El Consejo de Europa reclama m¨¢s poder para la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n

El informe del Consejo de Europa, elaborado por tres expertos que visitaron Espa?a el a?o pasado y que ha sido debatido durante cinco d¨ªas por representantes de los Gobiernos de los pa¨ªses del Greco, repasa de forma exhaustiva las leyes, instituciones y medios de la pol¨ªtica anticorrupci¨®n espa?ola, as¨ª como su eficacia pr¨¢ctica. Sobre este ¨²ltimo apartado recaen buena parte de las cr¨ªticas.

Espa?a, dicen los expertos, cuenta con una legislaci¨®n adecuada, pero su grado de cumplimiento resulta 'insatisfactorio', especialmente el referido a la obligaci¨®n de los funcionarios de todas las administraciones p¨²blicas de poner en conocimiento de la justicia cualquier pr¨¢ctica corrupta o sospechosa de serlo. 'Raramente ocurre as¨ª', destacan los evaluadores, quienes recuerdan que 'no existe constancia' sobre cu¨¢ntos representantes p¨²blicos han sido sancionados por incumplir tal obligaci¨®n legal. Por el contrario, a?aden, una buena parte de los esc¨¢ndalos se han descubierto gracias a 'los medios de comunicaci¨®n'.

Esta indiferencia de las Administraciones podr¨ªa combatirse, seg¨²n los expertos, mediante la redacci¨®n de un C¨®digo de Conducta que exigiera el cumplimiento del mencionado deber de denuncia, y que estableciera claramente el l¨ªmite entre 'los regalos o atenciones a los servidores p¨²blicos' y el cohecho, tal y como se recoge en informes anteriores del Consejo de Europa.

La evaluaci¨®n final de Espa?a se?ala tambi¨¦n que la excepci¨®n a esta falta de celo investigador lo constituyen 'las numerosas instrucciones' abiertas a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, una instituci¨®n para la que reclaman m¨¢s poder y mejores medios. En este sentido, recomiendan incrementar su presupuesto, ampliar la plantilla, designar delegados anticorrupci¨®n en las principales ciudades espa?olas y otorgarle la misma capacidad de acceso a informaciones financieras secretas que las que tiene atribuida la fiscal¨ªa antidroga.

Asimismo, el Consejo de Europa detalla una serie de medidas para garantizar la independencia de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n respecto de la Fiscal¨ªa General del Estado, de la que depende org¨¢nica y presupuestariamente. Entre ellas, la 'prohibici¨®n de interferir en una determinada investigaci¨®n' o que sea 'algo excepcional y bajo los controles apropiados'. Igualmente aconseja mostrar 'especial cuidado en asegurar que la dependencia financiera de la Fiscal¨ªa General del Estado no disminuya su independencia'.

Estas cautelas sobre la autonom¨ªa de los profesionales de la justicia se recuerdan tambi¨¦n a prop¨®sito de la Fiscal¨ªa General del Estado, para la que se esperan igualmente 'garant¨ªas' en su relaci¨®n con el Gobierno, de quien depende. El Consejo desea que est¨¦ presidida por 'la transparencia' y que las 'instruciones de car¨¢cter general' se expresen de forma 'p¨²blica y por escrito'.

Preocupa tambi¨¦n a los evaluadores que los poderes p¨²blicos no hayan reaccionado adecuadamente tras los esc¨¢ndalos vividos en Espa?a en la d¨¦cada de los noventa, una 'extensa corrupci¨®n' que estuvo precedida por la 'tolerancia' mostrada ante 'las corruptelas en la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos durante la transici¨®n'. Califican la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como su consecuencia m¨¢s positiva, al tiempo que lamentan que 'la conciencia de este peligro' no condujera a 'la elaboraci¨®n de una estrategia global y multidisciplinaria' para combatir la corrupci¨®n.

El informe insta a Espa?a a firmar el Convenio Civil y Penal contra la Corrupci¨®n de 1999, que han suscrito ya m¨¢s de 30 pa¨ªses, al tiempo que emplaza al Gobierno a rendir cuentas ante Estrasburgo, antes del 31 de diciembre de 2002, sobre el cumplimiento de las deficiencias del sistema que han detectado ahora los evaluadores.