Independientes y responsables

La situaci¨®n que atraviesa la Sindicatura de Comptes de Catalu?a plantea algunos interrogantes. Son los que afectan a las llamadas 'autoridades o agencias independientes'. Tales instituciones han crecido en n¨²mero, competencias y recursos. Se ocupan de aspectos muy sensibles de la actividad pol¨ªtica. No s¨®lo tratan de la auditor¨ªa de las cuentas p¨²blicas, como corresponde a nuestra Sindicatura de Comptes. En manos de autoridades que no han sido directamente elegidas por la ciudadan¨ªa est¨¢n tambi¨¦n el control de la constitucionalidad, el gobierno de los jueces o la vigilancia sobre las administraciones que ejercen el Defensor del Pueblo o el S¨ªndic de Greuges. En el orden econ¨®mico, hay que a?adir la pol¨ªtica monetaria y la regulaci¨®n o supervisi¨®n de asuntos clave en nuestras sociedades: la competencia empresarial, el mercado de valores, los seguros, las telecomunicaciones, la energ¨ªa, el transporte, los medios de comunicaci¨®n, la protecci¨®n de datos personales, la seguridad nuclear, etc¨¦tera.

Esta relaci¨®n de materias es suficientemente ilustrativa del espacio pol¨ªtico que tales autoridades han ido ocupando. Aunque su modo de intervenci¨®n es diverso -a veces arbitran, en otros casos fiscalizan o regulan-, un experto polit¨®logo ha escrito que 'si queremos saber c¨®mo se deciden hoy las pol¨ªticas p¨²blicas m¨¢s importantes, hemos de estudiar poco el gobierno y todav¨ªa menos el Parlamento: hemos de mirar sobre todo a estas agencias y a sus decisiones'.

?C¨®mo explicar esta expansi¨®n? Cabe atribuirla a la inadaptaci¨®n de las instituciones centrales del Estado liberal-democr¨¢tico -Parlamento, Ejecutivo- para tratar cuestiones de gran complejidad t¨¦cnica, con impacto a largo plazo y m¨¢s all¨¢ de los ciclos electorales. Es tambi¨¦n producto de la desconfianza ante los partidos y la clase pol¨ªtica, poco fiables -al parecer- para decidir en materias tan delicadas. Se supone, en cambio, que los titulares de estas autoridades acumulan una neutralidad y una pericia t¨¦cnica que los representantes pol¨ªticos no tienen. Se les presume tambi¨¦n la virtud personal que protege de todo sesgo ideol¨®gico o partidista. De esta manera, decisiones de gran alcance social quedan sometidas a la influencia de organismos, alejados -en mayor o menor medida- de la voluntad popular.

Lo que justifica la existencia de estas autoridades es su presunta independencia. Para asegurarla, sus titulares deben ser seleccionados entre personas sin vinculaci¨®n directa con partidos o grupos de inter¨¦s, del tal manera que resulten invulnerables a las seducciones que amenazan a otros actores pol¨ªticos. Una v¨ªa para conseguirlo es la designaci¨®n parlamentaria -exclusiva o parcial- por una mayor¨ªa cualificada y para mandatos que superen la duraci¨®n de un ciclo electoral.

Con todo, la experiencia muestra que esta designaci¨®n se somete a menudo a un reparto de cuotas: cada partido 'se apropia' de uno o varios de dichos puestos en funci¨®n de su fuerza parlamentaria o de los pactos que establece con los dem¨¢s. En ocasiones, es m¨¢s decisivo para ocupar el puesto un buen apoyo partidista que una gran calificaci¨®n t¨¦cnica. Mal comienzo para asegurar la credibilidad y la pretendida independencia de la instituci¨®n y de sus titulares. A la vez, se quiere fortalecer esta independencia, dificultando la revocaci¨®n de dichos titulares, salvo en el caso extremo de la inhabilitaci¨®n por condena penal.

Pero esta necesaria independencia debe combinarse con un ejercicio eficiente y responsable de sus importantes atribuciones. ?C¨®mo pedirles cuentas de tal ejercicio y qu¨¦ posibilidad existe de sancionar un mal comportamiento personal o colectivo de la instituci¨®n? En algunos casos, la justificable preocupaci¨®n por su independencia puede desactivar la obligaci¨®n de rendir cuentas por su actuaci¨®n. Para que ello no ocurra, conviene perfeccionar el modo de designaci¨®n de sus titulares y prever una revocaci¨®n en casos de excepci¨®n. No es asunto f¨¢cil, pero merece la m¨¢xima atenci¨®n, porque no es un tema secundario. Cuando estas autoridades o agencias independientes se expanden, se cierran espacios de decisi¨®n pol¨ªtica al control de la representaci¨®n popular. Y, sin darnos cuenta, podemos vaciar de contenido a la ¨²nica funci¨®n importante que resta a los parlamentos actuales: la funci¨®n de fiscalizar la acci¨®n gubernamental, cada vez m¨¢s influida -o incluso en alg¨²n caso directamente ejercida- por las llamadas agencias independientes.

Cualquiera que se preocupe hoy por la salud de la democracia no puede ignorar la cuesti¨®n. El episodio de nuestra Sindicatura de Comptes obliga ahora al Parlamento catal¨¢n a intentar un tratamiento del asunto que salga al paso de inconvenientes comprobados. M¨¢s all¨¢ de t¨¢cticas de ocasi¨®n y de algunas resistencias poco explicables, es obligaci¨®n de todos los grupos pol¨ªticos buscar un mejor equilibrio entre la independencia y la responsabilidad de estas instituciones, ya que de su buen funcionamiento depende en gran medida la calidad de nuestras democracias.

Josep M. Vall¨¨s es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado del Grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi.