Sanidad a palos

La transferencia de la sanidad a las 10 comunidades aut¨®nomas que restaban todav¨ªa por asumir esta competencia se ha visto complicada hasta el ¨²ltimo momento por la decisi¨®n unilateral del Gobierno de hacer de su traspaso efectivo condici¨®n previa e inexcusable para poder beneficiarse del nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. En el dilema de o sanidad o marginaci¨®n del nuevo modelo de financiaci¨®n pactado en julio pasado, las 10 comunidades aut¨®nomas pendientes de la transferencia del servicio sanitario han optado por entrar por el aro del Gobierno, no sin resistencia y tras un arduo forcejeo sobre la cobertura presupuestaria de la nueva competencia.

Que las cosas no estaban claras lo demuestra el hecho de que algunas de las autonom¨ªas gobernadas por el PP han mostrado al menos la misma reserva que las regidas por el PSOE a la enmienda sobre la vinculaci¨®n del acuerdo de financiaci¨®n auton¨®mica con el de la sanidad, introducida con nocturnidad y alevos¨ªa por el Gobierno sin debate alguno, en la tramitaci¨®n de los Presupuestos en el Senado. Que las autonom¨ªas hayan terminado por aceptar una a una esta transferencia no avala los m¨¦todos empleados por el Ejecutivo en un asunto merecedor de la m¨¢xima transparencia y consenso pol¨ªtico. Durante 20 a?os, los traspasos de competencias han sido negociados entre las partes y no impuestos por una de ellas mediante amenaza. Las autonom¨ªas han hecho de la necesidad virtud y han sopesado los inconvenientes que habr¨ªa acarreado a sus ciudadanos permanecer fuera del nuevo sistema de financiaci¨®n.

La reticencia de la mayor¨ªa de las comunidades pendientes del traspaso de la sanidad a aceptar esa nueva competencia se ha debido a las dudas sobre su dotaci¨®n presupuestaria. El sistema de financiaci¨®n auton¨®mica incorpora ese gasto sanitario, pero el empecinamiento del Gobierno en mantener unos Presupuestos escasamente realistas en el actual escenario de enfriamiento econ¨®mico y su dogm¨¢tico compromiso a ultranza con el d¨¦ficit cero han alimentado la desconfianza sobre la solvencia de las cuentas p¨²blicas. Esa desconfianza se ha mantenido incluso despu¨¦s de que el Ejecutivo decidiera crear, en una ins¨®lita soluci¨®n de emergencia, un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos, con un tramo estatal y otro auton¨®mico, destinado a financiar los gastos de la sanidad a partir del 1 de enero pr¨®ximo.

La de la sanidad es una competencia de gran impacto social, esencial en el juicio que los ciudadanos se forman de una determinada Administraci¨®n. Ello explica que las negociaciones para asumir su traspaso hayan sido especialmente duras y que se prolongaran hasta el ¨²ltimo minuto de la fecha l¨ªmite. Pero han sido unas negociaciones desiguales: el Gobierno ha impuesto unas condiciones previas y s¨®lo en la medida que las aceptaban las autonom¨ªas han tenido libertad para forzar acuerdos aceptables para ellas sobre la dotaci¨®n del nuevo servicio transferido. Los m¨¦todos del Gobierno no son menos criticables porque haya existido una presi¨®n difusa pero innegable para la aceptaci¨®n del traspaso sanitario por temor a que se repitiera lo ocurrido con las autonom¨ªas que no aceptaron el anterior sistema de financiaci¨®n. El PP, como el PSOE y CiU, han apostado fuerte, aunque por motivos diferentes, por el nuevo sistema, que avanza en la l¨ªnea de la recaudaci¨®n directa sobre las transferencias estatales, dise?ando por primera un complejo modelo de aplicaci¨®n universal. Quedarse fuera supon¨ªa permanecer a la intemperie, como tuvieron ocasi¨®n de comprobar incluso con el anterior modelo las autonom¨ªas gobernadas por los socialistas (Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla-La Mancha), enfrentadas a una severa merma relativa de sus ingresos financieros.