El Gobierno se niega a entregar al Parlamento el contrato de venta de Santa B¨¢rbara a EE UU

El Grupo Socialista est¨¢ estudiando las medidas a tomar ante lo que considera un hecho muy grave, que priva al Congreso de la posibilidad de cumplir su funci¨®n de control del Gobierno.

En opini¨®n de Marsal, los argumentos esgrimidos por el Gobierno resultan insostenibles, pues se trata de una empresa p¨²blica, cuya cartera de pedidos, superior a los 300.000 millones de pesetas, corresponde casi en exclusiva a contratos con el Estado y a la que, adem¨¢s, hay que inyectar m¨¢s de 25.000 millones antes de venderla por s¨®lo 800.

En respuesta a su solicitud de que se le entregue el contrato, el Gobierno dice que 'existen fundadas razones que justifican la no entrega' del mismo. 'Se trata', agrega, 'de un documento que afecta a terceros protegidos por la legislaci¨®n aplicable al efecto'. En concreto, cita el art¨ªculo 32 del C¨®digo de Comercio, pero ¨¦ste no se refiere a los contratos de compraventa, y menos de empresas p¨²blicas, sino a la 'contabilidad de los empresarios' y al acceso a la mismas en los procesos de sucesi¨®n, suspensi¨®n de pagos, quiebras, liquidaciones o suspensi¨®n de empleo.

M¨¢s sorprendente resulta el segundo argumento que esgrime el Gobierno para negar la documentaci¨®n al Congreso. 'El propio contrato de compraventa', sostiene, 'incluye una cl¨¢usula de confidencialidad que impide que su contenido sea divulgado'.

Dicha cl¨¢usula, la octava, dice textualmente, seg¨²n la respuesta parlamentaria: 'Las partes se comprometen a no dar publicidad alguna al contenido de este contrato, garantizando su confidencialidad, con la excepci¨®n de las actuaciones necesarias para la obtenci¨®n de las autorizaciones pertinentes y para el cumplimiento de la normativa sobre privatizaciones'. Se da as¨ª la paradoja de que el Gobierno se escuda para negar informaci¨®n en que se lo impide una cl¨¢usula que ¨¦l mismo ha negociado.

Ni siquiera en el caso de que el contrato firmado con General Dynamics estuviera clasificado legalmente como secreto, lo que no es el caso, podr¨ªa el Gobierno negar su conocimiento al Parlamento. Como m¨ªnimo, deber¨ªa remitirlo a la Comisi¨®n de Secretos Oficiales, de forma que el acceso se limitara a los diputados que forman parte de la misma.

Garant¨ªa de discreci¨®n

Se da adem¨¢s la circunstancia de que existe en el Congreso una subcomisi¨®n sobre privatizaciones que se re¨²ne a puerta cerrada, por lo que la confidencialidad est¨¢ garantizada, y a la que tampoco se ha entregado el contrato. El presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, que compareci¨® el mi¨¦rcoles ante esa subcomisi¨®n, dijo que tiene toda la documentaci¨®n sobre las privatizaciones pero que es al Gobierno al que corresponde decidir si pueden conocerla los diputados.

La privatizaci¨®n de Santa B¨¢rbara ha estado rodeada de una fuerte pol¨¦mica desde que el consejo de administraci¨®n de la SEPI decidi¨® el 12 de abril de 2000, con el Gobierno en funciones, venderla a General Dynamics. La decisi¨®n pon¨ªa en entredicho la pol¨ªtica de construir una industria europea de Defensa y la propia continuidad del programa de los carros de combate Leopard, cuya patente es propiedad del consorcio alem¨¢n derrotado, que formaban Krauss Maffei-Wegmann y Rheinmetall.

Las presiones del Gobierno alem¨¢n obligaron a suspender la privatizaci¨®n durante casi un a?o, hasta que el Consejo de Ministros dio su visto bueno el pasado 30 de marzo. Ferreras sostuvo el 24 de abril en el Congreso que la oferta norteamericana era mucho mejor que la germana, ya que la primera costar¨¢ a las arcas p¨²blicas 25.600 millones de pesetas y la segunda habr¨ªa supuesto un desembolso de 69.300.

Adem¨¢s, seg¨²n la versi¨®n oficial, General Dynamics se compromet¨ªa a mantener durante cinco a?os la totalidad de la plantilla (2.022 personas), invertir 9.983 millones y aportar pedidos por 13.800. El incumplimiento de lo firmado conllevar¨ªa multas de hasta 6.000 millones.

Para comprobar el alcance de todos estos compromisos, y su solidez jur¨ªdica, es para lo que el PSOE solicit¨® el contrato.

La transferencia de Santa B¨¢rbara a General Dynamics, aunque aprobada por el Gobierno hace m¨¢s de dos meses, a¨²n no se ha consumado -est¨¢n pendientes de pactar los ¨²ltimos detalles-, y se espera que tenga lugar en julio, seg¨²n la SEPI.