El gran cacerolazo contra los jueces
Los argentinos desatan su ira acumulada contra el m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs tras las ¨²ltimas restricciones a sus ahorros
'Tengo 93 a?os y he ejercido el derecho durante 60. Jam¨¢s hab¨ªa visto una Corte Suprema de Justicia tan dependiente del Gobierno como la actual'. La frase es de Segundo Linares Quintana, profesor em¨¦rito de las universidades de Buenos Aires y La Plata, dos canteras que han arrojado prestigiosos juristas argentinos y latinoamericanos durante el siglo XX. 'Temo que la actuaci¨®n de algunos de los miembros de la Corte desprestigie la instituci¨®n en estos tiempos de descontento contra todo', se lamenta Linares Quintana.
Los argentinos no creen desde hace tiempo en su sistema judicial, pero la p¨¦rdida definitiva de confianza en la Corte Suprema, la ¨²ltima instancia donde una persona puede ampararse frente a una violaci¨®n de sus derechos constitucionales, ha llevado a la poblaci¨®n a dirigir un cacerolazo contra el tribunal. A pesar de que la Corte ha ido acumulando descr¨¦dito desde hace 10 a?os, la decisi¨®n del Gobierno de dejar en manos de la Corte la legalidad del corralito financiero (inmovilizaci¨®n casi total de los dep¨®sitos bancarios) fue la gota que desbord¨® el vaso.
Los argentinos saben que a veces s¨®lo con la protesta han logrado que se haga justicia
Ante la gran sensaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica, los argentinos salieron a las calles para demandar la renuncia de los ministros de la Corte. La forma legal de excluir a los miembros del m¨¢ximo tribunal es a trav¨¦s de un juicio pol¨ªtico. Hay muchos pedidos, pero ninguno iniciado. Por ello, los argentinos deciden utilizar la protesta masiva. La movilizaci¨®n colectiva funcion¨® para el esclarecimiento de dos casos muy sonados: el caso Mar¨ªa Soledad y el del soldado Carrasco.
El 10 de septiembre de 1990, Mar¨ªa Soledad Morales, de 17 a?os, fue hallada muerta (hab¨ªa sido violada y torturada) al borde de una carretera en la norte?a provincia de Catamarca. Ante la sospechosa pasividad de los tribunales, las amigas de Mar¨ªa Soledad inauguraron una forma in¨¦dita para reclamar justicia: las marchas en silencio, que llegaron a reunir hasta 10.000 personas. La gente se movilizaba cada jueves. La presi¨®n popular forz¨® al ex presidente Menem a intervenir la provincia gobernada por el tambi¨¦n peronista y aliado Ram¨®n Saadi. La familia Saadi ocupaba entonces 17 cargos en los tres poderes provinciales. La sentencia del caso lleg¨® siete a?os despu¨¦s, y el principal acusado, condenado a 21 a?os de prisi¨®n, fue Guillermo Luque, hijo del ex diputado peronista ?ngel Luque. Los ex diputados Luis Saadi y Carlos Rosales Saadi (hermano y primo del ex gobernador) fueron procesados por falso testimonio. La investigaci¨®n de las denuncias de encubrimiento y obstrucci¨®n de la justicia no comenzaron hasta 2000.
El soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel de Zapala (Neuqu¨¦n) en marzo de 1994. La reacci¨®n popular logr¨® la condena de un oficial y dos soldados, y forz¨® la salida de varios altos cargos del Ej¨¦rcito en un caso en el que se detectaron procedimientos ilegales. El esc¨¢ndalo oblig¨® a Menem a poner fin a 93 a?os de servicio militar obligatorio en Argentina.
Los argentinos, a trav¨¦s de estos casos, aprendieron a que, sin protesta, no consegu¨ªan justicia. El cacerolazo contra la Corte responde a estas experiencias. Sobre las espaldas de la Corte Suprema de los ¨²ltimos 12 a?os (10 a?os de Menem y dos con De la R¨²a) pesan tres casos de gran impopularidad: el de Aerol¨ªneas Argentinas, el del plan bonex y el del tr¨¢fico ilegal de armas que involucr¨® a Menem.
La pol¨ªtica de privatizaciones que emprendi¨® el presidente Menem tuvo sus opositores. En la venta de Aerol¨ªneas Argentinas ¨¦stos interpusieron un recurso contra la operaci¨®n que un juez de primera instancia dio como v¨¢lido y suspendi¨® la venta. La Corte utiliz¨® entonces un recurso de extrema excepci¨®n llamado per saltum, para sortear todas las instancias judiciales y dar luz verde a la venta de la l¨ªnea a¨¦rea de bandera a Iberia. Una d¨¦cada despu¨¦s, la aerol¨ªnea entr¨® en suspensi¨®n de pagos y el desplome de la compa?¨ªa hizo girar todas las miradas de los argentinos hacia la Corte, a la que acusaron de haber amparado una mala y fraudulenta operaci¨®n.
