El discurso real y la responsabilidad pol¨ªtica

Uno de los usos constitucionales de la democracia espa?ola consiste en que las manifestaciones p¨²blicas del jefe del Estado no han de entrar en contradicci¨®n con la pol¨ªtica del Gobierno de la naci¨®n. Este principio no escrito aconseja que sea precisamente el Ejecutivo el que suministre el material para los discursos del Monarca, que, de alguna forma, renuncia as¨ª a tener voz propia en determinados asuntos. Por ello, la responsabilidad pol¨ªtica de lo que en estas intervenciones se diga recae exclusivamente sobre el Gobierno.

En consecuencia, no se equivoc¨® el Rey cuando el pasado 23 de abril, durante la lectura del discurso pronunciado en el acto de entrega del Premio Cervantes, afirm¨® que el castellano nunca hab¨ªa sido lengua de imposici¨®n. Fue el sentido de la responsabilidad del Monarca el que le hizo leer un texto que ven¨ªa avalado desde el Ministerio de Cultura. Pero s¨ª se equivocaron, y gravemente, quienes redactaron el discurso y quienes, en el Gobierno, deb¨ªan haber valorado la falsedad hist¨®rica que encierra la frase, as¨ª como el enorme error que supone introducirla en una intervenci¨®n p¨²blica del jefe del Estado.

Porque es evidente que todas las lenguas en s¨ª mismas constituyen un veh¨ªculo de comunicaci¨®n y un factor trascendental en cualquier proceso de integraci¨®n social. Pero muy distinto es el uso -o abuso- que de ellas haga el poder pol¨ªtico y administrativo, cuando decide imponerlas en contra de la voluntad de los pueblos. Y es innegable que dicha imposici¨®n se produjo tanto en Espa?a como en Am¨¦rica respecto al uso del castellano. Sin embargo, el gran encuentro constitucional de 1978, cuyos valores representa este rey de Espa?a, vino a cerrar este proceso reconociendo y amparando las diversas lenguas oficiales del Estado. Y es exclusivamente en este sentido, respecto al Rey y la distinci¨®n entre el valor de la lengua y su uso, que puede ser autoritariamente impuesto, como deben entenderse las manifestaciones del portavoz del socialista que firma este art¨ªculo.

Aunque, m¨¢s que de un error por parte del Gobierno, las posteriores declaraciones del se?or Aznar, neg¨¢ndose a rectificar y acusando de 'flojera' pol¨ªtica a quienes hab¨ªan osado criticar la frase del discurso, inducen a creer que se trata de una maniobra absolutamente premeditada, y no de un mero desliz. As¨ª, de la misma manera que el ministro de Justicia introduc¨ªa al jefe del Estado en sus penosos argumentos en contra de la revisi¨®n del indulto a un juez prevaricador, desde el Gobierno se tratar¨ªa, en este caso, de utilizarlo de forma partidista en plena campa?a electoral vasca. Y, por si quedaba alguna duda acerca de la autor¨ªa del discurso, la propia ministra de Cultura, en un derroche de arrogancia iletrada, vino a dejar claro qui¨¦n lo inspir¨®: negar, como hizo la se?ora Del Castillo, que, durante varias d¨¦cadas de nuestro pasado reciente, en Espa?a se prohibi¨® hablar en catal¨¢n, euskera o gallego, demuestra, o bien una ignorancia intolerable en el m¨¢ximo responsable de la pol¨ªtica cultural del Gobierno, o bien un cinismo hiriente para la memoria hist¨®rica de muchos espa?oles. Por supuesto, despu¨¦s no han faltado fieles seguidores, como el flamante director del Instituto Cervantes, dispuestos a justificar el cargo con declaraciones de apoyo incondicional.

Por todo ello, es preciso denunciar los intentos de manipulaci¨®n de la figura del Rey que desde el Partido Popular se est¨¢n realizando, y recordar que don Juan Carlos se ha distinguido por su absoluto respeto hacia la pluralidad ling¨¹¨ªstica del Estado espa?ol. Un respeto que, lamentablemente, no se encuentra en un partido cuyos m¨¢ximos dirigentes se permiten afirmar que el euskera es una lengua de museo, o que sonre¨ªan complacidos ante sus seguidores cuando ¨¦stos, en plena euforia por un triunfo electoral, exhortaban al presidente de la Generalitat de Catalu?a a expresarse en castellano, insulto incluido.

Lo que se percibe con claridad detr¨¢s de estas actitudes es la concepci¨®n homog¨¦nea y centralista que el Partido Popular tiene del Estado, as¨ª como un notable desprecio por la riqueza y variedad cultural que contempla y protege la Constituci¨®n Espa?ola. Sin duda, nadie les niega el derecho a seguir considerando Espa?a como Una, Grande y Libre, pero resulta inadmisible que para defender su modelo centralista traten de instrumentalizar a una de las altas instituciones de la naci¨®n.

Carmen Chac¨®n. Secretaria de Educaci¨®n, Universidad, Cultura e Investigaci¨®n del PSOE. Jes¨²s Caldera. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.