Integraci¨®n y falta de recursos

Pretender explicar los motivos por los cuales solamente una peque?¨ªsima parte del colectivo de personas con discapacidad en nuestro pa¨ªs no posee estudios universitarios es lo mismo que tratar de comenzar la construcci¨®n de un edificio por su tejado. Habr¨¢ que conocer primero todo el proceso educativo anterior y sus condiciones de desarrollo para tratar de entender este hecho.

No podemos estar satisfechos con lo que tenemos actualmente, pero esto no quiere decir que desconozcamos ni despreciemos los valores positivos que s¨ª se han producido en estos ¨²ltimos a?os.

De entre los logros alcanzados por el sector de las personas con discapacidad en nuestro pa¨ªs durante los ¨²ltimos veinte a?os, no cabe duda de que el que m¨¢s ha contribuido a cambiar nuestra realidad ha sido el de la integraci¨®n escolar. El Real Decreto 334/1985 de Ordenaci¨®n de la Educaci¨®n Especial se convirti¨® en la primera medida progresista, al poner en marcha el programa de integraci¨®n de alumnos con necesidades educativas especiales. De esta manera se materializaban las demandas sociales a favor de los derechos de las personas con discapacidad que durante a?os hab¨ªamos solicitado las organizaciones del sector, comprometidas con la defensa de la normalizaci¨®n, la autonom¨ªa y la igualdad de oportunidades, y se dejaban atr¨¢s ¨¦pocas llenas de desconocimiento hacia este colectivo.

Por primera vez, las personas con discapacidad ten¨ªan la sensaci¨®n de ser uno m¨¢s. El esp¨ªritu de la inserci¨®n en el sistema educativo general se basa claramente en los principios reflejados en la Ley de Integraci¨®n Social del Minusv¨¢lido (LISMI), de 1982, a¨²n vigente, y en aquel eslogan de la campa?a Mille Bambini Todos iguales, todos diferentes, en la que se nos invitaba a apreciar como un valor necesario el de la diversidad.

Despu¨¦s de todos estos a?os transcurridos, a¨²n son muchas las deficiencias que se observan y ¨¦stas se agrandan a medida que aumenta el nivel educativo. Si algo falla en la educaci¨®n primaria, sus carencias se suman a las dificultades objetivas que comporta la discapacidad, impidiendo a muchas personas culminar su ciclo educativo. Aun cuando la ley recoge, con el fin de equiparar a todas las personas sin exclusi¨®n, que se proporcionar¨¢n en cada caso los recursos que garanticen a todos los alumnos conseguir los objetivos educativos, la realidad dista mucho de esa afirmaci¨®n.

En la actualidad, podemos afirmar que la inmensa mayor¨ªa de las personas con discapacidad en edad escolar est¨¢n escolarizadas, ya sea en centros ordinarios o de educaci¨®n espec¨ªficos, pero, en cualquier caso, siguiendo una educaci¨®n integrada. Sin embargo, la reciente encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud establece que un 23% de las personas con minusval¨ªa entre los 6 y los 64 a?os no tiene estudios, y la cifra se dispara hasta el 48% en el caso de los mayores de 65 a?os.

Tras 15 a?os de experiencia, son muchos los an¨¢lisis, oficiales o no, que se han realizado sobre la integraci¨®n escolar. De todos ellos se desprende la necesidad de seguir trabajando para resolver algunas cuestiones no resueltas todav¨ªa, como, por ejemplo, las adaptaciones curriculares para aquellos alumnos con d¨¦ficit intelectual, o las ayudas t¨¦cnicas y la supresi¨®n de las barreras arquitect¨®nicas y de comunicaci¨®n para aquellos que tienen problemas de tipo f¨ªsico o sensorial. Igualmente faltan profesores de apoyo en los estudios posteriores a la educaci¨®n obligatoria, y la informaci¨®n y el conocimiento que existe en los centros escolares sobre deficiencias es todav¨ªa muy limitada. Con estos d¨¦ficit en las edades iniciales de formaci¨®n, resulta sorprendente que algunas personas puedan acceder a la universidad.

La reforma de la LOGSE marcaba claramente las pautas a seguir, pero una vez m¨¢s se repet¨ªa el proceso: normas precisas, pero sin dotaci¨®n econ¨®mica. En el siglo XXI no se puede seguir poniendo parches, como se hace en algunos casos; se trata de plantear seriamente verdaderos planes de actuaci¨®n y los procedimientos necesarios que permitan resolver, de una vez por todas, los problemas citados, y que imposibilitan llevar a cabo el proceso de una forma sencilla. No obstante, y afortunadamente, el proceso es imparable y, a¨²n con sus dificultades, ha contribuido decisivamente a la formaci¨®n de miles de ciudadanos con discapacidad.

Es necesario que las autoridades demuestren coraje pol¨ªtico para encarar una cuesti¨®n que ya se est¨¢ dilatando demasiado en el tiempo; la regulaci¨®n, por inmejorable que resulte, nunca resolver¨¢ el problema si no va acompa?ada de los recursos humanos y materiales precisos para encararla, y eso que estamos convencidos de que para cualquier sociedad no hay inversi¨®n m¨¢s rentable a largo plazo que la educaci¨®n, puesto que supone formar a los ciudadanos que la integrar¨¢n en el futuro y en ello se juega su propia supervivencia.

Mario Garc¨ªa S¨¢nchez es presidente de la Confederaci¨®n Coordinadora Estatal de Minusv¨¢lidos F¨ªsicos de Espa?a (Cocemfe).