Acuerdo un¨¢nime en el Congreso para frenar la pr¨¢ctica de la ablaci¨®n
Los inmigrantes que pidan la residencia ser¨¢n informados de que la mutilaci¨®n es delito
Todos los grupos pol¨ªticos pactaron ayer agrupar las seis iniciativas parlamentarias contra la mutilaci¨®n genital femenina en una. La diputada del PP Mar¨ªa Jes¨²s S¨¢enz justific¨® el acuerdo porque 'entre las diferentes formas de violencia que padecen las mujeres destaca la mutilaci¨®n genital femenina', y asegur¨® que este problema empieza ahora a detectarse en Espa?a con la llegada de inmigrantes de pa¨ªses subsaharianos en los que esta pr¨¢ctica es habitual. 'La acogida de inmigrantes debe suponer mayor calidad de vida para ellos pero tambi¨¦n la asunci¨®n de derechos y deberes que no hab¨ªan tenido en sus pa¨ªses de origen' y que 'el respeto a su cultura propia no puede servir para coartar la libertad y la integridad de las mujeres y las ni?as', dijo.
Micaela Navarro, en nombre del PSOE, tambi¨¦n defendi¨® la iniciativa conjunta, pero advirti¨® que 'condenar la ablaci¨®n genital femenina no debe de servir para estigmatizar a la poblaci¨®n inmigrante'. Por eso, defendi¨® primar la informaci¨®n y la formaci¨®n a las familias de inmigrantes antes que poner el acento en la persecuci¨®n del delito. El Gobierno deber¨¢ tambi¨¦n 'reforzar la protecci¨®n' a las mujeres que vengan a Espa?a huyendo de su pa¨ªs para evitar, por ejemplo, la ablaci¨®n de sus hijas.
La iniciativa conjunta dedica igual inter¨¦s a ambas caras de la moneda. Defiende la puesta en marcha de programas sanitarios, sociales y educativos para 'prevenir' estas mutilaciones, pero tambi¨¦n insta al Fiscal del Estado a que d¨¦ las instrucciones oportunas para que, con la ley actual, se persiga y castigue a los responsables de este delito. Es decir, a los padres de las ni?as mutiladas, pues la ablaci¨®n suele hacerse a menores con edades comprendidas entre los cuatro y los 10 a?os.
Y sobre la informaci¨®n, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que 'informe obligatoriamente' a todos los inmigrantes que soliciten permiso de residencia de que la ablaci¨®n 'es un delito perseguible penalmente' en Espa?a. Pueden estar informados y delinquir, pero no podr¨¢n decir que no sab¨ªan que aqu¨ª las penas pueden llegar, con el actual C¨®digo Penal, a los 12 a?os de c¨¢rcel.
El argumento para defender la cara penal del acuerdo, seg¨²n destac¨® la diputada de CiU Merc¨¦ Pigem, es que 'contra la libertad e integridad de las personas no puede haber diversidad cultural que valga'. La cruz de ayudas a las inmigrantes corri¨® a cargo de Marisa Castro, de Izquierda Unida. Dijo que 'esto no se resuelve s¨®lo con el C¨®digo Penal' y aplaudi¨® el ¨²ltimo punto de los ocho aprobados ayer. Cierto que es ambiguo y que no garantiza, como quer¨ªan IU y el PSOE, el que se d¨¦ condici¨®n de refugiada o asilada a la mujer que huye con sus hijas para evitar que sean mutiladas, pero el punto consensuado s¨ª garantiza que se 'reforzar¨¢ la protecci¨®n' de los poderes p¨²blicos en Espa?a a las inmigrantes que 'se hayan visto obligadas a abandonar su pa¨ªs de origen' para huir de estas formas de violencia.
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