La familia en Espa?a

Uno de los temas donde hay un contraste mayor entre el discurso dominante en la cultura pol¨ªtica del pa¨ªs y la realidad cotidiana de sus ciudadanos es el tratamiento de la familia, la cual es considerada en aquella cultura como el centro de nuestra sociedad, mientras que en la pr¨¢ctica la familia ha tenido hasta hace poco muy escasa atenci¨®n por parte de los partidos pol¨ªticos que han gobernado nuestro pa¨ªs. En realidad, las pol¨ªticas p¨²blicas de apoyo a las familias en Espa?a son de las m¨¢s insuficientes en Europa Occidental. Ello se debe, en gran parte, al enorme conservadurismo dominante en las culturas medi¨¢ticas y pol¨ªticas del pa¨ªs, en donde la defensa de la familia se ha identificado tradicionalmente con las fuerzas conservadoras que han enfatizado la centralidad de la familia, sin proveerla, sin embargo, de los servicios y ayudas p¨²blicas que facilitaran su desarrollo. Tales tradiciones pol¨ªticas conservadoras han considerado a la familia como una unidad en la que el hombre, a trav¨¦s de su salario o ingreso, es responsable de la viabilidad de la familia y la mujer es la responsable de su reproducci¨®n y cuidado de infantes, de j¨®venes y de ancianos. El Estado, en estas tradiciones pol¨ªticas, juega un papel m¨ªnimo. Por otra parte, las izquierdas en Espa?a han considerado hist¨®ricamente que el tema familia pertenec¨ªa al patrimonio ideol¨®gico de las derechas, reproduciendo as¨ª una actitud at¨ªpica dentro de las izquierdas del norte y centro de Europa, donde la socialdemocracia se ha caracterizado precisamente por ser la tradici¨®n pol¨ªtica que ha ofrecido mayor apoyo a las familias, provey¨¦ndolas de los servicios (tales como escuelas p¨²blicas de infancia para ni?os de 0 a 3 a?os y servicios domiciliarios de atenci¨®n a los ancianos y a las personas con discapacidades) que han permitido el desarrollo de cada uno de sus miembros, y muy en especial de la mujer, y ello como resultado del compromiso de la socialdemocracia con la igualdad entre los sexos, la cual requiere que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, incluyendo su derecho a integrarse en el mercado de trabajo para conseguir su propia autonom¨ªa, la cual exige a su vez el desarrollo de una infraestructura de servicios de apoyo a la familia que le permitan compaginar las responsabilidades familiares con sus aspiraciones profesionales.

