Sin refugio

El ataque terrorista contra Estados Unidos desplaz¨® ayer a segundo t¨¦rmino los problemas de la justicia espa?ola en el acto de apertura del a?o judicial, presidido por el Rey. El concepto de justicia universal referido a estos terribles hechos estuvo presente en los discursos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Javier Delgado, y del fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, para hacer posible que sus autores 'sean perseguidos a lo largo y ancho del mundo de manera que no encuentren en ¨¦l refugio seguro'. Tambi¨¦n el rey Juan Carlos apunt¨® en el mismo sentido al se?alar que 'la apertura de nuevas f¨®rmulas de cooperaci¨®n judicial entre las naciones democr¨¢ticas nos ofrece v¨ªas in¨¦ditas de actuaci¨®n que han de garantizar la efectiva puesta a disposici¨®n de la justicia de los terroristas'.

Sin duda, el principio de justicia universal, aplicable a los delitos contra la humanidad, sea cual sea el territorio en que se cometen y la procedencia y rango de sus autores, ha salido reforzado tras el brutal e indiscriminado ataque terrorista contra EE UU. La cooperaci¨®n policial, la ayuda mutua judicial, la simplificaci¨®n de los tr¨¢mites de entrega de los supuestos culpables y, por encima de todo, el reconocimiento de que ning¨²n principio de territorialidad judicial ni ninguna vindicaci¨®n de soberan¨ªa estatal pueden amparar la impunidad de cr¨ªmenes contra la humanidad no constituyen en modo alguno desviaciones del Estado de derecho, sino medidas de leg¨ªtima defensa de las sociedades democr¨¢ticas frente a quienes pretenden destruirlas. Es importante que el presidente del Supremo y el fiscal general del Estado hayan avalado la necesidad de una cooperaci¨®n judicial a escala mundial, sobre todo por parte del ¨²ltimo, que la cuestion¨® en el caso Pinochet y en la persecuci¨®n de los cr¨ªmenes cometidos por las dictaduras del Cono Sur.

Pero no por ello han desaparecido los problemas dom¨¦sticos de la justicia espa?ola. Un a?o m¨¢s, la Administraci¨®n judicial sigue a la espera de que el Parlamento legisle reformas en profundidad y que el Gobierno las ponga en pr¨¢ctica. El pacto sobre la justicia, aprobado hace cuatro meses por los dos grandes partidos de ¨¢mbito nacional con gran parafernalia propagand¨ªstica, sigue in¨¦dito. Y el primer punto de su ejecuci¨®n, la renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial, se ha incumplido despu¨¦s de haber forzado a los jueces a proponer candidatos por v¨ªa de urgencia. La presencia en la apertura del a?o judicial de un presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial en situaci¨®n de pr¨®rroga de su mandato es prueba visible de ello. Pero m¨¢s grave a¨²n es constatar que ninguna de las iniciativas concretas contempladas en el pacto para la mejora de la organizaci¨®n judicial ha sido siquiera puesta en marcha. Los problemas cr¨®nicos de la justicia como servicio p¨²blico al ciudadano (escasez de medios, acumulaci¨®n de asuntos y lentitud de funcionamiento) siguen sin abordarse en serio. Al todav¨ªa presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial s¨®lo le cupo confiar en un pronto y pleno desarrollo del pacto.