'Los consejos sociales recuperan figuras y esencias de la universidad medieval'

Los juristas sostienen que la doble competencia atribuida a los consejos sociales -como ¨®rgano 'controlador' y a la vez 'promotor' de la universidad- 'resulta una ant¨ªtesis en s¨ª misma'. El informe aborda detalladamente el alcance y las repercusiones que pueden derivarse de la aplicaci¨®n y el funcionamiento de las nuevas estructuras universitarias b¨¢sicas como son la constituci¨®n de los ¨®rganos de gobierno propuestos [que sustituir¨¢n a las actuales juntas de gobierno]; y con el reforzamiento de las competencias de los consejos sociales, donde se palpa el significativo 'avance de los actores del sistema universitario nombrados por los poderes pol¨ªticos, lo que deriva en 'un encajonamiento de las potestades normativas universitarias'.

'Se advierte una reducci¨®n de la participaci¨®n de la comunidad acad¨¦mica en el consejo social, al que s¨®lo van a poder acudir el rector, el secretario general y el gerente, con voz pero sin voto, con el gravamen de que el rector ejecutar¨¢ los acuerdos de todos los ¨®rganos colegiados de la universidad, y tambi¨¦n, claro est¨¢, del consejo social. Es decir, de los acuerdos que no colabor¨® a adoptar', reza el informe, que augura situaciones de grave desestabilizaci¨®n: 'No es dif¨ªcil atisbar la d¨ªficil convivencia entre el consejo de gobierno, el consejo social y el rector'.

Otro aspecto del anteproyecto que, seg¨²n los expertos, ' hace sufrir indebidamente la autonom¨ªa universitaria es al determinar la participaci¨®n de los miembros del consejo social en el consejo de gobierno'. Es ah¨ª donde el informe 'recuerda que la particpaci¨®n de ¨¦stos en las decisiones acad¨¦micas es contraria a la autonom¨ªa universitaria, como ya se?al¨® -sin lugar a dudas-la sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987, del 27 de febrero'.

La situaci¨®n que puede chirriar m¨¢s a los juristas es que en la futura ley 'el consejo social ser¨¢ el que dar¨¢ conformidad a propuesta del rector para el nombramiento del gerente'. Con lo que, seg¨²n el dictamen, 'esta conformidad se convierte en una participaci¨®n del consejo social en la funci¨®n decisoria de la m¨¢xima autoridad acad¨¦mica de la universidad que es el rector; y revitaliza unas esencias hist¨®ricas, plasmadas en la figura del canciller o cancelario de las universidades, precisamente reductoras de la autonom¨ªa de la comunidad acad¨¦mica de la universidad medieval y renacentista'. Puede ocurrir, de nuevo, que 'un ¨®rgano de participaci¨®n de la sociedad en la universidad' acabe decidiendo en contra de la m¨¢xima autoridad de la comunidad universitaria. 'En suma, que una decisi¨®n acad¨¦mica quede postergada por el parecer de un ¨®rgano no acad¨¦mico, por motivos discrecionales, lo cual podr¨ªa ser incompatible con el principio constitucional de autonom¨ªa universitaria'.

La autonom¨ªa universitaria no es una mera cuesti¨®n conceptual o sem¨¢ntica para los juristas que dedican gran parte de sus observaciones a apuntalar este concepto 'delimitado legalmente' que no puede ser 'subvertido'. La futura ley 'no podr¨¢ subvertir el contenido esencial impl¨ªcito en el concepto de autonom¨ªa, alterando los rasgos definitorios de una instituci¨®n ocho veces centenaria'.