La fiscal¨ªa investiga las denuncias de violencia en centros de menores

La Fiscal¨ªa de Menores investiga la denuncia presentada por 330 educadores de 24 residencias para menores sin hogar por los graves problemas de violencia que viven estos centros. Los trabajadores se quejan de que 'las agresiones a educadores y a otros ni?os son habituales' y lo atribuyen a que la Comunidad no presta la atenci¨®n adecuada a los chicos que, por sus trastornos mentales o de conducta, son conflictivos.

El fiscal de Menores, Justino Zapatero; la directora del Instituto Madrile?o del Menor y la Familia (IMMF), Esperanza Garc¨ªa, de la Comunidad, y el Defensor del Menor, Pedro N¨²?ez Morgades, se re¨²nen hoy para tratar el problema planteado en las denuncias. Fuentes de la fiscal¨ªa afirman que, igual que los educadores, llevan tiempo reclamando al IMMF la apertura de centros especializados en menores con graves enfermedades mentales o con lo que, en los manuales de psicolog¨ªa, se conoce como trastornos de conducta (comportamientos de gran agresividad). El fiscal recibir¨¢ tambi¨¦n en estos d¨ªas a algunos de los denunciantes.

Los educadores se quejan de que en las residencias 'se junta a grupos de chicos muy diversos que requieren tratamientos educativos diferentes'. En ellas viven 900 menores de 18 a?os que, por sus problemas familiares (toxicoman¨ªas, locura o prisi¨®n de los padres, pobreza, malos tratos...), est¨¢n tutelados por el IMMF, de la Comunidad. 'Hay inmigrantes que llegan a Madrid a buscarse la vida; muchachos con graves problemas mentales o de conducta; discapacitados ps¨ªquicos y j¨®venes indaptados de clase media. Estos diferentes perfiles de poblaci¨®n producen una conducta antisocial, con robos, agresiones, consumo de drogas, abusos sexuales e incumplimiento de las normas de convivencia', a?aden.

Hasta marzo de 2001, la Comunidad ten¨ªa 36 plazas para menores con trastornos de conducta en tres centros regentados por la Fundaci¨®n Diagrama. Pero tuvo que cerrarlas por consejo de la fiscal¨ªa tras una denuncia de presuntos malos tratos en uno de los centros (el de Guadarrama).

Tanto la fiscal¨ªa como el Defensor del Menor critican que tras el cierre de los centros de Diagrama no se hayan abierto otros en condiciones. Pero la directora del IMMF, Esperanza Garc¨ªa, se niega a poner en marcha ninguno m¨¢s 'hasta que tengan una regulaci¨®n'.

Garc¨ªa a?ade que todas las comunidades aut¨®nomas han elaborado un borrador de real decreto 'de intervenci¨®n con menores con dificultades de conducta en centros de protecci¨®n'. Dicho borrador, de junio de 2001, y a¨²n sin aprobar, permite el registro, incluso con desnudo integral, de internos de las residencias 'si existe la sospecha fundada de que poseen objetos o sustancias peligrosas'. Tambi¨¦n autoriza el aislamiento 'por un m¨¢ximo de 12 horas, con supervisi¨®n de un educador y en un espacio dise?ado a tal fin' de chavales con crisis de agresividad que pongan en peligro su integridad o la de otras personas as¨ª como la 'sujeci¨®n del joven sin recurrir a la ayuda de objeto alguno (esposas o cintas)'.

La fiscal¨ªa no est¨¢ de acuerdo en que sea necesario un desarrollo legal de los centros para menores con trastornos de conducta: 'La Ley de Protecci¨®n de la Infancia de 1996 ya da un marco de actuaci¨®n muy amplio'. 'Hablamos de un problema educativo, no de una patolog¨ªa, por tanto el tratamiento debe ser educativo. Parece que s¨®lo sabemos solucionar los problemas de agresividad de los chicos reclamando m¨¢s medidas de contenci¨®n cuando siempre ha habido buenos educadores con autoridad sobre los chavales que les convenc¨ªan sin medidas de fuerza', afirma el ministerio p¨²blico. 'Es necesario abrir m¨¢s centros de este tipo, pero de gesti¨®n p¨²blica, no privada, y con profesionales experimentados y proyectos educativos s¨®lidos. Lo que ocurre es que eso sale caro', concluye la fiscal¨ªa.