Derechos fundamentales

El 7 de diciembre de 2000, los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisi¨®n Europea firmaron y proclamaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni¨®n Europea, un texto que, por primera vez en la historia de la Uni¨®n Europea, recoge el conjunto de los derechos civiles, pol¨ªticos, econ¨®micos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Uni¨®n. La Carta, adem¨¢s de delimitar un espacio pol¨ªtico com¨²n, consolida un cat¨¢logo de valores y derechos fundamentales como la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadan¨ªa y la justicia. Este novedoso texto refuerza tanto el concepto de ciudadan¨ªa comunitaria, convirtiendo al ciudadano en protagonista de la construcci¨®n europea, como la protecci¨®n de los citados derechos en una sociedad que est¨¢ marcada por la evoluci¨®n, el progreso social y los avances cient¨ªficos y tecnol¨®gicos, pero tambi¨¦n por la competitividad, la globalizaci¨®n y la universalidad del g¨¦nero humano.

En todo caso, la Carta de los Derechos de la UE no establece criterios respecto a la organizaci¨®n de los poderes p¨²blicos en el ¨¢mbito nacional, regional y local, lo que indudablemente dar¨¢ lugar a disparidades de interpretaci¨®n, de concreci¨®n y de aplicaci¨®n de las respectivas competencias pol¨ªticas de cada Gobierno. No cabe duda que, en este contexto de extensi¨®n y generalizaci¨®n de la Uni¨®n Europea, la inmigraci¨®n constituye un fen¨®meno estructural de progreso que forma parte de la realidad econ¨®mica, social y cultural de una gran parte de los actuales pa¨ªses miembros.

Por ello, en una materia como la inmigraci¨®n que es de inter¨¦s general para la poblaci¨®n, los representantes de la ciudadan¨ªa deben hacer un esfuerzo pedag¨®gico ¨²nico, al margen de toda batalla pol¨ªtica, para conseguir una doble apertura y una identidad com¨²n de la sociedad. La poblaci¨®n receptora debe considerar al inmigrante no s¨®lo como una fuerza de trabajo, como un factor econ¨®mico necesario para el desarrollo, sino que ha de tratarlo como un ser humano, con su historia, sus creencias, su cultura, sus aspiraciones, sus derechos y sus obligaciones. Mientras, la poblaci¨®n inmigrante debe esforzarse por integrarse en esa sociedad que lo recibe, debe aceptar una nueva cultura, unos valores y una manera de vivir diferente a la de sus pa¨ªses de origen, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. La posici¨®n contraria ser¨ªa la del doble cierre, lo que nos conducir¨ªa al desprecio de nuestros semejantes, a la exaltaci¨®n de los prejuicios, a la exclusi¨®n y al fomento de todo tipo de actitudes racistas y xen¨®fobas.

La inmigraci¨®n es un fen¨®meno complejo al que existen diversas maneras de aproximarse. Una, la menos ¨¦tica, porque pervierte los valores democr¨¢ticos y alienta las peores pasiones en la poblaci¨®n receptora, consiste en problematizar el hecho mismo de la migraci¨®n. Otra, m¨¢s pragm¨¢tica, pero insuficiente desde el punto de vista de los derechos humanos, es la del enfoque economicista del que ya hemos adelantado algunos aspectos; abordar la inmigraci¨®n como factor de actividad y crecimiento econ¨®mico puede ser una visi¨®n de 'ego¨ªsmo inteligente', pero no resuelve la desigualdad de acceso al ejercicio de los derechos fundamentales. La tercera forma de actuar ser¨ªa con una perspectiva unilateral meramente humanitarista, que no considera a la inmigraci¨®n un fen¨®meno de interacci¨®n entre poblaci¨®n receptora y poblaci¨®n inmigrante.

Frente a estas tres interpretaciones, existe un modo de abordar la pol¨ªtica de inmigraci¨®n que arranca desde una visi¨®n integral del fen¨®meno, cuyo fin ¨²ltimo es el de la plena incorporaci¨®n econ¨®mica, laboral, social y cultural del inmigrante en la sociedad receptora. Y hablamos de integral cuando hacemos alusi¨®n al dise?o y a la aplicaci¨®n de una pol¨ªtica de inmigraci¨®n que act¨²a conjuntamente desde diferentes ¨¢reas y que contempla a la poblaci¨®n inmigrante y a la poblaci¨®n receptora como un todo, donde las personas tienen que ejercer sus derechos y libertades fundamentales, as¨ª como sus obligaciones, en condiciones de igualdad.

