El Tribunal Superior investiga al juez que otorga el tercer grado a los presos de Picassent

La causa abierta contra el juez de Vigilancia Penitenciara de Valencia ha prosperado tras un larga, exhaustiva y secreta investigaci¨®n de sus actuaciones. La investigaci¨®n sobre Ernesto Alberola iniciada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre la que est¨¢ decretado el secreto de sumario, pretende determinar si ha existido un delito continuado de prevaricaci¨®n por parte del juez.

Hasta que el Tribunal Superior de Justicia valenciano no comunique su resoluci¨®n y el contenido de su investigaci¨®n al Consejo General del Poder Judicial, este ¨®rgano no tendr¨¢ conocimiento de c¨®mo van las diligencias ni podr¨¢ tomar una decisi¨®n, tal como afirmaron ayer dos miembros del m¨¢ximo ¨®rgano de los jueces. Sin embargo, algunos vocales tienen ya conocimiento de forma oficiosa de que existen serias dudas sobre la actuaci¨®n del juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia.

Los terceros grados, que permiten al preso ir a la c¨¢rcel s¨®lo a dormir, son propuestos semestralmente por la junta de tratamiento de las prisi¨®n a la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias, que lo otorga o lo deniega, sin que exista un m¨ªnimo de cumplimiento de pena para poder acceder a la semilibertad. Si la resoluci¨®n es denegatoria, el recluso puede recurrir al juez de vigilancia. La decisi¨®n de ¨¦ste, a su vez, puede ser cuestionada por el fiscal de vigilancia, por lo que la decisi¨®n final recae en las audiencias provinciales.

Durante el a?o 2000, el 85% de las peticiones de r¨¦gimen abierto fueron dadas por buenas por el juez de Vigilancia Penitenciaria. De ellas, el 90% fueron revocadas tras prosperar el recurso presentado por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, que las consider¨® irregulares. Las peticiones revocadas presentaban, seg¨²n han asegurado fuentes del caso, 'irregularidades manifiestas'.

Elevadas minutas

Fuentes penitenciarias aseguran que el perfil de los presos que han contratado los servicios de los seis abogados es el de delincuentes profesionales relacionados con el tr¨¢fico de drogas, con la suficiente capacidad econ¨®mica como para afrontar una minuta que oscila entre las 600.000 pesetas y los dos millones para tratar de lograr un tercer grado.

Las mismas fuentes informan de que la 'supuesta ligereza' del juez de Vigilancia Penitenciaria no se reduce al ¨²ltimo a?o. Ernesto Alberola lleva casi una d¨¦cada al frente de ese juzgado, cuya responsabilidad es el centro penitenciario de Picassent.

Los primeros problemas se detectaron hace casi cuatro a?os. El detonante que ha hecho que el caso llegue a manos del Tribunal Superior de Justicia ha sido el balance del a?o pasado. Desde enero, mes en que se inici¨® la investigaci¨®n, el juez ha otorgado m¨¢s de 60 reg¨ªmenes abiertos, de los que 40 han sido recurridos ya por el fiscal.

Esta situaci¨®n ha afectado al funcionamiento de la Junta de Tratamiento de Picassent, ya que el juez, seg¨²n fuentes penitenciarias,.ha hecho caso omiso de los informes elaborados por los miembros de ese ¨®rgano. Los recursos contra denegaciones de r¨¦gimen abierto que han llevado los seis abogados mencionados -que mayoritariamente trabajan con presos de Picassent- han recibido informes negativos de la citada junta, cuyo contenido ha sido ignorado por el juez al dictar su resoluci¨®n.

Fuentes pr¨®ximas a la Junta han subrayado la 'sensaci¨®n de burla contin¨²a' que sienten los profesionales ante esa pr¨¢ctica judicial. La concesi¨®n de los reg¨ªmenes abiertos ha sido tambi¨¦n denunciada de forma an¨®nima por voluntarios que trabajan en la prisi¨®n valenciana, as¨ª como por funcionarios.