El lector me permitir¨¢ que comparta una experiencia personal que ilustra el contraste entre las culturas socialdem¨®cratas laicas tradicionales del norte de Europa y la cultura conservadora de ra¨ªces cristianas de nuestro pa¨ªs. A ra¨ªz de tener que exiliarme de Espa?a en el a?o 1962 debido a mi participaci¨®n en la lucha antifranquista, viv¨ª en Suecia por unos a?os, donde encontr¨¦ a la persona que ha sido mi esposa durante 40 a?os. Mi esposa es sueca y mi suegra es tambi¨¦n sueca. Hace ocho a?os, esta ¨²ltima, de 84 a?os, se cay¨® y se rompi¨® el f¨¦mur (una situaci¨®n muy com¨²n entre ancianos). Casi la misma semana, mi madre, que viv¨ªa en Barcelona, se cay¨® y tambi¨¦n se rompi¨® el f¨¦mur. Tuve entonces la oportunidad de ver c¨®mo dos sociedades cuidaban a sus ancianos. En Suecia, mi suegra ten¨ªa el derecho, por ser ciudadana sueca (independientemente de su nivel de renta y de si ten¨ªa o no familiares en su casa), de ser atendida cinco veces al d¨ªa por los servicios de ayuda a la familia. Una visita por la ma?ana la despertaba, la lavaba, le preparaba y le daba el desayuno; otra al mediod¨ªa le preparaba la comida; otra por la tarde le tra¨ªa libros para que se distrajera; otra por la noche le hac¨ªa la cena y la pon¨ªa en la cama, y otra a las dos de la madrugada, ven¨ªa para llevarla al lavabo. Cenando con mi amigo el ministro de Salud y Asuntos Sociales de Suecia, ¨¦ste me dec¨ªa: 'Vicen?, Suecia provee estos servicios (en realidad, los gestionan los municipios) a tu suegra por tres razones: una es su enorme popularidad, otra es que es m¨¢s econ¨®mico tener a tu suegra en su casa que en una instituci¨®n, y tercero, creamos empleo' (en Suecia, el 18% de la poblaci¨®n adulta trabaja en los servicios del Estado de bienestar tales como sanidad, educaci¨®n y servicios de ayuda a la familia. En Espa?a s¨®lo un 5% trabaja en tales servicios). El contraste con la situaci¨®n en Espa?a era y contin¨²a siendo abrumador. ?Qui¨¦n cuidaba de mi madre? En nuestro pa¨ªs no hay servicios p¨²blicos de atenci¨®n a la familia comparables a los que recib¨ªa mi suegra. En Barcelona, para la minor¨ªa pudiente de la poblaci¨®n que puede pagarlos existen unos servicios domiciliarios privados muy caros, que consisten en que unas trabajadoras domiciliarias (en su mayor¨ªa inmigrantes ecuatorianas p¨¦simamente pagadas y sin formaci¨®n) guardan compa?¨ªa al anciano sin ofrecer ninguno de los servicios prove¨ªdos en Suecia. Los sectores muy necesitados de la poblaci¨®n pueden recibir unos servicios p¨²blicos que cubren a un porcentaje muy peque?o de la poblaci¨®n anciana (en Espa?a, el porcentaje es de 1,5%, mientras que en Suecia es de un 17%), con un promedio de horas de visita a la semana de s¨®lo tres horas, uno de los m¨¢s bajos de la UE. En realidad, no existen unos servicios domiciliarios comparables a los existentes en Suecia que ayuden a las familias. De ah¨ª que la que cuidaba a mi madre era primordialmente mi hermana, mostrando, una vez m¨¢s, que las mujeres espa?olas son las que cubren las enormes insuficiencias del Estado de bienestar espa?ol, cuidando a los infantes, a los j¨®venes (que viven con sus padres hasta que tienen 30 a?os como promedio), a los esposos y a las personas que tengan discapacidades y a los ancianos. Adem¨¢s, un 38% de ellas trabajan tambi¨¦n en el mercado de trabajo. Resultado de esta situaci¨®n es que las mujeres en Espa?a est¨¢n sobrecargadas, como lo demuestra que las mujeres de 35 a 55 a?os sean las que tienen m¨¢s enfermedades debidas al estr¨¦s en Espa?a (tres veces m¨¢s que el promedio espa?ol), que el 51% de las mujeres que cuidan personas dependientes manifiesten estar cansadas, que el 32% digan que est¨¢n deprimidas y que el 30% sienta que su salud se ha deteriorado. Es m¨¢s, un 64% de las mujeres cuidadoras de personas dependientes han tenido que reducir su tiempo de ocio; un 48% han dejado de ir de vacaciones y el 40% ha dejado de frecuentar amistades.

El coste de la falta de servicios de ayuda a la familia no es s¨®lo humano, sino tambi¨¦n social y econ¨®mico. Las hijas de las mujeres de mi generaci¨®n y sus nietas no har¨¢n lo que sus madres hicieron, y con raz¨®n. La mujer joven, como el chico joven, quiere tener su propio proyecto profesional. Y es ah¨ª donde Espa?a tiene un volc¨¢n que ya ha explotado sin que la estructura del poder se haya percibido todav¨ªa de ello. Espa?a, cuyo porcentaje de la poblaci¨®n dependiente y de ancianos va experimentando mayores tasas de crecimiento (de las mayores de la UE), tiene la fertilidad m¨¢s baja del mundo, y ello como resultado de que la mujer joven no tiene una infraestructura de servicios de apoyo que le permitan compaginar sus labores profesionales con sus responsabilidades familiares. Es tambi¨¦n la consecuencia de un mercado laboral deteriorado que no le ofrece trabajo estable a la mujer joven (el desempleo entre las mujeres de 20 a 29 a?os es del 38%), y de un mercado de alquiler de vivienda dif¨ªcil para la juventud.

La sobrecarga de la mujer y ausencia de servicios de ayuda a la familia tienen tambi¨¦n grandes costes econ¨®micos. En parte, la pobreza relativa de Espa?a (frente al promedio de la UE) se basa en que tenemos en nuestro pa¨ªs un porcentaje (52%) menor de adultos que trabajan que en la UE (68%). Y ello se debe al bajo porcentaje de mujeres integradas en el mercado de trabajo (38%). Si en Espa?a tuvi¨¦ramos el mismo porcentaje de mujeres trabajando que en la UE (58%), habr¨ªa tres millones de trabajadores m¨¢s. En contra de lo que se dice con excesiva frecuencia, en Espa?a no faltan trabajadores, sino puestos de trabajo dignos y remunerados. En realidad, cuando se dice que faltan 100.000 inmigrantes al a?o se est¨¢ diciendo que faltan 100.000 trabajadores que acepten salarios bajos. El trabajo de servicios domiciliarios, que lo realiza en la empresa privada una trabajadora ecuatoriana mal pagada y sin ninguna formaci¨®n en Barcelona, lo hace en Suecia y Finlandia una profesional formada y financiada p¨²blicamente. El establecimiento de unos servicios como los de estos pa¨ªses crear¨ªa alrededor de 340.000 puestos de trabajo dignos y propiamente remunerados, que facilitar¨ªa a su vez la integraci¨®n de la mujer en el mercado de trabajo, aumentando el porcentaje de la poblaci¨®n que trabaja y crea riqueza. Ello exigir¨ªa a su vez un aumento considerable del salario m¨ªnimo, el m¨¢s bajo de la UE (la mayor¨ªa de madres que viven solas y trabajan a tiempo completo viven en la pobreza debido al salario tan bajo que reciben).

