Santana y los privilegios especiales

Dentro del ¨¢mbito de an¨¢lisis de la moderna econom¨ªa pol¨ªtica, en concreto desde el enfoque de las teor¨ªas de la Elecci¨®n P¨²blica, ha adquirido gran relevancia el estudio de un nuevo concepto denominado b¨²squeda de rentas o de privilegios especiales. Por la misma se entiende el conjunto de actividades desarrolladas por sujetos o grupos, encaminadas a obtener regulaciones o intervenciones p¨²blicas que les reporten beneficios superiores a los que obtendr¨ªan si la actividad se desarrollase en un entorno competitivo.

En Espa?a son muchos los ejemplos que podemos encontrar de este tipo de actividades, siendo ejemplos paradigm¨¢ticos, por el escandaloso volumen de beneficios generados: el mal denominado proceso de transici¨®n a la competencia de las compa?¨ªas el¨¦ctricas, con un coste de m¨¢s de un bill¨®n de pesetas para los consumidores en los famosos CTC; o la denominada liberalizaci¨®n del precio de los carburantes, que est¨¢ suponiendo decenas de miles de millones de beneficios al a?o para el oligopolio cartelizado resultante del fin del monopolio p¨²blico, mediante el retraso sistem¨¢tico en la adaptaci¨®n de los precios de los carburantes a las bajadas en los precios del petr¨®leo.

En Andaluc¨ªa el caso de Santana es tambi¨¦n un ejemplo de actividad de b¨²squeda de privilegios especiales, auspiciado en este caso por los trabajadores de la citada empresa. As¨ª, sin entrar en las causas que al comienzo de los noventa llev¨® a la empresa a la banca rota, la realidad es que el mantenimiento de la actividad en manos privadas era imposible. Las p¨¦rdidas sistem¨¢ticas de una empresa no competitiva hac¨ªan irrevocable el cierre de la misma. Surgiendo un grave problema, no ya por la p¨¦rdida de m¨¢s de 2.000 puestos de trabajo, sino porque dicha p¨¦rdida se concentraba en una zona de monocultivo industrial, carente de cualquier alternativa a corto plazo. De hecho, fue el impacto social que hubiera producido el cierre o la reestructuraci¨®n no planificada de la misma lo que justific¨® la intervenci¨®n p¨²blica, tanto del Estado como de la Junta de Andaluc¨ªa (24.396 millones de pesetas aportados, 7.869 por el Estado y 16.527 por la Junta de Andaluc¨ªa). Y fue, por tanto, dicha situaci¨®n la que permiti¨® a los trabajadores de Santana el mantenimiento de unos ingresos, por cierto, muy superiores a los de las empresas de la provincia sujetos al Convenio Provincial del Metal.

Las reformas estructurales asociadas a esa intervenci¨®n p¨²blica tuvieron como resultado el mantenimiento de la actividad y cierta recuperaci¨®n, sin embargo, nuevas circunstancias de la econom¨ªa internacional, en particular la depreciaci¨®n del euro frente al yen, han vuelto a poner en crisis una empresa claramente inadaptada a la realidad empresarial del sector, avoc¨¢ndola a una nueva reestructuraci¨®n, ahora ya m¨¢s realista y destinada a segregar y privatizar partes de la empresa, dada la inviabilidad econ¨®mica de una estructura que en el a?o 2.000 ha perdido m¨¢s de 7.000 millones de pesetas (unos 7.000.000 de pesetas por trabajador). A pesar de ello, el gobierno andaluz ha seguido implicado en el intento de mantener durante el mayor tiempo posible los puestos de trabajo (evidentemente desde la entrada en el Gobierno central de J.M. Aznar, las ayudas del Estado han desaparecido por completo) y ello ha supuesto la presentaci¨®n de una nueva estrategia que podr¨ªa llegar a costar unos 40.000 millones de pesetas adicionales y que ha tenido grandes dificultades para su aprobaci¨®n por la Uni¨®n Europea.

No obstante este esfuerzo (de unos 40 millones de pesetas por trabajador), que vuelve a suponer el mantenimiento de una empresa hoy inviable, que por la libre acci¨®n del mercado muy probablemente hubiese desaparecido hace mucho tiempo, y de unos ingresos para los trabajadores muy superiores a los del sector del entorno, se ha lanzado una nueva campa?a de movilizaciones por parte de sus trabajadores para intentar mantener esos privilegios especiales, que desde luego jam¨¢s se hubiesen producido de no haber existido en su momento ese monocultivo industrial y esa dependencia social.

Los trabajadores de Santana deben entender que es mucho el dinero de los contribuyentes que, pasando por sus bolsillos, se ha dedicado y se pretende dedicar a intentar no hacer depender de Santana a la comarca y que pierden toda su legitimidad moral empe?¨¢ndose en mantener indefinidamente unos privilegios, que son claramente discriminatorios con respecto al resto de trabajadores y que imposibilitan la adaptaci¨®n de la estructura productiva de la comarca a la realidad econ¨®mica. Legitimidad que todav¨ªa pierden mucho m¨¢s con tanganas como la organizada en el Parlamento de Andaluc¨ªa el pasado d¨ªa 24 de octubre, en la que violentaron la voluntad popular e insultaron a los representantes del pueblo andaluz.

Ni la violencia contra las instituciones, ni los altercados, ni el vandalismo callejero, como el recientemente producido en Sevilla, son recetas para resolver los problemas econ¨®micos. Los problemas econ¨®micos se resuelven con soluciones econ¨®micas, entre las que no se encuentra la estatalizaci¨®n de la econom¨ªa, como a todas luces demuestra el colapso de los reg¨ªmenes comunistas o el sistem¨¢tico declive de la econom¨ªa argentina, aquejada de la enfermedad cr¨®nica del peronismo. Es necesario entender que, en la econom¨ªa global, la soluci¨®n a las crisis pasa por producir m¨¢s, con m¨¢s calidad y menores costes y eso, en el caso de Santana, lleva irremediablemente a la cooperaci¨®n para aplicar el plan trazado por la Junta de Andaluc¨ªa, que no es m¨¢s que el que han aplicado las grandes empresas de automoci¨®n de todo el mundo. Lo contrario es, simple y llanamente, querer vivir indefinidamente del privilegio especial que supone la estatalizaci¨®n de p¨¦rdidas. Privilegio que la izquierda moderna no puede consentir para evitar el desprestigio del Sector P¨²blico, instrumento b¨¢sico en nuestras pol¨ªticas de correcci¨®n de las desigualdades y eliminaci¨®n de las discriminaciones.

Luis ?ngel Hierro es diputado Socialista del Parlamento de Andaluc¨ªa.