La Generalitat rectifica y decide seguir en las telecomunicaciones

El objetivo del Gobierno catal¨¢n es mantener una participaci¨®n del 5% en ambas sociedades. Si s¨®lo lleva a cabo una desinversi¨®n parcial, no deber¨¢ dar explicaciones al Parlament. El Gobierno catal¨¢n ha reiterado en m¨²ltiples ocasiones que a lo largo de este a?o se desprender¨ªa de sus participaciones en el sector de las telecomunicaciones.

Seg¨²n las valoraciones efectuadas por las empresas a las que se adjudicaron la empresa al-pi -la antigua Catalana de Telecomunicacions, controlada en un 75% por Uni2- y el operador Tradia -la antigua Sociedad de Difusi¨®n Digital, en la que ACESA acapara un 87% del capital-, la Generalitat podr¨ªa obtener con la venta de sus acciones casi 8.000 millones de pesetas.

El 25% que mantiene en al-pi vale algo m¨¢s de 2.000 millones, seg¨²n la Administraci¨®n, y el 13% de Tradia podr¨ªa reportarle 5.400 millones, seg¨²n la valoraci¨®n que hizo Deutsche Bank de este operador cuando fue privatizado.

El conseller en cap, Artur Mas hab¨ªa, dejado claro que el dinero que se obtuviera por la venta de estas participaciones se destinar¨ªa a la Corporaci¨®n Catalana de Radio y Televisi¨®n.

Sin embargo, los planes han cambiado. 'Nuestra intenci¨®n es mantener una parte peque?a de las acciones, alrededor de un 5% en ambos casos', informaron fuentes de la Generalitat, 'porque las torres de Tradia son nuestras -est¨¢n alquiladas a la empresa- y porque al-pi nos lleva la red corporativa'.

El Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat est¨¢ representado en los consejos de administraci¨®n de ambas empresas, con un miembro (Josep Grau) en el caso de Tradia y con dos (Pere Vila y Jordi Alviny¨¤) en el caso de al-pi. La Generalitat conf¨ªa en mantener a sus representantes si se queda con una participaci¨®n.

Los socialistas, que han insistido en que el dinero por la venta de estos paquetes de acciones se destine al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones en Catalu?a, en vista del retraso que esta comunidad arrastra en este terreno, considera que 'no tendr¨ªa sentido' que se mantuviera la presencia p¨²blica en empresas privatizadas en un mercado liberalizado.

Pero la Generalitat tiene las manos libres para no dar explicaciones. La ley de la empresa p¨²blica de 1985, con la modificaci¨®n que se introdujo en 1997, deja claro que ¨²nicamente es aplicable a las sociedades en las que tenga un 5% del capital. Seg¨²n recoge dicha ley, la Generalitat ¨²nicamente deber¨¢ informar ante el Parlament de los casos en los que se disuelva la empresa en cuesti¨®n o cuando pase de tener la mayor¨ªa de las acciones a quedarse en minor¨ªa. Es decir, en supuestos que no se contemplan ni en el caso de al-pi ni en el de Tradia.