En este marco de referencia se encuadra el Plan Integral para la Inmigraci¨®n en Andaluc¨ªa que el Gobierno andaluz ha elaborado, un instrumento de planificaci¨®n de todas las pol¨ªticas de la Junta de Andaluc¨ªa en materia de inmigraci¨®n con el que se espera alcanzar el mayor grado posible de acuerdo pol¨ªtico y de consenso social. El Gobierno andaluz tiene atribuidas por mandato constitucional y estatutario una serie de competencias dirigidas a facilitar la prestaci¨®n de servicios b¨¢sicos a los ciudadanos, tales como la asistencia sanitaria, la educaci¨®n, los servicios sociales, la vivienda, las pol¨ªticas activas de empleo, la atenci¨®n al menor, a los j¨®venes y el fomento de la igualdad de g¨¦neros. La poblaci¨®n inmigrante constituye un colectivo definido que encuentra especiales dificultades para ejercer muchos de los citados derechos, as¨ª como para disfrutar de dichos servicios.

Andaluc¨ªa, como frontera y zona de paso de la poblaci¨®n inmigrante hacia Espa?a y Europa, debe contemplar este fen¨®meno como un tema de 'inter¨¦s general'. Todas las fuerzas pol¨ªticas y sociales debemos establecer estrategias de coordinaci¨®n para provocar un efecto movilizador y de sensibilizaci¨®n de la ciudadan¨ªa andaluza como sociedad de acogida. El hecho de que Andaluc¨ªa sea frontera europea fundamenta la propuesta de activar el papel de los organismos regionales de la UE, especialmente el del Comit¨¦ de las Regiones, para el dise?o de una pol¨ªtica com¨²n.

En nuestra regi¨®n, la inmigraci¨®n se caracteriza por su ubicaci¨®n heterog¨¦nea, que se manifiesta en una alta concentraci¨®n en puntos muy localizados. Podemos decir que el total de extranjeros no comunitarios estimados, con y sin permisos, se sit¨²a en las 90.000 personas, es decir, un 1,5 % de la poblaci¨®n total andaluza. Conviene no olvidar que los inmigrantes vienen a nuestra tierra porque conf¨ªan encontrar entre nosotros los niveles de bienestar econ¨®mico y social que no poseen en sus pa¨ªses de origen. Debemos actuar por tanto desde una ¨®ptica realista, solidaria, con voluntad de integraci¨®n y con sentido de la anticipaci¨®n, ya que, sin duda, la inmigraci¨®n constituye unos de los retos m¨¢s importantes que tiene la sociedad andaluza para los pr¨®ximos a?os. Es cierto que cada sociedad reacciona seg¨²n su historia y su visi¨®n del presente y del pasado. Los andaluces debemos tener memoria hist¨®rica; no podemos olvidar que los inmigrantes fuimos nosotros.

La diferencia constituye un problema cuando se olvida la tolerancia, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. Desde los poderes p¨²blicos, desde la escuela, desde los medios de comunicaci¨®n y con la colaboraci¨®n de todos los agentes econ¨®micos y sociales, es preciso cambiar los estereotipos y educar a la sociedad, y ensalzar entonces las semejanzas entre las personas y la riqueza moral que aporta una construcci¨®n social basada en el mestizaje.

Desde la Junta de Andaluc¨ªa estamos convencidos de que ¨¦sta es la pol¨ªtica que, aplicada con tenacidad y constancia, con equilibrio y mesura, con valent¨ªa y firmeza, mejor garant¨ªa presenta para la plasmaci¨®n en nuestra tierra de los derechos y valores consagrados por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en su relaci¨®n con la inmigraci¨®n, ya que responde de manera m¨¢s racional y radical al imperativo moral que subyace en un aut¨¦ntico sistema democr¨¢tico: crear las condiciones para la efectiva igualdad de todos y la consecuci¨®n de su pleno desarrollo personal.

Alfonso Perales Pizarro es consejero de Gobernaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa