La orden de Berlusconi
Silvio Berlusconi ha terminado por aceptar la orden europea de detenci¨®n y entrega, aunque con un margen tal de maniobra que le permitir¨¢ desvirtuarla, o incluso convertir lo que parece un s¨ª, en un no. Lo que podr¨ªa considerarse como la primera piedra de un eventual c¨®digo penal europeo nace as¨ª oscurecido por las sombras de sospecha que arroja el dirigente italiano.
El primer ministro y magnate medi¨¢tico ha dado, en principio, el visto bueno al texto comunitario con sus 32 delitos (en vez de los seis a los que quer¨ªa reducirlos), que van desde el terrorismo al blanqueo de dinero, pasando por la corrupci¨®n. Pero la transposici¨®n al derecho italiano quedar¨¢ supeditada a una reforma de la Constituci¨®n que ha de aprobar el Parlamento y ratificar un refer¨¦ndum, pese a que algunos juristas duden de que sea realmente necesaria tal reforma de la Carta Magna italiana. En todo caso, necesita el apoyo de su socio de Gobierno, la antieurope¨ªsta y xen¨®foba Liga Norte de Umberto Bossi. A esta formaci¨®n pertenece el ministro de Justicia, Roberto Castelli, que la semana pasada bloque¨® el acuerdo sobre una medida que permitir¨¢ sortear los largos procesos de extradici¨®n entre los miembros de la UE mediante el establecimiento de un plazo de 90 d¨ªas para entregar a los detenidos que reclame la justicia de otro pa¨ªs. Austria y Grecia tambi¨¦n deben modificar sus Constituciones y no han organizado embrollos tan barrocos.
Con las condiciones pactadas con el presidente de turno del Consejo Europeo, Guy Verhofstadt, Berlusconi puede pr¨¢cticamente hacer lo que le venga en gana en materia de plazos, y retrasar su entrada en vigor m¨¢s all¨¢ de la fecha pactada de 2004. Con ello podr¨ªa garantizarse la prescripci¨®n de las acusaciones pendientes contra Il Cavaliere y algunos de sus colaboradores y diputados.
Berlusconi, que ya se ha blindado con leyes como la que le permite conservar el cargo y su imperio medi¨¢tico, u otras que vienen pr¨¢cticamente a despenalizar el delito de falsificaci¨®n contable o a imposibilitar las comisiones rogatorias en el extranjero, puede ahora encontrar una excusa en la UE para seguir adelante en su asalto a la independencia del poder judicial. Quiere no s¨®lo asegurarse que no le perseguir¨¢n los jueces italianos, sino tampoco los de otros pa¨ªses, como Garz¨®n, instructor del caso Tele 5 en la Audiencia Nacional espa?ola.
Al comparar el caso de la euroorden con la implantaci¨®n de la moneda ¨²nica s¨®lo en 12 de los 15 miembros de la UE, Berlusconi ha venido a decir que no pasa nada porque Italia no aplique eventualmente esta norma. Tales prop¨®sitos constituyen un mal presagio cuando la construcci¨®n europea se adentra en una nueva senda de reformas y constitucionalizaci¨®n, y una base inestable sobre la que construir la Europa de la justicia y la seguridad, complemento necesario de la supresi¨®n de las fronteras internas.
A pesar de todo, cabe recalcar que, a falta de su inminente adopci¨®n formal por los Quince, la UE ha aprobado la directiva sobre la euroorden en tiempo r¨¦cord, nada habitual en la lenta vida comunitaria. Aunque se ven¨ªa preparando desde hace tiempo, la Comisi¨®n Europea present¨® formalmente su propuesta el 13 de septiembre, y el acuerdo en el Consejo de Ministros se alcanz¨® tan s¨®lo dos meses y medio despu¨¦s. El ataque terrorista contra Nueva York y Washington ha servido, indudablemente, de acelerador. Pero la actitud de Berlusconi ha empa?ado esta proeza europea que tanto interesa a Espa?a en su lucha contra ETA. En el caso de que Italia demore finalmente su aplicaci¨®n, habr¨¢ que considerar la posibilidad de que entre en vigor al menos en los 14 pa¨ªses restantes. Berlusconi no es de fiar, y puede da?ar seriamente la construcci¨®n y la credibilidad europeas.
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