El Gobierno planea cerrar 10 residencias 'piratas' de ancianos por irregularidades

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Mart¨ªnez, anunci¨® ayer en el pleno de la Asamblea que 'de aqu¨ª a diciembre' su consejer¨ªa prev¨¦ cerrar 'diez residencias' de ancianos por diversas irregularidades. Se trata, en la mayor¨ªa de los casos, de centros piratas, en los que, sin embargo, no consta que los residentes sufran maltrato o abandono. La consejera dijo que ha escrito al Consejo General del Poder Judicial pidi¨¦ndole que estudie la creaci¨®n del juez especial de mayores, lo que facilitar¨ªa la tramitaci¨®n de estos asuntos. La oposici¨®n tach¨® a Mart¨ªnez de 'incompetente'.

Aprovech¨® Pilar Mart¨ªnez la pregunta en el pleno de la Asamblea de la diputada popular Pilar Li¨¦bana para anunciar que se hab¨ªa dirigido por escrito al m¨¢ximo ¨®rgano judicial para pedir un juez especial de mayores. No fue el entusiasmo lo que recorri¨® los bancos de la oposici¨®n. Mart¨ªnez justific¨® su petici¨®n en las dificultades que encuentra su consejer¨ªa para actuar sobre las residencias de mayores cuando existen denuncias o evidencias de irregularidades.

Seg¨²n explic¨® en los pasillos de la C¨¢mara, la falta de colaboraci¨®n por parte de la direcci¨®n de estos centros retrasa cualquier soluci¨®n. 'Hemos de acudir a los tribunales de lo Contencioso-administrativo o a los de Penal, con lo que las medidas se retrasan considerablemente', se quej¨® la consejera. Y a?adi¨® que, ahora mismo, hay entre seis y diez residencias en la Comunidad que deber¨ªan ser clausuradas y que permanecen en funcionamiento por la negativa de sus responsables a aceptar el cierre.

La Consejer¨ªa ha tenido que recurrir a los tribunales para obtener una orden judicial. 'De aqu¨ª a diciembre', anunci¨® la titular de Servicios Sociales, 'esperamos haber clausurado diez centros'. En ellos, situados en la capital y en otros municipios, viven alrededor de 200 ancianos.

Sin embargo, Mart¨ªnez explic¨® que las deficiencias detectadas en estas residencias 'no son, ni mucho menos, las mismas que han obligado al reciente cierre de las dos de Colmenar Viejo'. 'De haber sido de ¨¦sa o parecida gravedad, ya habr¨ªamos intervenido', asegur¨®. Se trata, aclar¨® la consejera, de centros que carecen de licencia, que se encuentran instalados en chal¨¦s o pisos residenciales o bien carecen de la documentaci¨®n administrativa requerida. En definitiva, podr¨ªa decirse que varias de estas residencias son piratas; algunas son objeto de 'inspecciones semanales' y sobre ellas hay 'expedientes muy avanzados'.

Seg¨²n fuentes de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales, los ancianos que viven en tales residencias no padecen maltrato ni abandono, ya que en ese caso s¨ª actuar¨ªan las autoridades gubernativas. Sobre todo si hubiera casos de personas que carecen de familia, en cuyo caso la tutela recaer¨ªa sobre la Comunidad.

'Lo que quiero dejar claro', argument¨® la consejera, 'es que actuaciones de este tipo exigen todo un proceso judicial que, en ocasiones, deber¨ªa ser m¨¢s r¨¢pido'. Y agreg¨®: 'Por eso pedimos un juez especializado en estos problemas. Lo ideal es que las propias residencias cierren voluntariamente sin obligarnos a intervenir'. Sin embargo, seg¨²n dec¨ªan algunos diputados, parece dif¨ªcil que un juez ordene la clausura de una residencia s¨®lo por problemas administrativos, competencia,en muchos casos, de los ayuntamientos.

La oposici¨®n aprovech¨® para criticar lo que, en expresi¨®n de la diputada del PSOE Carmen Garc¨ªa Rojas, 'es la doctrina del presidente Alberto Ruiz-Gallard¨®n: sacar un conejo de la chistera'. Garc¨ªa Rojas rechaz¨® como soluci¨®n la creaci¨®n de un juez especial de mayores, 'aunque todo ayude', matiz¨®. 'Mientras no haya una mayor dotaci¨®n de personal en el servicio de inspecci¨®n, la situaci¨®n ser¨¢ ca¨®tica', opin¨® la socialista.

Con mayor crudeza se pronunci¨® la parlamentaria de IU Mar¨ªa Luisa S¨¢nchez: 'La consejera es una incompetente, que cuando se le plantean problemas, sean de ni?os o de mayores, recurre siempre a instancias superiores', afirm¨®.

Por otra parte, el pleno debati¨® tambi¨¦n una proposici¨®n no de ley para ampliar las ayudas a los presos pol¨ªticos del franquismo y a quienes, aun no si¨¦ndolo, sufrieron persecuci¨®n por sus ideas. Emotivo homenaje de Fernando Mar¨ªn, de IU, y de Antonio Chazarra, del PSOE, que, si no consiguieron ver aprobada la iniciativa, s¨ª lograron el 'reconocimiento moral' en sus palabras.

El PP se neg¨® a establecer que las indemnizaciones a los ex presos del franquismo sean como m¨ªnimo de 700.000 pesetas por persona y a abonar con car¨¢cter inmediato las solicitudes resueltas (1.172) antes de la ampliaci¨®n del plazo que el Gobierno aprob¨® recientemente junto con un aumento de 100 a 1.000 millones de pesetas en el presupuesto para estas ayudas.