Respecto al plan bonex (caso Peralta de diciembre de 1990), la Corte admiti¨® la validez de los decretos de necesidad y urgencia para que el Estado se apropiara de los dep¨®sitos y los canjease por bonos de deuda p¨²blica a largo plazo. Aquello se consider¨® una confiscaci¨®n de los ahorros de la gente y fue el caso que inmediatamente asalt¨® la mente de los argentinos cuando se estableci¨® el corralito financiero. El ministro de Econom¨ªa que anunci¨® el plan bonex fue Antonio Erman Gonz¨¢lez y el ide¨®logo, seg¨²n ex funcionarios del ministerio, Domingo Cavallo, que poco despu¨¦s reemplaz¨® a Gonz¨¢lez y que m¨¢s tarde ser¨ªa por segunda vez ministro de Econom¨ªa con De la R¨²a y creador del corralito.
Gonz¨¢lez, que tambi¨¦n fue ministro de Defensa, fue uno de los procesados por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, junto a Emir Yoma, ex cu?ado de Menem, y el propio ex presidente. La Corte liber¨® a los tres en noviembre del a?o pasado. 'En el caso de la venta ilegal de armas se busca la figura de la asociaci¨®n il¨ªcita, un delito que permite encarcelar a los procesados de forma inmediata y hasta que termine el juicio', explica el abogado y catedr¨¢tico constitucionalista Iv¨¢n Cullen. 'Lo que la Corte dice es que ¨¦sta no era la figura que correspond¨ªa aplicar y que los jueces no deben buscar una figura que conduzca a prisi¨®n al acusado, sino a la inversa, analizar la conducta, definir el delito y penalizar. Esto es lo correcto, pero el Gobierno de De la R¨²a prefiri¨® sacar un r¨¦dito pol¨ªtico y medi¨¢tico instant¨¢neo que hacer justicia', concluye Cullen.
A pesar de que Cullen dice esto, no deja de reconocer que dos miembros de los nueve de la Corte, Julio Nazareno y Adolfo V¨¢zquez, son amigos de Menem. El primero fue socio del bufete del hermano del ex presidente, Eduardo Menem, y el segundo reconoci¨® que estaba en la Corte gracias a Menem. Cullen y el tambi¨¦n catedr¨¢tico Carlos Colautti reconocen que ambos jueces 'debieron excusarse en el caso'. Pero no lo hicieron, por lo que a¨²n cuando la Corte pudo haber actuado bien, nunca qued¨® libre de las peores sospechas. 'Para la opini¨®n p¨²blica, ni la Corte como instituci¨®n fundamental del Estado de derecho ni sus miembros, desde los menemistas hasta los afines al Partido Radical como Bossert o Petracchi, gozan de prestigio', dice Cullen.
'Ni Nazareno ni V¨¢zquez tienen los antecedentes necesarios para integrar el m¨¢ximo tribunal, est¨¢n ah¨ª por ser menemistas', dice Colautti. 'El problema es que nunca un miembro de la Corte ha renunciado por falta de credibilidad, sino m¨¢s bien para unirse al Gobierno de turno, como Barra', a?ade. Rodolfo Barra dej¨® la Corte en 1993 para ser ministro de Justicia. Poco despu¨¦s renunci¨® porque la prensa descubri¨® que de joven hab¨ªa simpatizado con el nazismo. En ese momento, se investigaban los atentados contra la Embajada de Israel y la Mutua jud¨ªa en Buenos Aires. Recientemente, Barra y su esposa fueron abucheados por la gente en un centro comercial.
Ni Cullen ni Colautti creen que la Corte pueda legitimar el corralito en todos los casos que se presente contra ¨¦ste. 'La Corte estudiar¨¢ caso por caso y espero que en algunos d¨¦ la raz¨®n a la gente y no al Gobierno, porque si no, la gente se le echar¨¢ encima otra vez', dice Colautti. 'La justicia no s¨®lo debe ser, sino tambi¨¦n parecer. Ya es hora de que en Argentina respetemos la ley', concluye Cullen. La Corte ha dado pistas de que no legitimar¨¢ el corralito, pero los juristas no saben si porque es inconstitucional o por oponerse a Duhalde, enfrentado abiertamente a Menem.
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