La presencia en la UE enfrenta a siete autonom¨ªas con el Gobierno
Algunas comunidades proyectan dejar organismos de coordinaci¨®n despu¨¦s del veto del Ejecutivo a la presencia de regiones en Europa
La decisi¨®n del Gobierno de enterrar cualquier forma de representaci¨®n de las autonom¨ªas en los Consejos de Ministros de la Uni¨®n Europea ha indignado a siete comunidades gobernadas por partidos de distinto signo: PP gallego, PNV, CiU, PSOE y Coalici¨®n Canaria. Se trata de Galicia, Pa¨ªs Vasco, Catalu?a, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andaluc¨ªa y Canarias. El malestar es tal que algunas se plantean su continuidad en los trabajos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE).
El Gobierno ech¨® el pasado 13 de diciembre la primera paletada de tierra sobre la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en la UE. Y en los dos d¨ªas siguientes, en la cumbre de Laeken, el Ejecutivo espa?ol quiso acabar el entierro. Fue el propio presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, quien introdujo rebajas antifederalistas en la declaraci¨®n final de la cumbre celebrada en B¨¦lgica. As¨ª, un documento que resultaba esperanzador para la presencia de las regiones en las instituciones europeas se vio matizado por un 'all¨ª donde sus constituciones lo prevean'.
Todo ello pon¨ªa el broche final a una semana pol¨ªticamente tormentosa, en la que las comunidades aut¨®nomas se hab¨ªan puesto de acuerdo en un documento de m¨ªnimos en el seno de la CARCE el pasado d¨ªa 13. Sin embargo, las regiones gobernadas por el PP -excepto Galicia- se desmarcaron de un texto consensuado previamente. ?Por qu¨¦? Porque el Gobierno se neg¨® a dar su apoyo a una t¨ªmida declaraci¨®n que, entre otras cosas, ped¨ªa que en el debate sobre el futuro de Europa que abr¨ªa la cumbre de Laeken 'participen las comunidades aut¨®nomas. Asimismo, solicitan [los firmantes] un di¨¢logo entre el Gobierno espa?ol y las comunidades aut¨®nomas para conformar la posici¨®n del Estado espa?ol en el marco de las negociaciones del nuevo tratado'.
El texto tambi¨¦n hac¨ªa votos por 'el impulso que deber¨¢ concluir en una participaci¨®n y representaci¨®n directa y activa de las comunidades en el sistema institucional de la Uni¨®n Europea'. Ninguna menci¨®n a cualquier organismo concreto. La declaraci¨®n, a pesar de su deliberada tibieza, no prosper¨®.
Desde entonces, la indignaci¨®n se ha apoderado de las distintas autonom¨ªas, que ven c¨®mo el Gobierno hace planear la sombra de la deslealtad sobre sus cabezas. Galicia ha acogido con resignaci¨®n el rev¨¦s despu¨¦s de que el propio presidente, Manuel Fraga, reclamara en su discurso de investidura, hace unas semanas, mayor presencia regional en la Uni¨®n Europea. Un alto cargo de la Xunta expresa en privado su malestar por la actitud del Gobierno central, 'que parece querer dejar sin papel a las autonom¨ªas en Europa'. En la reuni¨®n de la CARCE, la delegaci¨®n gallega guard¨® un disciplinado silencio, aunque tuvo el coraz¨®n al lado de las comunidades socialistas, adem¨¢s de Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Canarias. Estas autonom¨ªas con diferente intensidad defienden la necesidad de que las regiones cuenten con presencia en Europa.
.Todas ellas comparten la idea de que el proceso de regionalizaci¨®n en la Uni¨®n Europea es imparable. Pero est¨¢n convencidas, como afirma Carles Gas¨°liba, eurodiputado de CiU, que las cosas dificilmente cambiar¨¢n hasta que el PP pierda la mayor¨ªa absoluta. Es el propio Gas¨°liba quien recuerda que en 1998, con un PP en pleno viaje hacia el centro que precisaba los votos de CiU y coqueteaba con el PNV, se acord¨® la creaci¨®n de dos comisiones bilaterales entre el Gobierno central y los Ejecutivos catal¨¢n y vasco sobre la cuesti¨®n europea. Luego todo cambi¨®. 'Las elecciones de 2000 acabaron con el giro autonomista,', agrega Gas¨°liba, y ahora tanto socialistas como nacionalistas catalanes hablan abiertamente de involuci¨®n auton¨®mica. En una reciente entrevista, el presidente catal¨¢n, Jordi Pujol, coincid¨® con su hom¨®logo extreme?o, Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, en ese di¨¢gnostico.
Algunas comunidades, como Catalu?a, est¨¢n tan defraudadas con la pol¨ªtica del Gobierno central que se plantean si tiene o no sentido su presencia en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. 'Es que el Ejecutivo central confunde el Estado con el aparato del Estado central', afirma Joaquim Llimona, representante del Gobierno catal¨¢n en la CARCE y director general de Relaciones Internacionales
Con todo, el veto del Gobierno ha soprendido puesto que ha estado precedido por las palabras de Aznar con motivo del 23? aniversario de la Constituci¨®n: 'Cuando se va al exterior es el Gobierno espa?ol el que va, y eso lo dice la Constituci¨®n', subray¨®.
Esto no es Alemania
El documento recientemente remitido por el Ministerio para las Administraciones P¨²blicas a las comunidades aut¨®nomas centra buena parte de su atenci¨®n en subrayar las diferencias entre el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol y el alem¨¢n y el austriaco; modelos federales que propugna la izquierda. Una de las tesis esgrimidas es que ' mientras en los Estados federales parten de un principio de soberan¨ªa compartida entre la federaci¨®n y sus miembros, en el caso espa?ol se parte de un principio distinto que se encuentra recogido en la Constituci¨®n, en la que se afirma que la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol, del que emanan todos los poderes del Estado (...)'. Los redactores del texto atribuyen pues al Gobierno central la representatividad del Estado en exclusiva. Un eventual representante de las comunidades s¨®lo podr¨ªa asistir, seg¨²n el texto, si tuviese 'mandato imperativo'. Aunque tal mandato otorgar¨ªa 'excesiva rigidez a la posici¨®n negociadora espa?ola, que podr¨ªa debilitar, hasta anularla, la posici¨®n de Espa?a como naci¨®n en el complejo ambito de las decisiones comunitarias'. Para que haya, pues, representaci¨®n, concluyen los redactores, hay que reformar la Constituci¨®n, algo que aterroriza a muchos en Espa?a, pero que es un camino que muchos recorren sin traumas en Europa. Y que el propio PP contemplaba para el Senado en su programa electoral de 2000.
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