El Constitucional reduce de tres a dos a?os la pena del ex senador Sala por el 'caso Filesa'

Las cinco sentencias dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional no tendr¨¢n repercusi¨®n sobre la situaci¨®n personal de los principales condenados por la Sala Penal del Tribunal Supremo el 28 de octubre de 1997. La anulaci¨®n del delito de falsedad en documento mercantil por el que fue condenado el ex senador Sala, elimina las penas de un a?o de c¨¢rcel y 100.000 pesetas de multa que se le impusieron por el mismo.

Subsiste el delito de asociaci¨®n il¨ªcita por el que fue condenado Sala a dos a?os de prisi¨®n, seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n especial y multa de 250.000 pesetas, pero dado el cumplimiento de la pena de privaci¨®n de libertad con redenci¨®n de pena por el trabajo que inici¨® a finales de 1997, no tendr¨¢ que reingresar en prisi¨®n, a pesar de que el Constitucional, al admitir a tr¨¢mite el recurso de amparo, suspendi¨® la parte de la pena que le quedaba por cumplir.

Ninguno vuelve a prisi¨®n

Tampoco volver¨¢n a la c¨¢rcel, a pesar de haber desestimado el Tribunal Constitucional sus respectivos recursos de amparo, el ex diputado socialista, Carlos Navarro, condenado en total a 11 a?os de c¨¢rcel; el ex gestor de Filesa Alberto Flores y el ex administrador de la misma entidad, Luis Oliver¨®, ambos condenados cada uno a 10 a?os de prisi¨®n.

Navarro, Flores y Oliver¨® solicitaron el perd¨®n del Gobierno, que les indult¨® de la mitad de las respectivas penas de c¨¢rcel el 1 de diciembre de 2000, junto a otros 1.440 indultos. Flores qued¨® en libertad ese mismo mes de diciembre, mientras Navarro y Oliver¨® quedaron en libertad en febrero de 2001.

De los cinco recursos de amparo resueltos por las respectivas sentencias notificadas anoche -en total, 235 folios-, ha sido ponente el magistrado Julio Diego Gonz¨¢lez Campos. Fueron interpuestos por Sala, Navarro, Oliver¨®, Flores y, conjuntamente, por los tambi¨¦n condenados Aida ?lvarez, ex coordinadora de fianzas socialista, y su compa?ero Miguel Molledo.

Como en el caso de Sala, el Constitucional suspendi¨® a ?lvarez y Molledo la parte de la pena que le quedaba por cumplir del total de dos a?os y cuatro meses impuesto a cada uno. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, aunque la decisi¨®n corresponder¨¢ al Supremo, no es probable que reingresen en prisi¨®n.

La desestimaci¨®n de la gran mayor¨ªa de las peticiones de amparo deja en pie la fundamentaci¨®n jur¨ªdica de las condenas que en su d¨ªa hizo el Tribunal Supremo, seg¨²n el cual las empresas Filesa, Time Export y Malesa "se constituyeron, efectivamente, como grupos que buscaban, como fin claro y ¨²ltimo, ayudar al partido pol¨ªtico [al PSOE] en todo cuanto pudiera suponer su financiaci¨®n", incluido "un concierto previo" entre Sala, Navarro, Oliver¨® y Flores "con la intenci¨®n de llevar a cabo lo que supon¨ªa una evidente infracci¨®n penal (...), aunque otros muchos delitos surgieran en el transcurso de las numerosas actividades llevadas a cabo por aquellas sociedades".

La factura no falsificada

En cambio, respecto a la condena de Sala por un delito de falsedad documental, relacionado con una factura por importe superior a 19 millones de pesetas, fechada el 19 de julio de 1988 y cobrada ala compa?¨ªa Focsa, el Tribunal Constitucional aplica el principio de presunci¨®n de inocencia y exculpa al recurrente. La sentencia reprocha al Supremo que "carec¨ªa de una prueba de cargo directa para acreditar que el recurrente intervino, como inductor incluso, en la confecci¨®n, emisi¨®n y cobro de la factura".

El Tribunal se?ala que incluso el testigo principal del caso, el contable chileno Carlos van Schouwen, "mantuvo que ni siquiera conoc¨ªa" a Sala, "ni lo vio jam¨¢s en las oficinas de la empresa". La sentencia recuerda tambi¨¦n que "el acusado neg¨® siempre su participaci¨®n en los hechos".

El Constitucional razona seguidamente que "de la prueba documental no se desprende la intervenci¨®n del recurrente en la creaci¨®n de la factura, ni en el encargo del informe, ni en su cobro". Argumenta, adem¨¢s, que "ninguno de los otros acusados le imputaron esta conducta". Y finalmente, el Tribunal aduce que "tampoco se utiliza en la sentencia la prueba documental directamente referida a este acusado (los documentos obtenidos en registros) para acreditar la participaci¨®n del recurrente en estos hechos".