de la Ley de Aguas, aprobada durante la etapa de Isabel Tocino, en la que se hablaba de implantar los contadores, no ha aportado ning¨²n avance porque Medio Ambiente no ha desarrollado a¨²n su reglamento.
La enmienda aceptada del PSOE fija plazos. Dice que las Confederaciones Hidrogr¨¢ficas o la Agencia Catalana del Agua 'determinar¨¢n los sistemas de control de los caudales concesionales y de los vertidos al dominio p¨²blico, as¨ª como el procedimiento de comunicaci¨®n y la inspecci¨®n'. Los concesionarios de derechos de uso quedar¨¢n obligados, en el plazo m¨¢ximo de cuatro a?os, a instalar contadores. No hacerlo se considerar¨¢ infracci¨®n grave. Su reiteraci¨®n, la cancelaci¨®n de la concesi¨®n del agua.
No consigui¨® el PSOE que le aceptaran la propuesta de que, en casos de excepcional sequ¨ªa, el Consejo de Ministros podr¨ªa autorizar el trasvase del Tajo para abastecer a Murcia y Alicante, aunque las reservas de Entrepe?as y Buend¨ªa, en Guadalajara y Cuenca, estuvieran por debajo de los 240 hect¨®metros c¨²bicos. Ten¨ªa la cl¨¢usula de 'previa autorizaci¨®n de Castilla-La Mancha'. El PP se plante¨® ampliar ese visto bueno al resto de zonas ba?adas por el Tajo, pero opt¨® por recurrir la Ley vigente, por la que el Gobierno puede aprobar por decreto un trasvase en casos excepcionales, como hizo el PSOE en la sequ¨ªa de 1992.
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