Clandestinidad
El episcopado espa?ol ha decidido poner sitio al Estado de Derecho. Su empecinamiento, reflejado en los despidos de dos docentes de religi¨®n, es muestra de que ni casados por lo civil, ni militantes de IU tienen cabida en la ense?anza p¨²blica, si est¨¢ en sus manos. Es un posicionamiento, aunque no se quiera ver, que no es nada nuevo. Es a?ejo. De siempre, muchos de estos representantes se han movido m¨¢s c¨®modamente en pa¨ªses en los que el Estado de Derecho estaba ausente. El militarismo y la dictadura ocupaban su lugar. El gusto por estos sistemas les ha hecho vivir con y de ellos. De esta forma no ten¨ªan que esforzarse en lograr la fe. Bastaba que se ordenara y se ten¨ªa. Eran d¨ªas de domingo, y fiestas de guardar, obligatorios. Por lo que se ve, el tiempo no ha pasado. Pero como siempre ha sido as¨ª, no es de extra?ar.
Lo que s¨ª resulta llamativo es que jueces, fiscales, abogados del Estado y Gobierno acepten esta forma de actuar y la cobijen. Que no sean capaces de encontrar un resquicio interpretativo en las leyes que impida que militantes de IU y casados civilmente puedan trabajar en los colegios p¨²blicos sin tener que llevar su vida privada, o su militancia, en clandestinidad.
Esta situaci¨®n no parece que responda al sentido de Justicia en el concepto de Tom¨¢s de Aquino. Tampoco parece que deba encontrar amparo en un pacto, cuando el art¨ªculo 95 de la Constituci¨®n proh¨ªbe tratados que 'contengan estipulaciones contrarias a la Constituci¨®n', por mucha agua bendita que lleven.
Claro que, a lo mejor, tiene que ser as¨ª. A lo mejor no importan estas cosas de la Constituci¨®n, o s¨®lo importan dependiendo de quien se haga ciscos en ella. Si es de esta forma, puede que terminemos encontrando justificado que Arzallus exija que los obispos sean vascos, y del PNV. Esto, hoy. Ma?ana exigir¨¢ un pacto que autorice que la Constituci¨®n no se aplique en sus territorios. Se puede decir que si el gobierno eclesi¨¢stico puede elegir a sus militantes y sus normas, tambi¨¦n el Gobierno vasco puede elegir a sus obispos y sus normas. Todo muy legal. Sin embargo, por este camino no va a resultar extra?o que para muchos se imponga la clandestinidad, si quieren trabajar y vivir en un Estado de Derecho.
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