Clientes: ?víctimas o cómplices?
Es imposible establecer un perfil único de los clientes de Gescartera. Los numerosos peque?os inversores -alrededor de 2.000- que han perdido sus ahorros atesorados durante a?os han pasado a un segundo plano por la relevancia de grandes y potentados clientes que acudieron a esta peque?a sociedad gestora de cartera.
Unos clientes que conforman el cuadro de una Espa?a folclórica y rancia, donde sus extra?os modos de actuar hacen imposible establecer una diferencia clara entre víctimas y verdugos. La entrada de estos grandes capitales, pese a lo avanzado del caso Gescartera, continúa siendo una incógnita a despejar. Tropieza con la prudencia y la seguridad con las que se mueven otros grandes inversores.
El extra?o modo de actuar de algunos grandes clientes de Gescartera hace imposible establecer una diferencia clara entre perjudicados y beneficiados
La avaricia desmedida o la ocultación de dinero negro explicaría la asunción del riesgo de invertir en una peque?a sociedad gestora de cartera de oscuro pasado
La Iglesia, el Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil, el Servicio de la Seguridad Social de la Armada, las empresas públicas Saes y Cetarsa, la Mutualidad de la Policía, la Organización Nacional de Ciegos de Espa?a, varias ONG, Construcciones Rico o la empresa de comunicación Asesores 2000 consiguen dar aún más misterio a esta trama de enga?os y connivencias entre sus administradores y el organismo supervisor de los mercados, la CNMV.
Pocos de estos clientes se conformaron con ostentar únicamente esta condición. En el caso Gescartera hay clientes que a la vez se volvieron socios, como la ONCE; una docena que obstaculizó la labor inspectora de la Comisión, y alguno que respondía con esas inversiones a regalos y viajes gratuitos, como el Patronato de la Guardia Civil a través del coronel José Giménez-Reyna (hermano de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna).
El Arzobispado de Valladolid ha compartido otras características como cliente iluminado que conseguía retirar a tiempo más de mil millones de pesetas, aunque esta intuición parece más propia del soplo humano que del divino.
Doblete de la ONCE
La ONCE hizo también doblete al ser pieza esencial en la transformación de Gescartera en agencia de valores, de la que ostenta un 10% de las acciones, según los requisitos exigidos por la propia CNMV. Un accionista que no desembolsó dinero alguno por ese porcentaje del capital y que, curiosamente, hoy en día pone en duda esa participación. Una ONCE que asegura buscaba en Gescartera la creación de un gran fondo de pensiones para sus asociados por el que a buen seguro hubieran peleado las principales entidades financieras del país.
También hay clientes salvadores como la Mutua de la Policía -principal depositante, con 1.500 millones de pesetas perdidos-, cuyo dinero fue providencial para que cobrase el mencionado arzobispado, en la típica estafa piramidal por la que el nuevo dinero va tapando los agujeros y la marcha de clientes mosqueados o avisados. La Armada logró retirar a tiempo los 300 millones de sus empleados civiles colocados en Gescartera.
En este variopinto conjunto no falta tampoco un lobby del mundo de la comunicación como Asesores 2000, que confiesa ser víctima, pero que los principales implicados (Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna) sitúan a su presidente, Roberto Santos, como clave en la evaporación de los 18.000 millones y en el cobro de intereses anuales superiores al 40%.
Y buena parte de ellos ocultaban tras esas inversiones dinero negro -aspecto éste todavía pendiente de confirmar por Hacienda- o una avaricia desmedida, habida cuenta de que la agencia, propiedad de Antonio Camacho, prometía rentabilidades muy superiores a las que otras empresas de servicios de inversión ofrecían a sus clientes. Unas gigantescas ganancias que llegaron a ser del 3,85% en tan sólo 15 días, lo que significa una rentabilidad anual del 108%.
En este mosaico de grandes inversores destacan dos sociedades ligadas al sector público. Saes, participada por Izar e Indra, se ha dejado en este enga?o 591 millones de pesetas, mientras que la Compa?ía Espa?ola de Tabaco en Rama (Cetarsa) ha perdido en Gescartera 150 millones de pesetas.
