Igualdad sexual

Decenas de miles de gay y lesbianas se manifestaron ayer en Madrid y en otras ciudades espa?olas para exigir un reconocimiento efectivo de su condici¨®n, la plena igualdad de derechos civiles y sociales y el acceso a la generalidad de los beneficios del Estado de bienestar. Durante la semana, en otras ciudades del mundo -Nueva York, Par¨ªs, Roma...- hubo manifestaciones del mismo tipo con motivo de la celebraci¨®n del D¨ªa del Orgullo Gay el 28 de junio. En Espa?a, como, en general, en las sociedades democr¨¢ticas, ha sido profundo el cambio de actitud ante la homosexualidad. Pero todav¨ªa queda mucho camino por recorrer. Hasta tanto no se llegue a la meta de la equiparaci¨®n plena de derechos habr¨¢ motivos para que cada a?o los colectivos de gay y lesbianas y los ciudadanos que apoyan activamente su lucha salgan a la calle para denunciar la discriminaci¨®n ejercida en raz¨®n de la orientaci¨®n sexual del individuo.

Al menos en 70 pa¨ªses del mundo la homosexualida es severamente reprimida, seg¨²n el ¨²ltimo informe de Amnist¨ªa Internacional. No s¨®lo se proh¨ªbe cualquier manifestaci¨®n p¨²blica de esta condici¨®n, sino que se la persigue penalmente como una conducta antisocial. La homofobia es utilizada incluso en muchos de estos pa¨ªses como arma pol¨ªtica contra disidentes y opositores molestos. Es una exigencia de elemental solidaridad que la batalla que se libra en las sociedades democr¨¢ticas en pro de la igualdad sexual no olvide la situaci¨®n de estos pa¨ªses, denunciando las pol¨ªticas intolerantes y represivas que se ejercen contra una parte de sus ciudadanos por su orientaci¨®n sexual.

En Espa?a, la jornada reivindicativa de los colectivos de gay y lesbianas se ha concretado este a?o en una reclamaci¨®n: el derecho al matrimonio. En algunos pa¨ªses europeos esta reclamaci¨®n ya es un hecho. Holanda cuenta con una ley que reconoce el matrimonio entre homosexuales con los mismos derechos que el de los heterosexuales, incluido el de adopci¨®n, adem¨¢s de los sucesorios, subsidios o pensiones. Noruega en 1993, Suecia en 1995, Francia en 1999 y B¨¦lgica en el ¨²ltimo a?o han regulado las relaciones de parejas homosexuales de manera an¨¢loga a la ley holandesa. Sin embargo, en Espa?a, el Gobierno del Partido Popular se resiste a promulgar una legislaci¨®n de ¨¢mbito estatal que oborde esta cuesti¨®n, a pesar de los reiterados intentos de la oposici¨®n para que lo haga y de la opini¨®n mayoritariamente favorable de la poblaci¨®n al matrimonio entre homosexuales.

El Gobierno del PP sigue sin considerar prioriario, a los cinco a?os de su llegada al poder, cualquier regulaci¨®n de las uniones afectivas entre parejas de hecho, sean homosexuales o heterosexuales. Mientras tanto, varias comunidades aut¨®nomas, alguna de ellas regidas por el PP, como la Comunidad Valenciana, han tomado la delantera al Gobierno y han aprobado una ley sobre parejas de hecho. Pero s¨®lo Navarra y Catalu?a han llegado, incluso, a reconocer la 'uni¨®n estable homosexual', generadora de derechos de herencia y de pensi¨®n. Ello est¨¢ provocando no s¨®lo una indeseable dispersi¨®n legislativa en una materia necesitada de la mayor seguridad jur¨ªdica, sino una situaci¨®n de manifiesta injusticia en un sector social cada vez m¨¢s amplio que engloba a m¨¢s de 250.000 parejas de hecho, hetero y homosexuales.

Se comprende cada vez menos la terquedad del Gobierno de PP en pretender regular las variadas formas de convivencia existentes en la sociedad con una ley de uniones civiles que elude el fondo del problema -la relaci¨®n afectiva- y que se limita simplemente a reconocer las uniones convivenciales, es decir, las que se producen bajo un mismo techo, sea por la raz¨®n que sea. Nig¨²n Gobierno, del signo que sea, puede dar la espalda a reinvindicaciones fuertemente incrustradas en la realidad social.