El recorte de las libertades p¨²blicas

Desde la II Guerra Mundial, ning¨²n Gobierno de Estados Unidos ha lanzado un ataque de tan amplio alcance contra las libertades civiles como el actual. Mientras el temor contin¨²a atenazando al pa¨ªs tras los tr¨¢gicos atentados del 11 de septiembre, el Gobierno ha iniciado una detenci¨®n generalizada de ¨¢rabes y musulmanes, ha establecido tribunales militares secretos para juzgar los delitos de terrorismo, ha aprobado el control de las conversaciones entre los detenidos y sus abogados y ha vuelto a la pr¨¢ctica de 'los estereotipos raciales'.

Puede que, para los espa?oles, que viven con el recuerdo de una guerra civil, que se ven enfrentados a un n¨²mero cada vez mayor de refugiados que huyen de guerras ¨¦tnicas y que se han acostumbrado dolorosamente a los atentados terroristas, les sea dif¨ªcil apreciar el profundo cambio de actitud provocado en Estados Unidos por el impresionante incendio de las Torres Gemelas. Generaciones de estadounidenses han crecido protegidos y completamente inconscientes de la turbulencia del mundo, seguros en la creencia de que el abrumador poder¨ªo militar y econ¨®mico de EE UU, as¨ª como su aislamiento geogr¨¢fico, los defend¨ªan de la cat¨¢strofe. El ataque hizo a?icos esa sensaci¨®n de invulnerabilidad e hizo que los ciudadanos buscasen respuestas y protecci¨®n.

Foro: El poder dictatorial de Bush

La seguridad tiene un precio, y as¨ª debe ser. El rascacielos de Nueva York en el que yo trabajo, y desde el que se vieron los aviones chocar contra las Torres Gemelas, ha sido evacuado tres veces. Desde que cerraron nuestra oficina de correos a causa del ¨¢ntrax, nos ponemos guantes para abrir el correo. No me importa atravesar detectores de metales cada vez que entro en mi oficina (simplemente me gustar¨ªa que fuesen m¨¢s precisos). Hay polic¨ªas y militares por todas partes y a todas horas.

Desgraciadamente, el Gobierno ha escuchado, o aprovechado, el temor de la opini¨®n p¨²blica para ir m¨¢s all¨¢ de unas medidas de seguridad leg¨ªtimas. Tras los ataques del 11 de septiembre, el Congreso aprob¨® precipitadamente una legislaci¨®n de emergencia, la denominada 'Ley patri¨®tica estadounidense', que recorta gravemente los derechos de los extranjeros y permite su detenci¨®n indefinida una vez que el fiscal general (ministro de Justicia) 'certifica' que tiene 'bases razonables para creer' que un extranjero participa en actividades terroristas o pone en peligro la seguridad nacional. Unos criterios excesivamente amplios y vagos para someter a un extranjero a la detenci¨®n pueden permitir al ministro de Justicia certificar y detener a un no ciudadano que tuviese conexi¨®n, por m¨ªnima o distante en el tiempo que fuese, con cualquier grupo que en cualquier momento hubiese utilizado ilegalmente un arma para poner en peligro a una persona. Dado el modo en que se est¨¢ enfocando la aplicaci¨®n de la ley, el riesgo de arbitrariedad y de que se lleve a cabo en base a criterios puramente raciales es obvio.

De hecho, el fiscal general, John Ashcroft, ha anunciado recientemente una 'redada' y ha enviado a las polic¨ªas locales de todo el pa¨ªs una lista de al menos 5.000 extranjeros, todos ellos varones de edades comprendidas entre 18 y 33 a?os, principalmente de pa¨ªses de Oriente Pr¨®ximo recientemente llegados al pa¨ªs, para ser entrevistados. Por suerte, varios jefes de polic¨ªa, incluidos los de Detroit y Portland (Oreg¨®n), se niegan a participar en esta nueva forma de 'estereotipo racial': la pr¨¢ctica, bien conocida por los negros estadounidenses, de identificar sospechosos bas¨¢ndose en su raza. Mientras el presidente Bush no ha dejado de decir a los estadounidenses que no deb¨ªan tratar a todos los ¨¢rabes y musulmanes como sospechosos de terrorismo, estas pr¨¢cticas env¨ªan el mensaje exactamente opuesto.

Desde el 11 de septiembre han sido arrestadas o detenidas m¨¢s de 1.200 personas, la mayor¨ªa ¨¢rabes y musulmanes. A pesar de que los grupos de derechos civiles lo han solicitado formalmente, el Gobierno se ha negado a dar incluso el nombre de los detenidos. Sin embargo, se sabe que muchos de ellos han sido arrestados b¨¢sicamente por ser ¨¢rabes. Sabemos que a algunos se les ha impedido contactar con abogados y con su familia. Una nueva normativa permite que la Administraci¨®n escuche las conversaciones entre los presos y sus abogados, algo que amenaza una pieza b¨¢sica del sistema judicial estadounidense: el derecho a una defensa jur¨ªdica plena y sin restricciones.

