La lista negra, bajo secreto
La Federaci¨®n de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andaluc¨ªa (Facua) realiza cada Navidad una campa?a dirigida a los compradores de juguetes para recomendarles que eviten aqu¨¦llos que pudieran tener connotaciones sexistas o b¨¦licas. Pero desde Facua se critica especialmente el escaso control que ejercen las administraciones sobre la publicidad de estos productos.
Seg¨²n la Ley General de la Publicidad, la comunidad aut¨®noma en la que se ubica la sede social del anunciante es la que tiene competencias para sancionar. En el caso de la Junta, esta potestad deber¨ªa ejercerla la Direcci¨®n General de Consumo. Si la empresa no es andaluza, la Junta puede sancionar a la cadena de radio o televisi¨®n auton¨®micas que emita los anuncios.
El portavoz de Facua, Rub¨¦n S¨¢nchez, subraya tambi¨¦n la importancia de controlar el cumplimiento de las normas de seguridad de los juguetes, que se rigen por una norma europea. La marca CE garantiza que se compran juguetes controlados para que cumplan determinadas condiciones de fabricaci¨®n y etiquetado.
Entre estas normas destaca la prohibici¨®n de usar materiales que contengan sustancias inflamables o t¨®xicas; los juguetes el¨¦ctricos deben estar aislados y no pueden superar los 24 voltios; y el uso de PVC es restringido porque da?a el medio ambiente y puede ser perjudicial para la salud.
Rub¨¦n S¨¢nchez, subraya que existe una Red de Alerta Comunitaria que abarca a m¨¢s de 800 juguetes que pueden entra?ar riesgos para los menores. Las administraciones est¨¢n obligadas a garantizar la retirada del mercado de estos juguetes, pero 'la Junta no cuenta con medios necesarios' para hacerlo. 'Desde hace a?os exigimos que haya m¨¢s inspectores de Salud y Consumo', subraya S¨¢nchez, 'porque con los que hay no se puede asegurar que se inspeccionen todas las tiendas'.
S¨¢nchez, adem¨¢s, considera un error que la lista de juguetes bajo sospecha no se haga p¨²blica. 'La informaci¨®n no llega a los ciudadanos a pesar de que el producto se puede encontrar en cualquier tienda', dice S¨¢nchez. La justificaci¨®n que les da la Junta es que su difusi¨®n crear¨ªa 'alarma social'
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