La supresi¨®n del peaje de la B-30 reporta a ACESA 2.600 millones m¨¢s al a?o

El Gobierno central firm¨® un convenio con ACESA en el que ni siquiera se prev¨¦n descuentos por compras al por mayor.

El pacto establece que la Administraci¨®n del Estado indemnizar¨¢ a las concesionarias de autopistas por la p¨¦rdida de ingresos que suponga la baja o supresi¨®n de tarifas en algunos tramos. Una interpretaci¨®n optimista para el contribuyente permitir¨ªa pensar que las empresas cobrar¨ªan lo mismo que hab¨ªan dejado de ingresar, pero esa interpretaci¨®n qued¨® excluida porque el Gobierno acept¨® que las concesionarias cobrar¨ªan no por lo que ingresaban cuando hab¨ªa peaje, sino por los 'vol¨²menes de tr¨¢fico realmente registrados'.

Las rebajas de peaje se produjeron como consecuencia de la voluntad del Gobierno del PP de controlar la inflaci¨®n, y buscaban abaratar las autopistas en un 7% (equivalente al IVA pagado por los usuarios, que no pod¨ªa ser deducido, ante la oposici¨®n de la Uni¨®n Europea). La primera intenci¨®n del Gobierno era aplicar una rebaja lineal, pero luego opt¨® por concentrar en determinados tramos y no tocar el resto. Como consecuencia de ello, en Catalu?a se obtuvo la gratuidad de paso en la B-30 y en las circunvalaciones urbanas de Girona y Tarragona. El resultado ha sido la multiplicaci¨®n de los ingresos de la compa?¨ªa, ya que se ha triplicado el n¨²mero de coches que utilizan una v¨ªa que ahora es gratuita.

Antes de la entrada en vigor de esta norma, los laterales de la B-30 estaban congestionados y las calzadas centrales (que eran de pago), casi vac¨ªas. Ahora est¨¢n casi todas llenas y el paso de los veh¨ªculos por la autov¨ªa reporta mayores ingresos a la empresa.

Tambi¨¦n la Generalitat compensa a las autopistas cuyas concesiones son de su competencia. En total, el Gobierno catal¨¢n ha pagado 2.369 millones de pesetas por los descuentos aplicados por esas autopistas en el pasado a?o.

El portavoz de la Declaraci¨®n de Gelida, Jordi Carrillo, entiende que estas cifras muestan con claridad que ni el Gobierno central ni el de la Generalitat han negociado con las concesionarias pensando en los intereses de los ciudadanos. Los excedentes de beneficios deber¨ªan aplicarse, seg¨²n Carrillo, a una pol¨ªtica de reequilibrio de los peajes que beneficie a los usuarios y no a las concesionarias.

En el caso de las autopistas que dependen de la Generalitat, todas las ofertas que hacen las concesionarias para fidelizar a los usuarios (descuentos a partir de un n¨²mero m¨ªnimo de pagos) van a cargo del Gobierno catal¨¢n, que tampoco consigui¨® descuentos por mayorista. Este criterio de descuento por comprar muchos viajes fue el utilizado por la Autoridad del Transporte Metropolitano para negociar la integraci¨®n tarifaria de Renfe. No ocurri¨® as¨ª al negociar con las autopistas.

S¨®lo hay una v¨ªa de peaje que ofrece descuentos y que no los cobra al erario p¨²blico: los t¨²neles de Vallvidrera. Pero una parte de las rebajas de esta v¨ªa s¨ª van a cargo de la Generalitat, que ha pagado a Tabasa 122 millones de pesetas por el a?o 2000.

El resto de peajes dependientes de la Generalitat han generado diversas cantidades para las concesionarias. En el caso de la barrera de Mollet, ACESA ha obtenido 373 millones; Aucat, que gestiona la autopista del Garraf, ha ingresado 784 millones; Autema (Terrassa-Manresa) ha percibido 928 millones. Finalmente, los descuentos del t¨²nel del Cad¨ª han supuesto 161 millones para el erario p¨²blico.

El diputado Joan Boada (IC-V), al conocer estos datos, explic¨®: 'Como todos los gobiernos conservadores, el del PP y el de CiU piensan m¨¢s en las empresas que en el conjunto de los ciudadanos. En alguna ocasi¨®n parece que las normas las hagan las concesionarias o sus principales accionistas', dijo en referencia a La Caixa, principal accionista de ACESA. El diputado socialista Manel Nadal, por su parte, cree que ya es hora de empezar a compensar a la sociedad por la ruptura del equilibrio econ¨®mico-financiero de las concesionarias.