Todav¨ªa m¨¢s inquietantes son las insinuaciones del uso de la tortura. El 21 de octubre, The Washington Post inform¨® de que algunos oficiales del FBI, frustrados por la negativa de los detenidos a cooperar, hab¨ªan empezado a hablar de la necesidad de pasar a m¨¦todos interrogatorios no legales. Parece que se debat¨ªa la posibilidad de utilizar la fuerza f¨ªsica, el uso de 'sueros de la verdad' y la capacidad de extraditar a los detenidos a pa¨ªses en los que se usa la tortura. Naturalmente, el FBI se apresur¨® a negar que esas conversaciones hubieran tenido lugar y ha afirmado p¨²blicamente que est¨¢ dispuesto a proteger los derechos individuales. Sin embargo, la cuesti¨®n de si se deber¨ªa usar la tortura o la droga como parte de la campa?a estadounidense contra el terrorismo se ha convertido en algo debatido en la prensa, la televisi¨®n y la radio, y algunos antiguos oficiales militares, diversos analistas pol¨ªticos, expertos en justicia penal y otros han sostenido en p¨²blico que los 'tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias'.

Tal vez lo m¨¢s peligroso sea la orden ejecutiva que el presidente Bush present¨® por sorpresa el 15 de noviembre, por la que se permit¨ªa el juicio a extranjeros por parte de comisiones militares especiales. La orden da a estos tribunales militares poderes extraordinarios para transgredir los derechos procesales m¨¢s b¨¢sicos garantizados desde hace tiempo en Estados Unidos. Un acusado de terrorismo podr¨ªa ser sentenciado a muerte sin un juicio p¨²blico, sin presunci¨®n de inocencia, sin derecho a apelar e incluso sin necesidad de establecer la culpabilidad m¨¢s all¨¢ de toda duda razonable. Un funcionario del Pent¨¢gono declar¨® a The New York Times que los autos ser¨ªan secretos y s¨®lo se publicar¨ªa informaci¨®n referente a hechos desnudos, como el nombre y la condena del acusado. Parad¨®jicamente, Estados Unidos ha condenado sistem¨¢ticamente transgresiones tan flagrantes de los derechos b¨¢sicos a un juicio justo cuando eran cometidas por otros Gobiernos, como los tribunales militares peruanos que condenaron al ciudadano estadounidense Lori Berenson por terrorismo, o cuando Nigeria conden¨® y ejecut¨® al acti vista Ken Said Wiwn despu¨¦s de un juicio militar. Ahora, sin embargo, el vicepresidente, Richard Cheney, afirma que los supuestos terroristas 'no merecen las mismas garant¨ªas y salvaguardias que se utilizar¨ªan para un ciudadano estadounidense sometido a un proceso judicial normal'. A?ade que un tribunal militar 'garantiza que daremos a estos individuos el tipo de trato que, en nuestra opini¨®n, se merecen'. ?ste es el mensaje menos indicado que se debe enviar como parte de una batalla a favor de una 'libertad duradera'. Sin embargo, resulta alentador que, a pesar del actual clima de temor y patriotismo, el n¨²mero de l¨ªderes de opini¨®n que se est¨¢n oponiendo a este plan de justicia de doble rasero sea cada vez mayor.

Los pa¨ªses europeos tambi¨¦n podr¨ªan tirar por el camino m¨¢s f¨¢cil. Las medidas de seguridad propuestas para toda la Uni¨®n incluyen una definici¨®n amplia de terrorismo que amenaza la libertad de asociaci¨®n. Una propuesta del Gobierno brit¨¢nico permitir¨ªa la detenci¨®n arbitraria de personas sospechosas de actividad terrorista. El derecho a la solicitud de asilo est¨¢ en peligro en toda Europa, porque los pa¨ªses est¨¢n cerrando sus fronteras. Pero estos planes no son nada comparados con el ataque frontal a los derechos de los extranjeros que se est¨¢ produciendo en Estados Unidos, y Europa puede todav¨ªa desempe?ar un papel importante a la hora de frenar los peores excesos de aqu¨¦l. Las autoridades espa?olas han afirmado ya que no extraditar¨¢n a los presuntos terroristas detenidos recientemente para que los sometan en Estados Unidos a juicios militares, porque ello transgredir¨ªa las obligaciones impuestas por la Convenci¨®n Europea de los Derechos Humanos de garantizar un juicio justo. Otros pa¨ªses europeos deber¨ªan seguir su ejemplo y dejar claro que los tribunales militares, la pena de muerte y, por supuesto, la tortura no pueden formar parte de la guerra contra el terrorismo, la cual, en todo caso, deber¨ªa centrarse en consolidar el sistema de derecho.

Vivimos tiempos dif¨ªciles. Los estadounidenses est¨¢n en su derecho a sentirse indignados por los atentados del 11 de septiembre, pero esa ira no puede validar un ataque contra sus orgullosas tradiciones judiciales. Estados Unidos puede, y debe, reconciliar la necesidad de seguridad con la protecci¨®n de la libertad. Europa puede ayudar.

Reed Brody es director adjunto de Human Rights Watch.