?rdago

El problema de los profesores de Religi¨®n de los colegios p¨²blicos de la comunidad se ha agudizado. Al despido de Resurrecci¨®n han seguido la falta de llamada a clase de otras dos profesoras. El divorcio, la inasistencia a misa y el ir de copas han sido causas determinantes de sus paros obligados. Es posible que estos nuevos ceses permitan ver las cosas como lo que son. No se trataba, como pudiera pensarse, de que el despido de Resurrecci¨®n respondiera a un capricho nost¨¢lgico del Obispado de Almer¨ªa. Era algo m¨¢s. Se trataba, lo han cantado el n¨²mero de ceses y sus causas, de que los pol¨ªticos de la iglesia espa?ola hab¨ªan decidido que la Religi¨®n dejara de ser asignatura en centros p¨²blicos. No quieren ense?ar religi¨®n, informando de su contenido ideol¨®gico o filos¨®fico, sino que se comulgue con su religi¨®n. Llamando a las cosas por su nombre, la ense?anza se quiere practicar con fines de adoctrinamiento. Si no fuera as¨ª, no exigir¨ªan a los profesores lo que llaman testimonio de vida.

Puede decirse, y se ha dicho, que estas decisiones merecen respeto (presidente del PP almeriense), o que la actuaci¨®n eclesi¨¢stica est¨¢ bendecida por los acuerdos de cooperaci¨®n que el Estado puede mantener. Sin embargo, no parece que sea cuesti¨®n de respeto, sino de legalidad. La exigencia de testimonio de vida a estos profesores -por cierto, sin exigirlo a Milingo, a los gescarteristas o al arzobispo franc¨¦s, que est¨¢n sujetos a la disciplina eclesi¨¢stica- arrastra la lesi¨®n de derechos constitucionales de quienes no est¨¢n sujetos a esta disciplina (derecho al trabajo sin discriminaci¨®n, al honor, a no ser tachados de ad¨²lteros desde los p¨²lpitos y a la igualdad en la aplicaci¨®n de la ley, por no seguir). Y adem¨¢s vulnera los principios de pluralismo religioso y aconfesionalidad en los que se basa el Estado.

De ah¨ª que deba existir una respuesta que conteste al ¨®rdago que han lanzado los obispados a la Constituci¨®n. El Gobierno andaluz, en cuanto titular de sus centros p¨²blicos de ense?anza, la empieza a dar. Falta el Gobierno central. Su silencio o una actuaci¨®n tolerante son formas de consentir la vulneraci¨®n de los derechos de estos profesores, permitir el adoctrinamiento en colegios p¨²blicos y romper el principio de aconfesionalidad del Estado.