La Sindicatura ve 'descontrol' en la Diputaci¨®n de Lleida
La Sindicatura de Cuentas advirti¨® ayer de que existen indicios fundados de que la Diputaci¨®n de Lleida, gobernada por Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), no ha atajado el 'descontrol' y las irregularidades detectadas entre 1995 y 1999 en el funcionamiento del ¨®rgano encargado de recaudar los impuestos municipales. Ante la presi¨®n de todos los grupos parlamentarios, CiU se vio obligada ayer a sumarse a la propuesta de la oposici¨®n de encargar un nuevo informe que fiscalice tambi¨¦n el periodo 2000-2001.
El s¨ªndico Manuel Barrado, propuesto en su d¨ªa a instancias del Partido Popular (PP), present¨® ayer en el Parlament el informe que ha elaborado sobre el Organismo Aut¨®nomo de Gesti¨®n y Recaudaci¨®n de Tributos Locales de la Diputaci¨®n de Lleida (OAGRTL) en el periodo en que su m¨¢ximo responsable, como presidente de la Diputaci¨®n, era Josep Grau, hoy consejero del Gobierno catal¨¢n. Todos los grupos, salvo CiU, elogiaron el informe, que fue puesto en entredicho por los actuales responsables de la Diputaci¨®n, y mostraron su preocupaci¨®n por la gesti¨®n 'nefasta' del equipo encabezado por Grau y el 'descontrol' en la instituci¨®n.
El informe advierte de la falta de transparencia y de 'utilizaci¨®n presuntamente fraudulenta de fondos p¨²blicos' en el OAGRTL, pero en su exposici¨®n de ayer Barrado subray¨® que no pod¨ªa afirmar que la Diputaci¨®n hubiera tomado posteriormente las medidas necesarias para atajar la 'falta de control' y la 'mala gesti¨®n'. El PP y los socialistas se agarraron a esta insinuaci¨®n para reclamar un nuevo informe fiscalizador, que finalmente fue pedido por todos los grupos.
La Sindicatura calcula que entre 1995 y 1999 la Diputaci¨®n de Lleida, a trav¨¦s de su organismo recaudador, dej¨® prescribir m¨¢s de 1.500 millones de pesetas del total de tributos que deb¨ªa gestionar. Los diputados mostraron su perplejidad por algunas de las empresas y entidades que se ahorraron impuestos a trav¨¦s de las prescripciones. Entre otros, el informe cita Adigsa, el Incasol -empresas de la Generalitat- y el obispado de Lleida.
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