La ¨²ltima leva
El pasado 31 de diciembre se pon¨ªa fin a una triste anacron¨ªa. Ese d¨ªa observ¨¢bamos con alegr¨ªa c¨®mo se pon¨ªa fin al tiempo de levas o servicio militar obligatorio. Los ¨²ltimos soldados de reemplazo abandonaban sus cuarteles tras nueve meses de obligado encierro. Quienes les han precedido han padecido esa misma situaci¨®n durante un a?o, o a?o y medio en el caso de la Armada. Y no digamos tiempo atr¨¢s, cuando los reclutas dedicaban casi tres a?os de sus vidas al obligado mantenimiento del aparato y estructuras militares.
Pero la situaci¨®n presenta un evidente anacronismo. La mili deja de ser obligatoria y todav¨ªa se penaliza su rechazo u objeci¨®n con el cumplimiento de condena en prisi¨®n. Se trata de una callada injusticia, m¨¢xime cuando el supuesto infractor -el joven llamado obligatoriamente a empu?ar las armas- no ha causado da?o alguno a un semejante.
El movimiento de insumisi¨®n y objeci¨®n de conciencia constituye un valor de compromiso social contra la violencia. M¨¢xime en este tiempo en el que cada vez somos m¨¢s quienes en las sociedades democr¨¢ticas abogamos por la desaparici¨®n de los ej¨¦rcitos. Puede que haya casos que denigren este aut¨¦ntico valor social, pero lo cierto es que el planteamiento iniciado por nuestros j¨®venes en los a?os ochenta ha de marcar las pautas sociales del nuevo milenio.
Ahora que se asume que los ej¨¦rcitos son profesionales con todas las consecuencias, resultar¨ªa inaudito que las Audiencias dieran salida a los juicios pendientes que se cuantifican en m¨¢s de 4.700 casos. Desde mi absoluto respeto a la independencia judicial, considero que el poder pol¨ªtico, el Gobierno del Estado y el Parlamento del que surge, debe impulsar, sin tardanza alguna, una soluci¨®n debida para todos ellos. Si fuera preciso hacerlo a trav¨¦s de medidas legislativas, ¨¦stas tendr¨ªan que convertirse en prioridad para el Congreso de los Diputados.
De la misma forma debe revisarse la pena de inhabilitaci¨®n. El hecho de ampararse en que 'se cometi¨® un delito mientras exist¨ªa una obligaci¨®n' supondr¨ªa no reconocer que ha sido un logro social y democr¨¢tico alcanzar la situaci¨®n actual. No hay que olvidar los a?os perdidos por decenas de miles de j¨®venes en l¨²gubres e insidiosas tareas que poco ten¨ªan que ver con el servicio militar y s¨ª con un vergonzante mantenimiento de las castas en las que se apuntalaba el r¨¦gimen. Recordaremos los dolores, accidentes, muertes, penosas situaciones familiares, trabajos inalcanzados, empleo gratuito y todo tipo de humillaciones que, para buena parte de los soldados forzosos y de sus familias, ha supuesto el servicio militar.
Pero la larga y dura lecci¨®n ha servido para algo ya que se ha convertido en una conquista social. Las conquistas ciudadanas, a trav¨¦s de medios pac¨ªficos y democr¨¢ticos, deben verse pol¨ªticamente recompensadas. Es el modo de dar car¨¢cter pol¨ªtico a un compromiso moral.
Joseba Azkarraga (EA) es consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco.
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