Recaudar m¨¢s sin subir impuestos

Los datos de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, en su avance de la actuaci¨®n econ¨®mica y financiera de 2000, muestran que la presi¨®n fiscal -lo que las administraciones p¨²blicas recaudan en proporci¨®n a la renta total generada- en Espa?a se ha situado en el 35,5% del PIB en 2000, siete puntos por debajo de la media de la Uni¨®n Europea. La presi¨®n fiscal, por tanto, se ha incrementado en los ¨²ltimos cinco a?os en algo m¨¢s de dos puntos porcentuales de PIB, pero, como seguidamente expondr¨¦, es un error identificar una subida de la presi¨®n fiscal con un aumento de los impuestos globales que paga cada contribuyente.

La econom¨ªa espa?ola ha experimentado desde el a?o 1995 un espectacular dinamismo econ¨®mico, s¨®lo comparable a los periodos de fuerte crecimiento del desarrollismo de los a?os sesenta y de la segunda mitad de los a?os ochenta. La econom¨ªa creci¨® en el a?o 2000 el 4,1% en t¨¦rminos reales, con lo que alcanza por cuarto a?o consecutivo un ritmo de avance del 4% o superior.

'Se ha reducido la fiscalidad del IRPF y el IVA se ha mantenido sin cambios'

'Descentralizar el gasto tiene que ir acompa?ado de un proceso paralelo para los tributos'

El actual modelo de crecimiento, a diferencia del que tuvo lugar entre los a?os 1985 y 1991, ha permitido un intenso proceso de creaci¨®n de empleo neto -el mayor de la UE- y es, adem¨¢s, sostenible, lo que quiere decir que no ha generado desequilibrios relevantes a nivel interno -inflaci¨®n- o externo -balanza comercial y balanza por cuenta corriente- que ahoguen la actividad econ¨®mica.

El ejercicio de consolidaci¨®n presupuestaria ha sido, sin duda alguna, la fuerza motriz del proceso de crecimiento sostenido. La reducci¨®n progresiva del d¨¦ficit p¨²blico -en t¨¦rminos de Contabilidad Nacional- desde niveles del 6,6% del PIB al inicio del periodo hasta los niveles actuales que se aproximan al equilibrio presupuestario ha catalizado un proceso de generaci¨®n de confianza en los mercados que ha cristalizado en la pr¨¢ctica eliminaci¨®n de nuestra prima de riesgo-pa¨ªs. ?sta era la ¨²nica v¨ªa posible de reducci¨®n de los tipos de inter¨¦s en el actual marco de plena integraci¨®n de los mercados financieros, compatible con la deseada estabilidad cambiaria.

Unos tipos m¨¢s reducidos y una mayor confianza explican el resto: fuerte dinamismo de la demanda de consumo y de inversi¨®n, intenso proceso de creaci¨®n de empleo y, por acci¨®n de los estabilizadores autom¨¢ticos del presupuesto, significativos aumentos de la recaudaci¨®n en los impuestos directos e indirectos y ca¨ªda de las transferencias por subsidio de desempleo.

En efecto, la formidable creaci¨®n de empleo durante los ¨²ltimos a?os, las mejoras salariales y los positivos resultados de los beneficios empresariales han impulsado una mayor recaudaci¨®n tributaria.

En 1996, la Seguridad Social contaba con 13,3 millones de afiliados, que se han incrementado hasta los casi 16 millones al finalizar el mes de noviembre del presente a?o. Esto tiene su reflejo en una fuerte inyecci¨®n de recaudaci¨®n por tres v¨ªas principalmente: por la base mucho mayor de cotizantes y contribuyentes; por el consumo que generan esos contribuyentes, que adem¨¢s disponen de mayor renta disponible para el gasto por sus incrementos salariales, y por la rebaja fiscal practicada en 1999, y tambi¨¦n se contabilizan mayores ingresos por las alzas de los beneficios empresariales.

?Qu¨¦ grandes figuras tributar¨ªas se han incrementado en este periodo? ?El IRPF?, ?El IVA?, ?El impuesto de sociedades?, ?Los impuestos especiales? En este periodo no s¨®lo se redujo la fiscalidad del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas, sino que el IVA, en general, se mantuvo sin cambios, y se congelaron varios a?os los impuestos especiales. En definitiva, no se subieron los impuestos, pero ¨¦ramos muchos m¨¢s contribuyentes, que adem¨¢s dispon¨ªamos de mayores rentas, y que impulsamos la demanda interna, y por ende, las importaciones. El resultado es que pagamos menos, pero se recauda m¨¢s.

El equilibrio presupuestario ha sido y seguir¨¢ siendo el objetivo principal de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno. La recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria no hace sino proteger el cumplimiento de este principio. Es decir, vamos a mantener las condiciones para prolongar el proceso de convergencia real, en niveles de renta y empleo, con los pa¨ªses m¨¢s desarrollados de la UE. Este objetivo no tiene que ser necesariamente incompatible con la posibilidad de reducciones calculadas de los impuestos (l¨¦ase la reforma del IRPF en el a?o 1999, o los incentivos y bonificaciones fiscales que se contemplan en la futura Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2002), pero debe quedar claro que nunca debe ponerse en riesgo el equilibrio del Presupuesto. Primero se modera el crecimiento de los gastos y, s¨®lo luego, se reducen los impuestos.