También hay que referirse al enga?o puro y duro que sufrieron también parte de estos grandes clientes, confiados en una agencia de valores perfectamente legal y supervisada por la CNMV, y que además tenía al frente a la hermana de nada menos que el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna. Pilar fue decisiva en la captación de clientes de peso, así como en frenar -apoyada en su hermano Enrique- el hostigamiento supervisor al que estaba sometido la agencia.
En esta tortuosa historia de Gescartera están pendientes todavía los 'clientes especiales' a los que hizo referencia Antonio Camacho en sus declaraciones ante la juez. Estos clientes le entregaban personalmente el dinero en maletas y en cheques al portador por cantidades inferiores a las 500.000 pesetas. ?stos son la última incógnita de unos grandes clientes atraídos por una peque?a gestora que en febrero de este a?o se hizo agencia.
Distintas responsabilidades y riesgos de las empresas de inversión
EL CASO GESCARTERA ha puesto en jaque a la industria de la intermediación financiera en Espa?a. Esta firma pasó de sociedad gestora de carteras -la de inferior rango- a agencia de valores. Una autorización que suponía un espaldarazo de la CNMV a esta firma de bolsa y que le otorgaba mayores competencias operativas frente a sus clientes y los mercados financieros La ley establece claramente tres figuras en las empresas de servicios de inversión: sociedades de valores, agencias de valores y sociedades gestoras de carteras. Estas empresas se encargan de realizar el asesoramiento y la intermediación entre los clientes y los mercados financieros en los que colocan sus ahorros. Pero no todas tienen las mismas competencias, ni pueden asumir, por tanto, los mismos riesgos. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargada de supervisar y autorizar a los intermediarios existen 112 sociedades y agencias de valores registradas y 34 sociedades gestoras de carteras. El resto de empresas que ofrezcan intermediación en bolsa están fuera de la ley y se califican como 'chiringuitos' financieros, sin ninguna garantía ni supervisión por lo que deja a los clientes en fácil situación para el enga?o. En esta división tripartita la ley fija diferentes necesidades de capital para operar, de acuerdo a los riesgos. Unas exigencias que, paradójicamente, han disminuído como consecuencia de la equiparación de las sociedades de inversión a la normativa comunitaria. Las sociedades de valores deben tener un capital mínimo de 2 millones de euros (332,7 millones de pesetas), mientras que el capital de las agencias de valores, oscila entre los 500.000 (83,1 millones) y los 300.000 (49,91 millones), dependiendo de las competencias que asuman en la intermediación y el depósito de dinero de sus clientes. Por último, las sociedades de cartera que cuentan con menos atribuciones, deben tener unos recursos propios de sólo 100.000 euros (16,6 millones de pesetas). De acuerdo a su capital y a sus recursos propios, aumentan o disminuyen sus atribuciones, insistiendo en que las que están fuera de esta categoría son simples y peligrosos 'chiringuitos'. Las sociedades de valores cuentan con todas las funciones previstas en la ley. Pueden recibir, transmitir y ejecutar órdenes por cuenta de clientes y también por cuenta propia, tener depósitos de clientes ofrecer créditos para la compra de valores, asegurar emisiones y salidas a bolsa, además de cualquier tipo de asesoramiento. Como figura intermedia están las agencias de valores -salto que dió Gescartera en febrero de 2001- con las mismas facultades que las sociedades de valores pero que no pueden comprar o vender acciones por cuenta propia, no pueden participar en el aseguramiento de emisiones o salidas a bolsa y tampoco están autorizadas para la tramitación de créditos para la compra de valores. La última figura en esta pirámide es la sociedad gestora de carteras (Gescartera desde 1992 hasta 2001) y que únicamente están autorizadas para la gestión individualizada de carteras de acuerdo a lo que les indiquen sus clientes. También pueden asesorar sobre inversión en valores y asesorar a empresas.
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