El establecimiento de tales servicios de ayuda a la familia requiere cambios en las prioridades del gasto p¨²blico, as¨ª como una expansi¨®n considerable de tal gasto que ninguno de los dos partidos mayoritarios est¨¢ proponiendo hoy en Espa?a. Y es ah¨ª donde la gran moderaci¨®n y conservadurismo de la cultura pol¨ªtica del pa¨ªs es el obst¨¢culo mayor. Hay muchos ejemplos de esta excesiva moderaci¨®n. Uno de ellos es la situaci¨®n en el sector sanitario (cuyo gasto p¨²blico es del 5,8% del PIB, uno de los m¨¢s bajos de la UE), en el que el 20% de tal gasto se realiza en farmacia (uno de los porcentajes m¨¢s altos de la UE) y ello debido al enorme poder de la industria farmac¨¦utica (una de las industrias que tienen mayores tasas de beneficios), que se opone a la introducci¨®n de productos gen¨¦ricos (productos m¨¢s baratos y de igual potencia biol¨®gica), siendo ¨¦stos s¨®lo el 5% de todo el gasto farmac¨¦utico (uno de los porcentajes m¨¢s bajos de la UE). Si en lugar de tal porcentaje fuera un porcentaje mayor, alcanzando la mayor¨ªa del gasto farmac¨¦utico p¨²blico, podr¨ªamos liberar los fondos necesarios para proveer servicios domiciliarios a las familias en Espa?a. En realidad, hice tal propuesta al PSOE cuando asesor¨¦ al candidato Josep Borrell en su campa?a electoral, el cual acept¨® mi sugerencia de incluir en su programa electoral el compromiso de establecer como derecho de ciudadan¨ªa (tal como lo es hoy el acceso a la sanidad y a la educaci¨®n) el acceso de los miembros de las familias espa?olas a los servicios de ayuda a las familias tales como escuelas de infancia (de 0 a 3 a?os) y a los servicios domiciliarios, compromisos que requer¨ªan un cambio significativo en las prioridades del gasto p¨²blico, as¨ª como una expansi¨®n del gasto social, que ha ido disminuyendo en Espa?a desde el 24% del PIB en 1994 al 20% en el a?o 2000. Cuando Borrell dimiti¨® y renunci¨®, Almunia (que consideraba a Borrell de ser excesivamente de izquierdas) me sorprendi¨® agradablemente al hacer suyo el establecimiento de tal derecho, aunque, m¨¢s tarde en la campa?a electoral, al comprometerse a no revertir las reformas fiscales regresivas del Gobierno conservador, redujo enormemente las posibilidades de llevar a cabo tal derecho. Hoy, ning¨²n partido pol¨ªtico mayoritario se ha comprometido con el aumento significativo del gasto p¨²blico que el desarrollo de tal derecho exigir¨ªa. Es m¨¢s, la gran escasez del gasto p¨²blico y social ha estimulado un debate preocupante que propone disminuir los recursos a los ancianos y pensionistas (recomendando incluso el retraso de la edad de jubilaci¨®n a los 70 a?os) para canalizarlos hacia j¨®venes e infantes, asumiendo que nuestro Estado de bienestar es excesivamente generoso con los ancianos y demasiado austero con los infantes y j¨®venes, ignorando que si bien es cierto lo segundo -el gasto p¨²blico por infante y joven en Espa?a es de los m¨¢s bajos de la UE-, no lo es lo primero: las pensiones son de las m¨¢s bajas de la UE y los servicios de apoyo a ancianos y a personas discapacitadas son tambi¨¦n los menos desarrollados de la UE. El debate no debiera ser, por lo tanto, sobre si el pa¨ªs debiera gastarse m¨¢s en j¨®venes y menos en ancianos, sino sobre si los fondos p¨²blicos debieran gastarse en el poco desarrollado Estado de bienestar o en pol¨ªticas de subsidios a grupos econ¨®micos poderosos y pol¨ªticas fiscales regresivas que benefician a los sectores m¨¢s pudientes de nuestra poblaci¨®n.

Vicen? Navarro es catedr¨¢tico de Pol¨ªticas P¨²blicas, Universitat Pompeu Fabra.