A estos efectos, aunque existen pa¨ªses comunitarios (Irlanda y Finlandia) que han experimentado crecimientos superiores a los de Espa?a, al tiempo que reduc¨ªan sus niveles de presi¨®n fiscal, su comparaci¨®n con el caso espa?ol no resulta aceptable por cuestiones de fondo y forma. En particular, estos pa¨ªses lograron convertir sus d¨¦ficit en super¨¢vit p¨²blicos en los a?os 1997 y 1998, y s¨®lo a partir de entonces procedieron a la reducci¨®n de sus impuestos. Otro dato a considerar es que en 1996 nuestro d¨¦ficit p¨²blico triplicaba al irland¨¦s.

Por ¨²ltimo, me gustar¨ªa realizar una reflexi¨®n adicional sobre el reparto de responsabilidades en lo concerniente a la actividad financiera entre los tres niveles de la Administraci¨®n. El Gobierno ha comprendido que la descentralizaci¨®n del gasto p¨²blico tiene que venir acompa?ada necesariamente de un proceso paralelo para los tributos. Transferir competencias sin hacer lo propio con la necesidad de generar ingresos puede derivar en la irresponsabilidad en el ejercicio del gasto de los recursos p¨²blicos, de unos administradores que no soporten ni el escrutinio de los contribuyentes ni el coste pol¨ªtico de ser recaudador de impuestos.

La cesi¨®n a las comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n del 15% de la tarifa del IRPF a partir del a?o 1997, derivada de la reforma de su modelo de financiaci¨®n para el periodo 1997-2001, y sobre todo, el nuevo acuerdo de financiaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n, son buenos ejemplos de la preocupaci¨®n del Gobierno por introducir mayores dosis de corresponsabilidad fiscal.

La opini¨®n p¨²blica debe valorar los datos de la IGAE sobre la distribuci¨®n institucional de la presi¨®n fiscal. Es en las comunidades aut¨®nomas donde se ha producido un mayor avance de este indicador -con un incremento de 1,18 puntos porcentuales de PIB- en los cinco ¨²ltimos a?os, como consecuencia de la cesi¨®n antes rnencionada, y en el futuro este reparto se ver¨¢ mucho m¨¢s acentuado.Los datos de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, en su avance de la actuaci¨®n econ¨®mica y financiera de 2000, muestran que la presi¨®n fiscal -lo que las administraciones p¨²blicas recaudan en proporci¨®n a la renta total generada- en Espa?a se ha situado en el 35,5% del PIB en 2000, siete puntos por debajo de la media de la Uni¨®n Europea. La presi¨®n fiscal, por tanto, se ha incrementado en los ¨²ltimos cinco a?os en algo m¨¢s de dos puntos porcentuales de PIB, pero, como seguidamente expondr¨¦, es un error identificar una subida de la presi¨®n fiscal con un aumento de los impuestos globales que paga cada contribuyente.

La econom¨ªa espa?ola ha experimentado desde el a?o 1995 un espectacular dinamismo econ¨®mico, s¨®lo comparable a los periodos de fuerte crecimiento del desarrollismo de los a?os sesenta y de la segunda mitad de los a?os ochenta. La econom¨ªa creci¨® en el a?o 2000 el 4,1% en t¨¦rminos reales, con lo que alcanza por cuarto a?o consecutivo un ritmo de avance del 4% o superior.

El actual modelo de crecimiento, a diferencia del que tuvo lugar entre los a?os 1985 y 1991, ha permitido un intenso proceso de creaci¨®n de empleo neto -el mayor de la UE- y es, adem¨¢s, sostenible, lo que quiere decir que no ha generado desequilibrios relevantes a nivel interno -inflaci¨®n- o externo -balanza comercial y balanza por cuenta corriente- que ahoguen la actividad econ¨®mica.

El ejercicio de consolidaci¨®n presupuestaria ha sido, sin duda alguna, la fuerza motriz del proceso de crecimiento sostenido. La reducci¨®n progresiva del d¨¦ficit p¨²blico -en t¨¦rminos de Contabilidad Nacional- desde niveles del 6,6% del PIB al inicio del periodo hasta los niveles actuales que se aproximan al equilibrio presupuestario ha catalizado un proceso de generaci¨®n de confianza en los mercados que ha cristalizado en la pr¨¢ctica eliminaci¨®n de nuestra prima de riesgo-pa¨ªs. ?sta era la ¨²nica v¨ªa posible de reducci¨®n de los tipos de inter¨¦s en el actual marco de plena integraci¨®n de los mercados financieros, compatible con la deseada estabilidad cambiaria.

