El proyecto de ley de huelga de 1993 preve¨ªa 'medios sustitutorios' si se incumpl¨ªan los servicios m¨ªnimos

El proyecto de ley de huelga que el Senado remiti¨® el 29 de marzo de 1993 al Congreso para su ratificaci¨®n definitiva, y que decay¨® con la convocatoria de elecciones el 12 de abril, preve¨ªa que 'la autoridad gubernativa' utilizara 'medios sustitutorios' para evitar 'da?os irreparables' por el 'incumplimiento de servicios m¨ªnimos en los sectores esenciales'. Los sindicatos UGT y CC OO mantuvieron ayer que, con aquella ley, se habr¨ªan podido evitar sucesos como los de Baleares.

El transporte de viajeros estaba considerado -tanto en el proyecto del Gobierno como en el que posteriormente reformaron entre el Grupo Socialista y los sindicatos- como un 'servicio esencial'. Para todos los servicios esenciales, aquel proyecto de ley preve¨ªa la fijaci¨®n, a priori, de los servicios m¨ªnimos. Esta fijaci¨®n 'en fr¨ªo' de servicios m¨ªnimos es una de las demandas que hoy desear¨ªan fijar los sindicatos y consiste en que, con car¨¢cter general, se acuerde cu¨¢les deben ser esos m¨ªnimos para el caso hipot¨¦tico de huelga en aquellos sectores que se considera dan un 'servicio esencial a la comunidad'.

El proyecto que decay¨® en abril de 1993 preve¨ªa que, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, se fijaran los servicios m¨ªnimos que, con car¨¢cter general, deb¨ªan cumplirse en todos los sectores considerados 'esenciales'. Antonio Guti¨¦rrez, ex secretario general de CC OO, recuerda que para esa negociaci¨®n a futuro hab¨ªa un preacuerdo para impedir la 'simultaneidad' de huelgas en servicios de 'similar naturaleza' (como autob¨²s y metro) y para dificultar la posibilidad de convocar huelgas, por ejemplo, en el transporte en ¨¦pocas de vacaciones.

El incumplimiento de los m¨ªnimos permit¨ªa, en el proyecto de ley que result¨® del tr¨¢mite parlamentario, que las autoridades utilizaran 'medios sustitutorios para la efectiva prestaci¨®n de los servicios correspondientes'. Esa prevenci¨®n, recogida en el art¨ªculo 16 de aquel proyecto, no era muy del gusto de los sindicatos, pues supon¨ªa la legalizaci¨®n de los 'esquiroles'. Las centrales, a cambio, aplud¨ªan y querr¨ªan ahora recuperar el m¨¦todo de fijaci¨®n de servicios m¨ªnimos: en primer lugar, se supon¨ªan previstos en fr¨ªo, si esto fallaba deb¨ªan ser pactados, si no hab¨ªa pacto hab¨ªa que aceptar el arbitraje y s¨®lo si se incumpl¨ªa lo dispuesto por el ¨¢rbitro llegaba la sanci¨®n. Para el arbitraje, aquel proyecto preve¨ªa la creaci¨®n, en la Administraci¨®n, de 'una comisi¨®n de mediaci¨®n' de cinco expertos nombrados por el Gobierno para todos los conflictos. Ahora, ese ¨¢rbitro se designa tambi¨¦n por la autoridad gubernativa pero espec¨ªficamente para cada conflicto.

La patronal CEOE, a cambio, recuerda m¨¢s inconvenientes que ventajas de aquel proyecto de ley. Apunta, por ejemplo, que con el texto pactado por el Grupo Socialista y los sindicatos resultaba 'extremadamente dif¨ªcil' definir cu¨¢ndo una huelga es 'ilegal'. Ve¨ªan m¨¢s clara la definici¨®n de las huelgas ilegales en el proyecto originario del Gobierno socialista. El segundo gran escollo de aquella norma para la patronal era que daba carta de legalidad a los piquetes.