Garz¨®n investigar¨¢ a los etarras entrevistados, pero no a los periodistas del diario 'Gara'

Garz¨®n ha acordado que la querella de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se tramitar¨¢ por los presuntos delitos de amenazas terroristas y justificaci¨®n de actos terroristas "respecto de las personas no conocidas" que aparecen en la entrevista publicada por los citados medios. El juez explica en su auto que resulta evidente que la acci¨®n ejercitada por el fiscal acierta, ya que el contenido de la entrevista es presumiblemente delictivo y esto permite actuar contra los entrevistados, supuestos miembros de ETA que identifican objetivos futuros de la banda, se?alando las condiciones y circunstancias en las que "se concretar¨¢n las amenazas y acciones contra las v¨ªctimas".

Pero no ocurre lo mismo con los entrevistadores, Otamendi y Aizpurua, porque "en principio no se observa que hayan realizado una acci¨®n diferente a la que autoriza el derecho a transmitir informaci¨®n veraz, por cuanto las preguntas que formulan, a excepci¨®n de una en la que parece sugerir el entrevistador el sentido de la respuesta contra aquellos que no hagan lo que la pregunta sugiere, son preguntas objetivas y as¨¦pticas". El juez reconoce que tales preguntas est¨¢n en la l¨ªnea que interesa a los periodistas y en ellas "no existe valoraci¨®n o sugesti¨®n previa que indique que dichos entrevistadores pretenden amenazar, coaccionar o justificar los actos terroristas, intenci¨®n que s¨ª se observa en los entrevistados".

La ¨²nica pregunta en la que no se aprecia la objetividad descrita es, seg¨²n Garz¨®n, la que dec¨ªa: "Por ejemplo, si un grupo de concejales de UPN [Uni¨®n del Pueblo Navarro, partido gobernante en Navarra] hiciera un gesto y pidiera a su ejecutiva que traiga a Euskal Herria a los presos de Navarra ?eso supondr¨ªa que dejar¨ªa de ser objetivo de ETA?". En esta pregunta, el entrevistador "parece sugerir el sentido de la respuesta contra aqu¨¦llos que no hagan lo que la pregunta sugiere", dice el auto.

Pese a ello, el juez Garz¨®n entiende que no puede criminalizarse a los entrevistadores y sus empresas, por cuanto la transmisi¨®n de la noticia a trav¨¦s de los peri¨®dicos que dirigen no contribuye a darle mayor contenido delictivo a la entrevista.

El auto explica que la entrevista lo que hace es constatar hechos que ya se han producido o que son conocidos, es decir, "no aporta elementos nuevos sobre cu¨¢les han sido y son los objetivos de ETA, al margen del juicio que merezca la actitud c¨ªnica y grosera de los entrevistados cuando describen las acciones criminales y las causas".

De ah¨ª que su publicaci¨®n no contribuya a dar a la entrevista mayor contenido delictivo. Por eso, no se puede aplicar el art¨ªculo 30 del C¨®digo Penal, argumentado por el fiscal, que establece el precepto de responsabilidad en cascada, por el que primero responde el autor de la informaci¨®n, en su defecto el director del medio, luego el editor y, por ¨²ltimo, el impresor.

En este sentido, Garz¨®n tampoco considera necesario ordenar el secuestro, solicitado por el fiscal, de los ejemplares de Garaen los que aparec¨ªa la entrevista, y se limita a pedir a la Delegaci¨®n del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco que le haga llegar uno, y a los directores citados que le entreguen el soporte en audio de la entrevista o el formato original de la misma. Adem¨¢s, pide a la Unidad Central de Inteligencia que redacte un informe sobre la autor¨ªa del contenido de la entrevista, que en principio se atribuye a ETA.

El portavoz del Gobierno vasco en funciones, Josu Jon Imaz, utiliz¨® ayer los t¨¦rminos "error" y "dislate" para definir la iniciativa de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y pidi¨® que se tengan en cuenta s¨®lo "criterios jur¨ªdicos", aunque quiso dejar claro que el Ejecutivo aut¨®nomo no comparte ninguno de los argumentos esgrimidos por los portavoces de ETA en la entrevista. Imaz record¨® que hace tiempo se inici¨® un procedimiento similar y el juez decidi¨® que el derecho a la informaci¨®n est¨¢ por encima de "una interpretaci¨®n laxa" de la apolog¨ªa del terrorismo.

Los partidos nacionalistas reaccionaron tambi¨¦n con cr¨ªticas. El portavoz de la ejecutiva del PNV, Joseba Egibar, calific¨® la iniciativa fiscal de "precipitada" e "infundada". "Es evidente que algo se cierne sobre Gara".

El secretario general de EA, Gorka Kn?rr, dijo que la querella se enmarca en una estrategia fracasada e inst¨® a los socialistas a que "no amparen este tipo de comportamientos".