Vizcaya no ha cobrado m¨¢s de 116.000 millones de impuestos

Hasta hace tres a?os los impuestos directos, indirectos y tasas que no hab¨ªan sido abonadas por contribuyentes vizca¨ªnos sumaban 99.257 millones, de los que casi 84.000 se consideraban como ajuste financiero, el t¨¦rmino t¨¦cnico que se utiliza para las deudas de dif¨ªcil cobro. En 1999 la situaci¨®n no ha mejorado, ya que la Diputaci¨®n tuvo unos ingresos fiscales de 633.000 millones pero quedaron pendientes de abono a la Hacienda un total de 17.393, de los que 10.000 millones se consideran de complicado cobro.

El informe constata que existen un total de 96 contribuyentes, sin concretar si son empresas o particulares, con una deuda particular superior a los 200 millones, que en total deben a Hacienda casi 70.000 millones, de los que 60.400 se califican de complicado abono.

La deuda de los tributos procede en su mayor¨ªa de los impuestos directos (Renta, Sociedades y Patrimonio), que ya suman 45.000 millones, de ellos 36.800 pr¨¢cticamente irrecuperables. El hecho de la existencia de una partida alta en el impuesto de la renta (38.709 millones) indica que una parte importante de los morosos son ciudadanos particulares. A diferencia de la situaci¨®n de 1998, la cifra de impuestos indirectos sin cobrar es inferior respecto a los directos, al totalizar 43.800 millones, de los que 34.300 son de dudoso cobro.

El estudio del ¨®rgano fiscalizador no realiza ninguna valoraci¨®n sobre esta elevada deuda tributaria y s¨®lo aporta las cifras. La Diputaci¨®n vizca¨ªna, que en cada informe dispone de un anexo para exponer sus alegaciones a los datos y consideraciones del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas, tampoco aporta comentario alguno.

Pol¨¦mica Esta situaci¨®n tributaria ya cre¨® pol¨¦mica el pasado a?o cuando la Diputaci¨®n culp¨® al Tribunal de Cuentas de realizar una 'actuaci¨®n sesgada y prevaricadora' al presentar estos datos y calific¨® de 'normal' la existencia de cerca de 100.000 millones sin cobrar, puesto que la situaci¨®n era similar en las haciendas de ?lava y Guip¨²zcoa. La cifra de tributos no abonada supera ampliamente el presupuesto operativo actual de la Diputaci¨®n vizca¨ªna -lo que disponen los distintos departamentos forales-, que tras la pr¨®rroga presupuestaria de este a?o es de 78.000 millones de pesetas.

Otra de las anomal¨ªas reflejadas por el Tribunal de Cuentas se refiere a las subvenciones concedidas por la Diputaci¨®n.El ¨®rgano fiscalizador constata la adjudicaci¨®n directa de ayudas por valor de 79 millones de pesetas 'sin que se determine suficientemente el objeto y la finalidad de las mismas'. El Tribunal destaca el caso de una subvenci¨®n de 60 millones a un empresario acordada por el Consejo de Gobierno del 13 de julio de 1999, que 'no determina suficientemente el objeto de la subvenci¨®n y adem¨¢s ha sido abonada de forma anticipada sin haberse exigido ning¨²n tipo de garant¨ªa'. El estudio a?ade que incluso el Consejo de Gobierno foral 'a la fecha de realizaci¨®n de nuestro trabajo' hab¨ªa iniciado 'un procedimiento de reintegro de la subvenci¨®n al no tener suficiente seguridad de la correcta aplicaci¨®n de ¨¦sta'.

El Tribunal de Cuentas recuerda que la concesi¨®n de subvenciones directas 'debe ser utilizada de forma restrictiva' e incide en las ayudas del Departamento de Cultura, que 'de forma muy significativa se otorgan de manera directa'. Sobre ello, cita la concesi¨®n de 120 millones para la celebraci¨®n de eventos deportivos; 28 a actos culturales diversos y 121, en apoyo a determinadas instituciones culturales. 'En otras tres l¨ªneas de subvenciones de diferentes departamentos, por importe de 281 millones, se constata que se han abonado subvenciones sin que se hayan cumplido los requisitos fijados en los correspondientes acuerdos de concesi¨®n'.

El informe confirma irregularidades en los contratos p¨²blicos, aunque se observa una clara mejor¨ªa. De los 66 expedientes analizados, adjudicados por 28.200 millones, se observa alguna deficiencia en 14 de ellos con un valor de casi 8.000 millones. Hasta hace poco las anomal¨ªas aparec¨ªan en la mitad de los contratos analizados y ya en el ejercicio de 1998 se redujo al 42%.