Una reforma que apunta alto

La reforma de la justicia anunciada por el Gobierno del PP al inicio de la actual legislatura -hace ya m¨¢s de un a?o- se diferencia de otras en el pasado en varios aspectos. Tiene la pretensi¨®n de articularse en un pacto de Estado que implique al conjunto de fuerzas pol¨ªticas; goza de una cobertura presupuestaria cifrada en 250.000 millones de pesetas, lo que en principio la hace cre¨ªble, y es mucho m¨¢s ambiciosa, al menos sobre el papel, que cualquiera de las precedentes.

Parte, sin embargo, de una situaci¨®n de deterioro de la justicia que se ha ido agravando en los ¨²ltimos a?os. Desde la llegada del PP al poder, la velocidad de crucero alcanzada por los Gobiernos del PSOE en los a?os ochenta, con incrementos presupuestarios anuales pr¨®ximos al 20%, se ha ralentizado. La asignaci¨®n a la justicia apenas se mantiene en un escu¨¢lido 0,8% del presupuesto estatal, mientras que en Francia, por no hablar de la media europea, con una poblaci¨®n en un 50% superior a la espa?ola llega a m¨¢s del doble -el 1,65%.

El pariente pobre

La justicia ha acentuado su viejo papel de pariente pobre de los presupuestos del Estado, mientras que su demanda por parte de los espa?oles aumenta a?o a a?o -seis millones de asuntos en 2000-. Los 150.000 millones de pesetas del Ministerio de Justicia y los 50.000 de las autonom¨ªas con competencias judiciales transferidas apenas bastan para pagar la n¨®mina de los 3.500 jueces y 30.000 funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia. Se comprende que en los ¨²ltimos a?os hayan escaseado las inversiones en edificios y en mejoras de la oficina judicial y que el n¨²mero de asuntos pendientes -el atasco judicial- no disminuya.

A esta situaci¨®n de fondo debe responder la reforma presentada el 14 de febrero en el Congreso por el ministro de Justicia, ?ngel Acebes, y que negocia desde entonces con los partidos pol¨ªticos, especialmente el PSOE. Se trata de una reforma que no deja ning¨²n aspecto de la justicia por tocar: desde una planta y una demarcaci¨®n judiciales acordes con las necesidades actuales de poblaci¨®n hasta unos procedimientos modernos, pasando por oficinas informatizadas, servicios de atenci¨®n al ciudadano, niveles retributivos adecuados a la funci¨®n, formaci¨®n de los jueces y un largo etc¨¦tera. Ninguna fuerza pol¨ªtica podr¨ªa estar en desacuerdo con esos objetivos y ninguna se ha mostrado en contra. Pero su credibilidad descansa en un compromiso presupuestario permanente y no s¨®lo coyuntural.

En todo caso, hay aspectos que huelen a un judicialismo rancio como el intento de suprimir el jurado, pese a su buena aceptaci¨®n social, y de restringir el acceso a la judicatura por el tercer y cuarto turno -juristas con experiencia y de prestigio-, con el riesgo de acentuar la desertizaci¨®n judicicial denunciada por el presidente del Consejo del Poder Judicial, Javier Delgado, por no hablar del empe?o en entregar a los jueces el gobierno de este ¨®rgano constitucional.