El Congreso limita el plan antiterrorista de Bush

El Comit¨¦ de Justicia de la C¨¢mara de Representantes ha rechazado o limitado la mayor¨ªa de las propuestas del plan antiterrorista que Bush envi¨® al Congreso. La ley no permitir¨¢ que las autoridades puedan detener indefinidamente a un inmigrante por meras sospechas de su vinculaci¨®n a un grupo terrorista, aunque el periodo de detenci¨®n se ampl¨ªa de 2 a 7 d¨ªas. Los congresistas prefieren potenciar nuevas v¨ªas de vigilancia electr¨®nica que aprobar disposiciones constitucionalmente dudosas.

John Ashcroft, el fiscal general de EE UU, llevaba d¨ªas haciendo campa?a en los medios de comunicaci¨®n para defender un paquete de cambios legislativos que es, seg¨²n ¨¦l, la herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo. Acompa?aba sus propuestas con una llamada a la alarma por la posibilidad de que haya futuros atentados a medio plazo; quedaba claro que Ashcroft quer¨ªa dramatizar su mensaje para presionar de ese modo a los congresistas que pueden cambiar las leyes.

Sin embargo, Ashcroft y Bush no han logrado eliminar en la mente de los congresistas el miedo a aprobar leyes que vulneren derechos civiles y constitucionales. Por eso, la petici¨®n m¨¢s importante, el amparo legal para detener indefinidamente a inmigrantes por sospechas de vinculaci¨®n a grupos terroristas, ha quedado dr¨¢sticamente reducida: la nueva ley s¨®lo ampl¨ªa de 2 a 7 el periodo de detenci¨®n. Ashcroft puede presentarlo como una victoria, pero est¨¢ lejos de sus pretensiones. Adem¨¢s, los congresistas obligan al fiscal general a demostrar personalmente que hay 'base razonable' para considerar a un individuo sospechoso de terrorismo. S¨®lo podr¨¢ delegar esa decisi¨®n en el responsable del Servicio de Inmigraci¨®n.

Tambi¨¦n es importante esa definici¨®n, 'base razonable', porque el Gobierno de Bush quer¨ªa permiso para hacer detenciones indefinidas cuando hubiera s¨®lo 'razones para creer' que el detenido pod¨ªa ser un terrorista. Los congresistas no quieren problemas jur¨ªdicos o constitucionales en la ley, que han bautizado convenientemente como ley PATRIOT, las siglas en ingl¨¦s de Proporcionar Herramientas Adecuadas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo). El borrador lleg¨® ayer al pleno del Congreso para su revisi¨®n y la votaci¨®n se realizar¨¢ posiblemente antes de que termine la semana. El Senado querr¨¢ someterlo despu¨¦s a un escrutinio a¨²n mayor. Las nuevas medidas son temporales -caducar¨¢n a finales del a?o pr¨®ximo-, lo que supone otra derrota para el Gobierno de George W. Bush.

La ¨²nica victoria razonable que logra Ashcroft es la relajaci¨®n jur¨ªdica de las normas que limitan la vigilancia y el seguimiento electr¨®nico. Si la ley se aprueba, el FBI no tendr¨¢ que pedir una orden judicial para cada n¨²mero de tel¨¦fono de un sospecho: podr¨¢ 'pinchar' cualquier tel¨¦fono asociado de alguna manera al individuo en cuesti¨®n. Adem¨¢s, los investigadores podr¨¢n pedir a las compa?¨ªas telef¨®nicas el registro de entrada y salida de llamadas desde ese n¨²mero, lo que indudablemente puede ser comprometido para las personas que marquen por equivocaci¨®n un n¨²mero sometido a vigilancia.

Las comunicaciones por correo electr¨®nico se someter¨¢n a unas normas similares: ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil conseguir una orden judicial para interceptar comunicaciones y para exigir a los proveedores de Internet una copia del registro de actividad y de los correos por Internet de un individuo concreto.