Unos tipos m¨¢s reducidos y una mayor confianza explican el resto: fuerte dinamismo de la demanda de consumo y de inversi¨®n, intenso proceso de creaci¨®n de empleo y, por acci¨®n de los estabilizadores autom¨¢ticos del presupuesto, significativos aumentos de la recaudaci¨®n en los impuestos directos e indirectos y ca¨ªda de las transferencias por subsidio de desempleo.

En efecto, la formidable creaci¨®n de empleo durante los ¨²ltimos a?os, las mejoras salariales y los positivos resultados de los beneficios empresariales han impulsado una mayor recaudaci¨®n tributaria.

En 1996, la Seguridad Social contaba con 13,3 millones de afiliados, que se han incrementado hasta los casi 16 millones al finalizar el mes de noviembre del presente a?o. Esto tiene su reflejo en una fuerte inyecci¨®n de recaudaci¨®n por tres v¨ªas principalmente: por la base mucho mayor de cotizantes y contribuyentes; por el consumo que generan esos contribuyentes, que adem¨¢s disponen de mayor renta disponible para el gasto por sus incrementos salariales, y por la rebaja fiscal practicada en 1999, y tambi¨¦n se contabilizan mayores ingresos por las alzas de los beneficios empresariales.

?Qu¨¦ grandes figuras tributar¨ªas se han incrementado en este periodo? ?El IRPF?, ?El IVA?, ?El impuesto de sociedades?, ?Los impuestos especiales? En este periodo no s¨®lo se redujo la fiscalidad del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas, sino que el IVA, en general, se mantuvo sin cambios, y se congelaron varios a?os los impuestos especiales. En definitiva, no se subieron los impuestos, pero ¨¦ramos muchos m¨¢s contribuyentes, que adem¨¢s dispon¨ªamos de mayores rentas, y que impulsamos la demanda interna, y por ende, las importaciones. El resultado es que pagamos menos, pero se recauda m¨¢s.

El equilibrio presupuestario ha sido y seguir¨¢ siendo el objetivo principal de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno. La recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria no hace sino proteger el cumplimiento de este principio. Es decir, vamos a mantener las condiciones para prolongar el proceso de convergencia real, en niveles de renta y empleo, con los pa¨ªses m¨¢s desarrollados de la UE. Este objetivo no tiene que ser necesariamente incompatible con la posibilidad de reducciones calculadas de los impuestos (l¨¦ase la reforma del IRPF en el a?o 1999, o los incentivos y bonificaciones fiscales que se contemplan en la futura Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2002), pero debe quedar claro que nunca debe ponerse en riesgo el equilibrio del Presupuesto. Primero se modera el crecimiento de los gastos y, s¨®lo luego, se reducen los impuestos.

A estos efectos, aunque existen pa¨ªses comunitarios (Irlanda y Finlandia) que han experimentado crecimientos superiores a los de Espa?a, al tiempo que reduc¨ªan sus niveles de presi¨®n fiscal, su comparaci¨®n con el caso espa?ol no resulta aceptable por cuestiones de fondo y forma. En particular, estos pa¨ªses lograron convertir sus d¨¦ficit en super¨¢vit p¨²blicos en los a?os 1997 y 1998, y s¨®lo a partir de entonces procedieron a la reducci¨®n de sus impuestos. Otro dato a considerar es que en 1996 nuestro d¨¦ficit p¨²blico triplicaba al irland¨¦s.

Por ¨²ltimo, me gustar¨ªa realizar una reflexi¨®n adicional sobre el reparto de responsabilidades en lo concerniente a la actividad financiera entre los tres niveles de la Administraci¨®n. El Gobierno ha comprendido que la descentralizaci¨®n del gasto p¨²blico tiene que venir acompa?ada necesariamente de un proceso paralelo para los tributos. Transferir competencias sin hacer lo propio con la necesidad de generar ingresos puede derivar en la irresponsabilidad en el ejercicio del gasto de los recursos p¨²blicos, de unos administradores que no soporten ni el escrutinio de los contribuyentes ni el coste pol¨ªtico de ser recaudador de impuestos.

La cesi¨®n a las comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n del 15% de la tarifa del IRPF a partir del a?o 1997, derivada de la reforma de su modelo de financiaci¨®n para el periodo 1997-2001, y sobre todo, el nuevo acuerdo de financiaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n, son buenos ejemplos de la preocupaci¨®n del Gobierno por introducir mayores dosis de corresponsabilidad fiscal.

La opini¨®n p¨²blica debe valorar los datos de la IGAE sobre la distribuci¨®n institucional de la presi¨®n fiscal. Es en las comunidades aut¨®nomas donde se ha producido un mayor avance de este indicador -con un incremento de 1,18 puntos porcentuales de PIB- en los cinco ¨²ltimos a?os, como consecuencia de la cesi¨®n antes rnencionada, y en el futuro este reparto se ver¨¢ mucho m¨¢s acentuado.

Elvira Rodr¨ªguez Herrer es secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.